El PP acusa a Cogersa de «estar haciendo negocio usando a los ayuntamientos»

Estación de transferencia de Ribadesella donde la basura se compacta para su traslado a Serín. / N. ACEBAL
Estación de transferencia de Ribadesella donde la basura se compacta para su traslado a Serín. / N. ACEBAL

Cree que les factura de 109 a 180 euros por los puntos limpios «cuando no le cuesta más de 82; ya está bien de usar a los consistorios», dice Venta

R. MUÑIZ GIJÓN.

El PP sigue escrutando la situación del Consorcio de gestión de residuos (Cogersa). El viernes cuestionó la inclusión, en el borrador de presupuestos de 2018, del primer millón de los 32 que costaría levantar una planta de basura bruta. La planta «es un despilfarro y dudamos de su legalidad», señaló el diputado popular Luis Venta, quien recordó que en 2013 un pronunciamiento de los municipios se opuso a esa inversión.

El motivo es que recupera como mucho un 7% de todo el desperdicio que procesa y, según los cálculos hechos por Pwc para Cogersa, su materialización obligaba a incrementar la tarifa que pagan los consistorios en unos quince euros por tonelada. El viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, salió al paso asegurando que la inversión se aprobaría con consenso, pero que la planta de basura bruta vendría a ser una exigencia marcada por el plan de residuos nacional.

Profundizando en las tarifas propuestas para el próximo curso, Venta extrae otro reproche. Existe una subida generalizada de entre el 1,9% y el 2,02% que se aplica a la mayoría de precios, pero su atención se centra en las denominadas como estaciones de trasferencia, donde cree que «están haciendo negocio usando a los ayuntamientos».

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Las estaciones de transferencia son puntos intermedios de la cadena, entre los núcleos urbanos y las instalaciones que Cogersa tiene en Serín. Los camiones que recogen la basura por las calles dejan la carga en las estaciones de trasferencia, donde el material es compactado, antes de que nuevos vehículos trasladen el desperdicio a Serín. Además de mejorar la logística, en estas instalaciones se ubican puntos limpios para que los ciudadanos hagan uso de ellos.

Hay una primera asimetría en este capítulo. En Oviedo, por ejemplo, de la recogida de los desperdicios que dejan los ciudadanos en los cubos de la calle se encarga FCC, quien lleva las bolsas a la estación de transferencia. Por cada tonelada que entra en dicho apartadero, Cogersa factura este año 20,08 euros por tonelada recepcionada, y otros 12,78 por su transporte posterior a Serín. Por este último servicio, consistorios como Coaña, Mieres, Belmonte, Proaza, Ribadesella y Cangas del Narcea deben abonar un 50%. El origen de esa penalización estriba en que están más lejos del destino final de los residuos, esto es, Serín. Cogersa repercute ese superior consumo de combustible. Podría aplicar una política que equilibrara sus precios, para que todos pagaran igual por el mismo servicio, pero tradicionalmente Oviedo ha hecho valer su peso poblacional para oponerse a ello y obtener, de esta manera, la mejor tarifa.

La recriminación del PP pone el foco en otra cuestión. Los populares calculan que cada camión que sale de las estaciones de transferencia con la basura compactada hacia Serín lleva al menos quince toneladas. Por ese transporte los ayuntamientos habrían pagado «entre 109 y 180 euros, cuando en realidad a Cogersa ese porte no le cuesta más de 82 euros», calcula el diputado del PP.

Ejemplo ovetense

Los populares observan diferencias parecidas en otros movimientos de las estaciones de trasferencia. Oviedo, por ejemplo, abona a Cogersa 146,59 euros por cada contenedor que se lleva del punto limpio, y que han llenado los ciudadanos con madera y otros enseres. El consorcio tiene a su vez subcontratado el transporte desde esa mercancía a la empresa Coverde, a quien por ese flete le pagaba 65 euros en 2014.

«Es una vergüenza que a costa de los demás Cogersa haga negocio con la recogida de los puntos limpios», reprocha Venta. La tesis que siempre defienden tanto el consorcio como el Principado es justo la contraria, que la entidad aprieta los precios a las empresas privadas para minorar las tarifas al resto de las administraciones, y que cobrar por encima del coste de gestión es una irregularidad que permanentemente se ha evitado.

En el borrador de presupuestos de 2018, Venta cuestiona también la consignación de alrededor de 300.000 euros para mejorar la planta en la que Cogersa recicla los residuos de obra y demolición. «Con la cantidad y volumen que recibe, no se justifica semejante desembolso», indica el diputado del PP. El portavoz en asuntos medioambientales relaciona la modernización con la autorización dada en los últimos meses por el Principado a dos instalaciones privadas que se dedicarán a hacer lo mismo, y observa que las tarifas en esta cuestión no están fijadas, dejando al gerente de Cogersa que las modifique para lograr cada encargo. «Les está haciendo competencia desleal, a empresas que crean empleo. La gestión de los residuos viene estando secuestrada por la voluntad de que prevalezcan los intereses de Cogersa a los de los asturianos», mantiene.

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