Las acusaciones valoran no pedir que los condenados del 'caso Renedo' entren en prisión

Alfonso Carlos Sánchez, los abogados Javier Díaz Dapena y José Carlos García y Marta Renedo.
Alfonso Carlos Sánchez, los abogados Javier Díaz Dapena y José Carlos García y Marta Renedo. / ÁLEX PIÑA

El anuncio de recursos, la tardanza de la sentencia, la edad y la quiebra de las empresas hacen que, salvo para Renedo y Sánchez, las opciones de cárcel sean mínimas

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

La Audiencia Provincial notificará esta mañana a partir de las diez y media la sentencia del 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción que llega a juicio en Asturias. La resolución, que tiene una extensión cercana a los mil folios, se produce siete años y medio después de que se cursara la denuncia que puso a la Policía a investigar a la funcionaria Marta Renedo. Los agentes fueron recopilando indicios según los cuales Renedo desviaba dinero público a una empresa de su propiedad sin que saltaran las alarmas en el Principado. Sus movimientos permitieron llegar hasta Igrafo y APSA, empresas dedicadas al suministro de material de oficina y que desde la Consejería de Educación que entonces dirigía José Luis Iglesias Riopedre recibían encargos que se pagaban sin necesidad de ejecutarlos en su integridad.

Trece personas terminaron en el banquillo de los acusados, se exponen sobre el papel a importantes penas de prisión, pero las opciones de que ingresen en la penitenciaria son escasas, salvo en lo tocante a Marta Renedo, el exempresario Alfonso Carlos Sánchez y quizás María Jesús Otero. La negativa del Principado a cerrar un acuerdo con los acusados también ha terminado perjudicando las opciones de recuperar los fondos. Aunque esperada, la sentencia pone un punto y aparte a unos hechos ocurridos hasta el verano de 2010, pero no escribirá la última línea de esta historia. Varias son las claves para analizar la sentencia que hoy se conocerá.

Los acusados

Existen tres categorías de acusados. Por un lado están los protagonistas principales. Ahí se encuentra el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, de 77 años, jubilado y al que le acompaña su número 2, María Jesús Otero, de 73 años y para la que la fiscal pidió la pena más dura: once años y medio por el amaño de contratos en Educación y cobro de supuestas comisiones. La funcionaria Marta Renedo, de 52 años y hoy abogada, está en el grupo junto a los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, de Igrafo y APSA, sociedades hoy quebradas.

En un escalón posterior quedan Maximino Fernández y Antonio Azorín, empresarios en activo a los que los escritos de acusación sitúan como colaboradores del núcleo duro de la trama en algunas operaciones muy concretas. El banquillo incluyó también a seis secundarios: Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa (empleados del Ayuntamiento de Oviedo), Francisco Javier Juárez (del de Mieres), Braulio Iglesias (del de Avilés) y José Manuel Blanco (de la Escuela de Ingeniería). Su implicación deriva de ser trabajadores públicos a los que se atribuye cierta capacidad para contratar con las empresas y que habrían recibido de estas algún tipo de favor, regalo o atención. Todos lo niegan. Las pruebas contra ellos son ciertamente las más débiles, tanto que al final solo la acusación popular ejercida por Podemos mantuvo hasta el final los cargos que se les imputan.

Hay dos protagonistas que, sin estar imputados, pueden acabar condenados a poner parte de su dinero. Uno es el hijo del exconsejero, Ernesto Iglesias, de quien se considera que se benefició del trato de favor por parte de Igrafo y APSA. El otro es el propio Principado, que figura como responsable civil subsidiario de Marta Renedo. Eso supone que si la funcionaria es condenada a indemnizar a las dos víctimas a las que supuestamente perjudicó suplantando sus identidades, las afectadas cobrarán sí o sí. Si Renedo no es capaz de abonar la compensación, lo hará el Principado, como responsable de los actos de su funcionaria.

La cárcel, poco probable

Siguiendo lo que piden las acusaciones, hay en juego penas muy duras de cárcel. La fiscal por ejemplo propuso once años y medio de prisión para Otero, diez y medio para Riopedre, diez para Renedo y nueve para Muñiz y Sánchez. El resto de acusaciones se acomodaron a ese criterio, salvo Podemos, que mantuvo peticiones todavía superiores. En realidad las opciones de ingreso efectivo en prisión son reducidas y dependen, en buena medida, de la formación morada.

Los procesados ya han anunciado su intención de recurrir el fallo, primero ante el Tribunal Supremo, luego ante el Constitucional. Iglesias Riopedre tiene dicho que está dispuesto a pelear su inocencia hasta Estrasburgo. El fallo, por tanto, no será firme, no pondrá el punto final, argumento que pesa a favor de no imponer por ahora la privación de libertad. En este contexto, la Audiencia solo puede acordar el ingreso en prisión si alguna acusación lo pide con argumentos que le convenzan. Si nadie interesa el encierro, los jueces no tienen capacidad para ordenarlo.

La Audiencia ha fijado para hoy la notificación de la sentencia, pero no ha convocado una vista para que las acusaciones le verbalicen si pedirán este tipo de medida cautelar. Esa falta de fecha resulta significativa para el resto de partes. En crímenes de gravedad los magistrados se cuidan de leer su veredicto y forzar a las acusaciones a tomar partido de inmediato. Aquí todo indica que la vista para la adopción de medidas no se convocará salvo que alguna acusación lo pida.

¿Y qué piensan las acusaciones? Los abogados del Partido Progresista de Belmonte y Avall rechazan pedir ingreso en prisión sin sentencia firme. El Principado viene haciendo suyo el criterio de la Fiscalía, y en el Ministerio Público no hay decisión cerrada al respecto, pero el sentir es favorable también a esperar a que se resuelvan los recursos. Los hechos que se han enjuiciado son anteriores al verano de 2010, las empresas están quebradas y de los cinco principales protagonistas, tres son jubilados. El riesgo de reiteración delictiva o fuga resulta así mínimo o inexistente. Podemos puede forzar la celebración de la vista, pero deberá poner sobre la mesa de los jueces argumentos capaces de doblegar esa posición.

Distinta es la situación de Marta Renedo y Alfonso Carlos Sánchez. La primera tiene también a una acusación particular en su contra, la de los deudos de Severina B., una de las personas cuya identidad habría suplantado la funcionaria. Y Alfonso cuenta con una condena ya en firme para ingresar en prisión por el fraude fiscal cometido por APSA. Son circunstancias que juegan en su contra. La suerte de Otero dependerá de si la Audiencia, como la fiscal, ve en ella a la máxima responsable y le impone una condena difícil de soslayar.

Recuperar el dinero

Es quizás el asunto más conflictivo, de los que más interés despiertan en el ciudadano y de los que más debate habrá exigido a los tres magistrados. Existe un problema de raíz. A pesar del tiempo transcurrido, no se sabe a ciencia cierta cuál puede haber sido el dinero supuestamente defraudado en la Consejería de Educación. El Principado se preocupó desde el primer momento en hacer hasta dos informes periciales sobre el quebranto causado por Marta Renedo, pero con la parte que afectaba al exconsejero dejó correr el tiempo. Al juez instructor con lograr pruebas de fraude en seis colegios le bastó para dar por probado el 'modus operandi' y dejó sin indagar el resto de centros.

Antes del juicio, los acusados mantuvieron conversaciones con Fiscalía, acusaciones y Principado para llegar a un acuerdo de conformidad. Ponían dinero sobre la mesa, bienes que están a su nombre y al de otros socios y familiares. Por las buenas, se podía llegar a esos pisos y fondos. El Principado rechazó las propuestas y quiso ir a juicio. Ahora, por las malas, la Justicia solo podrá incautarse de las posesiones que estén a nombre de los condenados.

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