Las agresiones sexuales a menores en Asturias se duplican en un año con más de 30 casos

Francisco del Busto, Guillermo Martínez y Almudena Cueto, en la Junta. / HUGO ÁLVAREZ
Francisco del Busto, Guillermo Martínez y Almudena Cueto, en la Junta. / HUGO ÁLVAREZ

Entidades especializadas urgen medidas concretas en las zonas de ocio y los grupos de la oposición en la Junta, «mejoras» en el II Plan de Igualdad

CHELO TUYA GIJÓN.

«En 2016, en Cavasym atendimos a 13 adolescentes, 11 de las cuales fueron objeto de agresión sexual por parte de familiares o amigos. En solo ocho meses de 2017, hasta agosto, tenemos 31 casos. De los que 19 fueron en zonas de ocio. Es necesario un plan específico en esas zonas de ocio y, sobre todo, un análisis de lo que está ocurriendo con los jóvenes, el consumo de drogas y alcohol y la igualdad». Mariti Pereira es la fundadora del Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym), el único dispositivo de esas características abierto en Asturias.

Pereira también fue ayer una de las voces críticas con el II Plan de Igualdad del Principado (2016-2019) que estos días se debate en la Junta General. Con un año de retraso, como recordó la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana cerró ayer dos jornadas de comparecencias en las que expertos en igualdad, atención a víctimas de violencia, sindicatos y empresarios aportaron sus propuestas al nuevo plan.

Una iniciativa que tiene un soporte económico de más de 40 millones de euros para desarrollar 240 propuestas orientadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en Asturias. Según explicó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, de las 240 medidas «el 67% se han puesto en marcha ya». Martínez aprovechó para decir que el retraso de un año en el debate del plan «no es debido al Gobierno o, al menos, no tenemos toda la culpa». Recordó que el plan «fue aprobado por el Gobierno en octubre de hace un año».

En ese marco, expertos como la fundadora de Cavasym, la portavoz de Médicos del Mundo, la de Carla Vive y la de Amaranta, entre otras, ofrecieron sus puntos de vista respecto al documento y señalaron las mejoras posibles. En opinión de Pereira, si ahora hay más casos de agresiones a jóvenes o, realmente, lo que hay son más denuncias es «la pregunta del millón». «Por un lado, creo que hay más denuncias, gracias a las campañas de concienciación, pero también hay más casos. Hay una nueva violencia y es necesario un plan específico para abordar los problemas en las zonas de ocio juvenil», insistió.

«Porque la violencia entre jóvenes va en aumento. Es sangrante», apoyó la portavoz de Carla Vive. Paz Rodríguez, que gestiona esta asociación que ofrece viviendas y ayudas a las víctimas de maltrato, puso el acento en los fallos no tanto del plan como del sistema judicial: «En Gijón, la ciudad más poblada, solo hay un juzgado especial de violencia. Está saturado. Además de mal ubicado, ya que se encuentra en un pasillo junto a otros, donde la víctima resulta muy visible».

Asimismo, lamentó que los llamados 'juicios rápidos' lo sean solo «porque se celebran antes de 48 horas». «Hasta ahí llegó la rapidez. La víctima entra en el juzgado a las nueve de la mañana y no sale hasta las tres de la tarde», lamentó Rodríguez.

Por otras víctimas «invisibles para el sistema» alzaron la voz Josefina Barandiarán y Clara Corvera. Las portavoces de Médicos del Mundo y Amaranta, respectivamente, lamentaron que el plan no incluya como víctimas de violencia de género «a las mujeres obligadas a prostituirse o víctimas de la trata». Explicaron que, en muchos casos, «son inmigrantes, en situación irregular, que no tienen acceso a ayudas ni asistencia».

«Más que útero y mamas»

Sobre la cobertura médica también aportó sus peros la doctora Carmen Mosquera, especialista en Salud Pública. Aportó datos sobre la falta de campañas para evitar los embarazos no deseados y lamentó que «la sanidad siga ofreciendo un tratamiento paternalista a la mujer. Somos algo más que útero y mamas», reivindicó. A las críticas se sumó Xega. La entidad que defiende los derechos de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales lamentó que «de nuevo no hemos sido tenidos en cuenta para la elaboración de este plan».

Brecha salarial

Tras los portavoces de las entidades sociales pasaron por la Junta los consejeros de Sanidad, Educación y Empleo. A este último, Isaac Pola, la portavoz de Podemos, Lorena Gil, le reprochó que no existan medidas para acabar con la brecha salarial. «Están recogidas en el plan de concertación», le contestó Pola. «No es suficiente», replicó la diputada.

En la misma línea se manifestó Pedro Leal. Para el portavoz de Foro, el plan «es solo una declaración de intenciones», frase que también utilizó la diputada de IU Concha Masa. Sobre todo, dijo Leal, en una región «que tiene la segunda brecha salarial más alta de España». Y mientras desde el PP Fe Gómez reclama controlar «el grado de cumplimiento», para Carmen Eva Pérez, del PSOE, el plan surge porque «por desgracia, nacer mujer es un riesgo».

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