Los agujeros negros del 'caso Renedo'

Ana López Pandiella fue la primera instructora del caso. / TANIA JUAN

Las dimisiones y destituciones cortocircuitaron una investigación que dejó pistas sin seguir | La sentencia reconoce que Igrafo tenía una contabilidad B en la que junto a los condenados había otros nombres de altos cargos y funcionarios

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

Para dictar la sentencia que cierra el 'caso Renedo', los magistrados de la Audiencia Provincial recuerdan en ella que tuvieron que pasar cuatro meses de juicio, transcribir 90 horas de sesiones, revisar los 44.150 folios del sumario y «otros 200.000 de documentos escaneados, decenas de CDs, lápices de memoria con informes, contabilidades, grabaciones telefónicas», etcétera. Esa marea deja ocho condenados que suman penas de 40 años y tres meses, y multas por encima de los 6,7 millones. No es poco para una investigación cortocircuitada pronto.

El Grupo de Delincuencia Económica empezó a pinchar el teléfono de Marta Renedo el 11 de febrero de 2010. Consideraba que la funcionaria era una pieza de un entramado más amplio. Convencieron a la magistrada-juez Ana López Pandiella para que permitiera la escucha explicando que urgía aclarar qué apoyos tenía en la consejería. Ocho días después aquella jefa de servicio era destituida, lo que impidió a los agentes profundizar en cómo era su día a día dentro de la administración.

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El segundo cortafuegos lo produjo un soplo bien documentado. El 28 de mayo del mismo año los agentes empezaron a grabar las charlas de María Jesús Otero, también para identificar sus amaños y relaciones. El 1 de julio una empleada de Cajastur ya la estaba llamando para desvelarle que la Policía había pedido copia de los movimientos de todas sus cuentas. «Yo no quiero meter al Principado en un baile por problemas anteriores», reaccionó ella. «Lo hablo con José Luis y pido la jubilación», resolvió. Días después, el consejero, su hijo, ella y el empresario Víctor Muñiz dejan de hablar por teléfono de lo que hasta entonces más les ocupaba: impulsar contratos en los colegios públicos.

La sentencia recoge que Renedo llevaba siete años delinquiendo, y de ese tiempo, los agentes solo pudieron escuchar cómo se movía en la oficina ocho días. En el caso de Otero, hay ingresos en sus cuentas por parte de Igrafo y APSA desde finales de los años 90, y apenas se la pudo investigar con sigilo un mes. El margen que tuvieron los agentes para vigilar a las protagonistas de la trama fue reducido. Es una limitación de partida, pero no la única.

Por despiste, desinterés o falta de impulso, la investigación recopiló indicios que quedaron al margen. Agujeros en la historia aún sin aclarar, al menos ante la Audiencia Provincial.

Identidades sin desvelar

Ocurre con 'Pedrón'. ¿Quién era? Al teléfono el marido de Renedo habló de esta persona como alguien que tiene contacto con la consejera de Cultura, departamento que tras la destitución de Renedo revisó sus expedientes. «Descubrieron que hay mucho tinglado de mucha gente y va a quedar muy tapadito», refiere. Por más que lo buscaron, los agentes no supieron identificar el tal 'Pedrón'.

Efectivamente, cuando Renedo salió de aquella consejería para incorporarse a Administraciones Públicas dejó tras de sí cabos sueltos. Obras sin pagar, y dinero entregado anticipadamente a determinadas sociedades. Hay correos electrónicos de Igrafo reclamándole solución a la funcionaria que ha sustituido a Renedo. En el juicio, la empleada pública indicó que tuvo reuniones con la empresa para gestionar esos asuntos, todo ello por orden de sus superiores.

Por cierto que poco antes de iniciarse el juicio, las defensas volvieron a reclamar al Principado que presentara el expediente de la reforma realizada en la biblioteca Ramón Pérez de Ayala, más conocida como la del Fontán. La administración replicó que los papeles no se habían encontrado en los archivos de Cultura. El dato parecía avalar la explicación de Renedo y el empresario Víctor Muñiz, según la cual parte de aquello lo cobró pasando una factura de 198.003,38 euros a cuenta de un supuesto mobiliario en el inexistente centro de Belén de la Montaña. La sentencia pasa de puntillas sobre la ausencia del expediente pero afirma que la tesis de los acusados «no se sostiene». Si aquella factura y otra más se usaron en saldar la obra de Oviedo «necesariamente habrían de ir orientadas a sufragar sobrecostes».

Basan el criterio en los papeles localizados en la sede de Igrafo, donde se observa cómo parece que Muñiz sacaba un beneficio del 50% en algunas operaciones. También cómo aparta el 8% de determinadas obras que le encarga Educación para usar esos fondos luego en auxiliar a la sociedad del hijo del consejero.

Mecánica probada

En la documentación los magistrados identificaron una «contabilidad extraoficial». Dan por probado que María Jesús Otero y Renedo impulsaban contratos para Igrafo que éste se cobraba sin hacer nada. El dinero lo dejaba apuntado en cuentas internas a nombre de la funcionaria y el alto cargo, cada una con su código particular, y lo gastaba en agasajarlas. Esa mecánica que da por probada deja una incógnita. En esa contabilidad B hay decenas de otros nombres que no fueron investigados.

Durante el registro a las oficinas apareció otro extraño documento. Igrafo guardaba las páginas pares de un contrato entre Muñiz, y el entonces presidente del PP, Ovidio Sánchez. De ellas se deduce que el político reconocía una deuda con la mercantil. Es usual que en ocasiones las partes dividan un documento, quedándose cada uno con su mitad, como garantía a usar si las cosas se tuercen.

La propia sentencia detecta nuevos agujeros negros. Habla así de un pago de unos 220.000 euros entre Renedo y un empresario que no logra explicar, no descarta que la funcionaria tuviera ayuda de otros, ve indicios de fraccionamiento que se quedaron sin investigar, y tarjetas-regalo de APSA que habrían llegado a manos de empleados públicos a los que no termina de identificar. A la lista de incógnitas cabría añadirle por qué el Principado tardó cuatro años en hacer un balance de daños en Educación. La pesquisa la practicó con facturas de 2009 y la primera mitad de 2010, encontrando en ese periodo indicios de fraude por valor de cuatro millones. El informe ha motivado otra investigación judicial que quizás despeje el último interrogante: ¿qué pasó el resto de los años?

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