Los alumnos deberán reparar los daños intencionados que causen en el centro

Los alumnos deberán reparar los daños intencionados que causen en el centro
Un menor pega a otro en un aula en Madrid. / EFE

El decreto de deberes del estudiante prohíbe por primera vez agredir a los profesores y realizar grabaciones sin permiso

Elena Rodríguez
ELENA RODRÍGUEZGijón

La norma anterior era de 2007. Desde entonces la situación no es la misma en las aulas asturianas. A las clases han llegado las nuevas tecnologías y, con ellas, también el ciberacoso. La convivencia, en ocasiones, ha ido a peor. Por eso, la Consejería de Educación ha elaborado un decreto de derechos y deberes del alumnado con el que pretende actualizar algunos aspectos de esa convivencia, «manteniendo el carácter educativo y huyendo del sancionador».

Por llamativo que parezca, dentro del capítulo dedicado al profesorado, se incluye por primera vez «el deber de respetar su intimidad y honra», así como el de «no acometer ninguna agresión física o moral contra los docentes». Entre las novedades está también el respeto a sus bienes y la posibilidad de «reponerlos o restaurarlos». Así lo podrían determinar los órganos intervinientes en la aplicación de medidas si se considera que la conducta del alumno es «contraria a la autoridad del profesorado», que se reconoce nítidamente en el documento.

No en vano, ésta es otra de las razones para la modificación del decreto: adecuar la norma a la Ley de Autoridad del Profesorado, algo que ayer fue celebrado por ANPE después de que el decreto haya sido aprobado por el Consejo Escolar (con carácter consultivo) y criticado por la Federación de Padres de la pública Miguel Virgós, al considerar que no es éste el ámbito para desarrollar esta ley. La nueva norma subraya el «carácter restaurador de los daños ocasionados». Así, en caso de una conducta contraria a la autoridad docente, se fomentará que «el alumno reconozca la responsabilidad de sus actos, pida disculpas y reponga los bienes dañados».

Eso sí, se explicita que en ningún caso el alumno debe ser privado de su derecho a la educación y que «la medida ha de ser proporcional con el daño causado». También se incluye «el agravante de grabar sin permiso y difundir hechos que atenten contra el honor y la intimidad de la comunidad educativa». En la parte de derechos, dentro de plan de convivencia de cada centro, se estipula la necesidad de «actuar rápido contra el acoso y ciberacoso» y el «deber de sigilo con datos personales que afecten al honor de los menores».

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