Aplazada al día 29 la vistilla para estudiar el ingreso en prisión de los condenados del caso Renedo

Lectura de la sentencia del caso Renedo. / PABLO LORENZANA

Inicialmente se había fijado como fecha la del próximo 25 de septiembre, pero el tribunal ha optado por aplazarla a petición de distintos letrados por coincidencias con otros señalamientos

EFE

La Audiencia Provincial ha aplazado hasta el día 29 la audiencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los condenados por el caso Renedo, informó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Inicialmente se había fijado como fecha la del próximo 25 de septiembre, pero el tribunal ha optado por aplazarla a petición de distintos letrados por coincidencias con otros señalamientos.

De cara a dicha vista Podemos, que ejerce la acusación particular, ya ha anunciado que solicitará el ingreso en prisión provisional de los acusados, condenados a penas que suman más de 40 años de cárcel, al entender que existe riesgo de fuga.

La formación morada ha pedido además al Gobierno que se sume a su petición aunque el Ejecutivo ha adelantado que su representación legal en la causa seguirá el criterio que fije la Fiscalía.

La sentencia condena al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a 6 y 9 años y medio de prisión, respectivamente.

También condena a la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyas iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso, a 9 años de prisión por su participación en la trama de adjudicación irregular de contratos a varias empresas.

Por su parte, los cuatro empresarios juzgados -Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería- han sido condenados a un total de 15,9 años de prisión.

La sentencia condena además a un funcionario del Ayuntamiento de Mieres a una multa de 1.800 euros por cohecho, absuelve a otros cinco empleados públicos de otros ayuntamientos y de la Universidad de Oviedo e impone al Enrique Iglesias, hijo del ex consejero, el pago de 99.405 euros en calidad de partícipe a título lucrativo.

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