Asturias contabiliza 2.020 casos de salario social sin atender desde abril

Pilar Varela, Consejera de Servicios y Derechos Sociales.

Frente común en la Junta para obligar al Principado a contratar personal para agilizar la tramitación y que los demandantes tengan respuesta a su petición en tres meses

CHELO TUYA GIJÓN.

En abril, una persona residente en Asturias y con menos de quince euros diarios para vivir presentó ante el centro de servicios sociales más cercano a su residencia una solicitud de salario social. La paga a la que tienen derecho los asturianos con ingresos en el umbral de la pobreza, menos de 430 euros al mes, y que tramita la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. En agosto, esa misma persona seguía sin respuesta a su solicitud. Como ella, 2.019 asturianos más.

Así lo reconoce el Principado. A 31 de agosto acumulaba 2.020 solicitudes de ayuda social sin respuesta. Un mes en el que habían llegado 345 nuevas peticiones y en el que se dio la respuesta más baja del año: solo 187 asturianos entraron en un sistema que procura nóminas mensuales que no llegan, de media, a los 500 euros y que tienen como perceptor principal a una mujer que cuida sola a sus hijos. Una prestación que llegó a la cifra récord de 21.728 asalariados en agosto, lo que significa que el volumen de beneficiarios roza los 48.000, ya que, según el cálculo de los técnicos, de cada nómina viven 2,2 personas.

Unas cifras de gestión en rojo que aún empeoran más si se cuantifican los expedientes en revisión. Esos en los que el beneficiario considera que cobra de menos al haber cambiado su situación desde que se convirtió en beneficiario. El Principado reconoce que tiene 6.000 expedientes de ese tipo a la espera. Los trabajadores sociales hablan de familias que llevan más de un año con una paga inadecuada, ya que, por ejemplo, aún no se ha contabilizado al hijo recién nacido.

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Dos años sin actualizar

Unos problemas en la gestión que se arrastran desde principios de año. De acuerdo con el análisis realizado por EL COMERCIO, la Ley de Salario Social comenzó 2017 con más de 1.800 solicitudes de ayuda sin contestar. A partir de ahí, la situación solo fue a peor, hasta superar la barrera de los dos mil casos. Y, de nuevo a incumplir la ley: la respuesta tardaba más de los tres meses que marca la norma. Las peticiones de agosto se remontan a abril. Las revisiones, superan los dos años sin actualizar.

Hasta el punto de que en agosto se aprobó la menor cantidad de altas de todo el año, con un descenso del 45% en dos meses. De acuerdo con los datos oficiales, solo 187 personas se incorporaron a la nómina de beneficiarios. Una nómina, la de agosto, que superó los 9,8 millones de euros. En los ocho primeros meses del año, el Principado lleva desembolsados casi 79 millones, más que, por ejemplo, en todo 2013, ejercicio que concluyó con un presupuesto de 59,2 millones y 11.038 perceptores totales.

La crisis económica y, también, el colapso en la gestión de una ley que el PSOE puso en marcha en diciembre de 2005 'obligado' por su entonces socio de gobierno, IU, había llevado el atasco a sus máximos en 2012, con más de 6.000 expedientes sin atender. Una cifra que, sumadas las nuevas peticiones y las revisiones, se supera hoy.

Una situación que la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, prometió solventar desde el pasado septiembre. «Queremos hacer una prestación más sencilla y flexible. Que las bajas y altas por empleo y desempleo sean automáticas», aseguró la socialista a este periódico a mediados de agosto.

Enfado unánime de la oposición

Avanzaba ella que plantearía a los sindicatos UGT y CC OO, así como a la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), una serie de medidas para que, por ejemplo, dejar de cobrar el salario social para acceder a un trabajo temporal no significara el 'castigo' de esperar, tras concluir ese contrato, más de un año para volver a acceder a la prestación.

Pese a esas declaraciones, «estamos en octubre y no tenemos noticias de que haya puesto en marcha las mejoras anunciadas para septiembre», criticó Diana Sánchez. La portavoz de Ciudadanos en la Junta se mostró muy disgustada porque las peticiones y pactos de antes del verano, «como tener más personal», no se hayan llevado a cabo. «Sin reforzar el personal es imposible poner al día los casos del salario social y nos gustaría conocer y vamos a registrar preguntas solicitando información sobre el convenio entre la Tesorería de la Seguridad Social y la consejería. No obstante, tenemos preguntas sin responder desde julio», lamentó.

Más lejos se remonta el portavoz de Foro. «Desde 2012, el gobierno de Javier Fernández no solo no ha agilizado la gestión del salario social, sino que la ha llevado al colapso. Ha perpetuado la pobreza», aseguró Pedro Leal. Como Sánchez, plantea cambios: «Es imprescindible mejorar tanto los procedimientos, como las labores de inspección y las de coordinación encaminadas a compatibilizar trabajos temporales, becas, a las que ahora se renuncia por la demora en la tramitación».

Acceso inmediato y 532 euros

Cambios exige también el PP. «Es inaceptable que el PSOE siga negando la realidad y sin hacer nada para reducir esta lista de personas atrapadas en este frustrante laberinto». Además de criticar, Matías Rodríguez Feito plantea cambios. «Tenemos una alternativa al modelo socialista que pasa, por ejemplo, por mejorar la tramitación y hacerla más eficaz. Permitir que las personas que dejen el salario social por un contrato de menos de un año de duración puedan, al terminarlo, volver a percibir la ayuda sin espera». Suma a esa idea la de «subir a 532 euros la prestación y hacerlo compatible con una actividad laboral de sueldo inferior al Salario Mínimo Interprofesional».

Mientras, la izquierda se agrupa. «Estamos trabajando con Podemos para una enmienda a la Ley de Procedimiento de Emergencia Ciudadana», avanzó la diputada de IU Marta Pulgar. «Pronto las presentaremos», confirmó la diputada de Podemos Rosa Espiño. En su opinión, los datos de agosto «demuestran que el Gobierno no tiene capacidad para resolver el cúmulo de solicitudes pendientes de salario social que, lejos de paliarse, se incrementa».

Se muestran ambas confiadas en que «el resto de los grupos sean receptivos con las propuestas» que llevarán al debate en la Junta, y que «principalmente tengan la voluntad de eliminar las esperas para quienes no pueden esperar». De momento, la espera se remonta a abril. Desde agosto.

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