El salario social se elevará este año hasta los 120 millones

Pilar Varela, consejera de Servicios y Derechos Sociales./
Pilar Varela, consejera de Servicios y Derechos Sociales.

El PP sostiene que la cifra será insuficiente para cubrir la demanda que, según el Principado, sumará 1.500 nuevos beneficiarios

EFE

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha asegurado que este año serán necesarios 120 millones de euros para hacer frente al pago del salario social básico. En respuesta al diputado del PP Matías Rodríguez Feito en la Comisión de la Junta General, ha señalado que el presupuesto regional prorrogado dispone de 105 millones de euros para esta prestación, por lo que será imprescindible una dotación de 15 millones, que está incluida en el crédito extraordinario que el Gobierno llevará al Parlamento asturiano.

Varela ha explicado que los doce nuevos trabajadores que gestionan el salario social permitirán agilizar las revisiones, cuyas bajas serán "capaces de compensar la incorporación de nuevas personas". La consejera ha calculado que serán 1.500 nuevos usuarios los que se sumarán a la nómina del salario social y ha confiado en que los 120 millones previstos sean suficientes para el pago de este servicio.

El diputado del PP Matías Rodríguez Feito ha afirmado que la cuantía prevista por la consejera será "insuficiente" y ha aventurado que en 2018 la factura total de esta prestación ascenderá a los 140 millones de euros. En su intervención, ha denunciado que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales está dejando sin atender desde septiembre 1.747 peticiones. "La gestión socialista del salario social es un escándalo político, económico y social", ha apostillado.

Nueva regulación para el Tercer Sector

Por otra parte, Varela ha señalado hoy que la ley sobre acción concertada que está elaborando el Ejecutivo autonómico dará "estabilidad" a la relación entre su departamento y las entidades del tercer sector de acción social sin ánimo de lucro ya que la intención del Gobierno de Asturias es "regular y consolidar" las acciones de coordinación con estas organizaciones sociales a través del nuevo marco legal.

Varela, que ha explicado que ya se ha abierto una "consulta previa" el pasado día 5 para las aportaciones ciudadanas, ha señalado que la nueva ley de contratos del sector público contempla la posibilidad de esta acción concertada y será su departamento quien dirigirá a los usuarios hacia estos servicios. "Siempre fue intención que el Principado promover la participación de las instituciones sin ánimo de lucro en materia de acción social", ha remarcado antes de incidir en que Asturias ha tomado como ejemplo el trabajo de Aragón en esta materia.

La consejera ha señalado que su departamento se ha reunido con las entidades del sector, que han tenido acceso al borrador de la ley que fijará contratos por 4 años, con posibilidad de ampliar hasta los 8. Varela ha puesto en valor el "trabajo" y "experiencia" de estas organizaciones y ha avanzado que se estudiará si se abre esta concertación a los Ayuntamientos.

Asimismo, ha incidido en que cada año el Consejo de Gobierno aprobará el volumen económico que dispondrá la acción concertada de la nueva ley, que no prestará ningún servicio que actualmente se gestiona como "acción directa". Por otro lado, ha confiado en que este marco legal pueda salir adelante en el actual mandato.

Por su parte, la directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social, Nerea Eguren, ha señalado que la nueva ley se regirá bajo los principios de "solidaridad" y "eficiencia" y pondrá el "énfasis" en el control publico y presupuestario.

La diputada regional del PSOE Nuria Devesa ha considerado un "avance" y "fundamental" que el Parlamento asturiano apruebe una ley de estas características para hacer frente a las dificultades que sufren las entidades del sector social.

El representante del PP Matías Rodríguez ha preguntado si hasta ahora se ha gestionado esta cuestión de manera "irregular" y también si esta nueva fórmula ayudará a evitar "impagos y retraso" a las entidades sociales al tiempo que ha denunciado la "descoordinación" de su Consejería en esta materia. La representante de Podemos Rosa Espiño ha afirmado que la ley es una herramienta "necesaria e imprescindible", pero puede suponer "una amenaza" a un sistema público que "se ha ido desmantelando".

Por su parte, la parlamentaria de IU Marta Pulgar ha reclamado que se estudie la posibilidad de que los consistorios puedan sumarse a esta medida del tercer sector de acción social, a la vez que ha pedido que se valore encajar en el marco legal las prestaciones que tengan que ver con la atencion sociosanitaria.

En representación de Foro, el parlamentario Pedro Leal ha manifestado que ante las "necesidades vitales" de las personas que requieren los servicios sociales es necesario el "mayor arco de contratación posible, pero manteniendo equilibrio en los diferentes tipos de gestión".

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, Diana Sánchez, ha mostrado sus "dudas", porque,a su juicio, el texto se podría haber enmarcado en la nueva ley de servicios sociales.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos