Aucalsa lleva cobrados 70,5 millones a Fomento para que contenga sus tarifas

La subvención encubierta impide que el precio a pagar por el usuario se dispare a 14,5 euros

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

El peaje del Huerna es el tercero más caro de España por kilómetro recorrido y aún resultaría más costoso para el conductor si no fuera porque el Ministerio de Fomento bonifica parte de la tarifa. Las cuentas presentadas por la compañía anotan que entre los años 2001 y 2016 lleva percibidos 70,5 millones de euros de la administración en compensación por el dinero que se supone deja de ingresar al no aplicar precios más altos.

Esta subvención encubierta se ha convertido en una de las principales fuentes de recursos de la compañía. Equivale al 44% de los beneficios cosechados en ese periodo y al 12,6% de los ingresos totales. En el último curso auditado la ayuda pública ascendió a 4,3 millones, lo que supone una compensación media de 1,5 euros por vehículo. De no mediar esa percepción, es decir, de haber repercutido en los clientes la tarifa a la que la empresa cree tener derecho, el cobro para un turismo que recorra toda la autopista se dispararía por encima de los 14,5 euros.

El origen de estas compensaciones se remonta a la década de 1990, cuando las reglas por las que se regía la concesionaria fueron cambiadas. Por aquellos años Aucalsa tenía el derecho a explotar la AP-66 León-Campomanes hasta el 18 de octubre de 2021, un periodo que la compañía consideraba suficiente y así lo puso por escrito. En la memoria de las cuentas anuales de 1998, la vía recién desdoblada, recuerda esa fecha y añade: «La sociedad tiene presentado ante el Ministerio de Fomento un plan económico financiero que abarca todo el periodo de la concesión en el cual se prevé la recuperación de la inversión total en la autopista y la amortización de la deuda». El documento fue auditado por KPMG, considerando la consultora que el documento aportaba una «imagen fiel del patrimonio y la situación financiera» de la compañía. A finales de aquel 1998 el Ministerio de Economía y Hacienda aprobó un nuevo plan de contabilidad al que debían ajustarse las concesionarias. Las instrucciones «supondrán cambios en los criterios contables que han venido siendo aplicados por la sociedad hasta el momento», reconocía entonces Aucalsa.

Las cuentas del ejercicio siguiente empezaron a reconocer el cambio que estaba por venir. Controlar el negocio hasta el año 2021 ya no bastaba. La concesionaria decía ya que en base a aquel cambio contable de Economía y Hacienda había presentado en octubre de 1999 a Fomento «un plan económico financiero (...) en el que se contempla la ampliación del periodo de la concesión hasta el 17 de octubre de 2050, en el cual se prevé la recuperación de la inversión total en la autopista y la amortización de la deuda». El real decreto que accedía a la pretensión de la sociedad y le alargaba 29 años más el contrato llegó al Boletín Oficial del Estado el 18 de marzo del año 2000. Unas semanas antes el boletín publicaba otra instrucción «que recoge una reducción de las tarifas del 7% del volumen de ingresos de peaje de la sociedad», con un apunte. «La menor recaudación que se produzca como consecuencia de esta rebaja será compensada por la Administración», según advertía Aucalsa en sus cuentas.

Más bonificaciones

A esas bonificaciones se fueron sumando otras. Un real decreto del año 2006 redujo un 30% las tarifas a aplicar a los vehículos pesados. Este descuento se mantiene y los retrasos de la administración en liquidar la subvención a Aucalsa provoca que además deba abonarle intereses de demora. A finales de 2007 otro real decreto estableció una rebaja del 50% para los vehículos ligeros que usen el sistema de pago de Vía-T (telepeaje); el descuento solo se aplica a partir del quinto trayecto que el conductor haga al mes.

En la etapa de Ana Pastor al frente de Fomento el gremio de los transportistas logró una nueva bonificación, que duró poco. Entre el 7 de julio y el 30 de noviembre el ministerio amplió el descuento para camiones, alegando que de esta forma incentivaba que dejaran de ir por las carreteras nacionales y proporcionaba mayor seguridad al tráfico. La idea le costó 5,4 millones, de los cuales 521.329 euros se fueron para que Aucalsa aplicara a los vehículos pesados una tarifa que era la mitad de la que la concesionaria calcula sería la real sin ayudas públicas. De todas estas políticas quedan hoy los descuentos para los turismos que pasan más de cinco veces al mes por la AP-66, y esa rebaja del 30% para todos los transportistas. El Principado ha resucitado para el debate público la conveniencia de suprimir el peaje en la principal conexión con la meseta.

En su día Aucalsa cifró en 1.300 millones de euros el dinero que exigiría por ese rescate. De mantenerse la aspiración económica, al ministerio le resultaría más asequible a corto plazo poner en marcha obra bonificación para atender en parte la reivindicación.

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