La Audiencia considera que la falta de intervención de Migoya en los delitos «es de una evidencia aplastante»

La sentencia del 'caso Renedo' descarta que el Principado hiciera facturas falsas a final de año | La decisión reprocha a Otero que no aportara pruebas en su defensa

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

La Audiencia Provincial acaba de comunicar los 1.079 folios que componen la sentencia del 'caso Renedo', un documento que ahonda en los motivos por los cuales el tribunal desestima parte de las explicacioens de los condenados o por qué les impone unas penas y no otras.

Así ocurre por ejemplo a la hora de descartar el argumento central de la defensa de la ex directora general María Jesús Otero, y de los empresarios de Igrafo y APSA. Según su versión, es falso que Educación pagara a las sociedades por materiales que no se entregaron; simplemente los enseres se llevaban a centros distintos a los que figuran en los recibos, por necesidades de última hora. Sin embargo, a la hora de respaldar la coartada, no habrían expuesto en sala nada más que su palabra y el apoyo de extrabajadores de las empresas. “El resultado de las entradas y registros han puesto de manifiesto que tanto Igrafo como APSA tenían un perfecto control de los movimientos de sus mercancías, conservando como no podía ser de otro modo no solo facturas y albaranes”, aprecia la sentencia. “Nos encontramos en efecto ante un relato que carece del menor poder de convicción. Hablamos de hechos que, de ser ciertos tendrían que tener un sencillo respaldo probatorio que no se ha aportado. Las acusaciones no estaban en condiciones de articular esa prueba porque no tenían por qué saber que la acusada iba a defenderse con esta narración”, descarta la resolución.

La sentencia aclara también cuál es la línea divisoria entre el conglomerado de delitos que se reprochan a la exnúmero 2 de Educación y los que atañen a su jefe, José Luis Iglesias Riopedre. “La absolución del acusado del delito de malversación de caudales públicos deriva de que no se ha probado que actuara concertado con Maria Jesús Otero y los empresarios en la práctica consistente no suministrar o suministrar de menos en las adjudicaciones que estos recibían de la consejería para los centros docentes a que se contrae el enjuiciamiento, sin que tampoco conste que el precio que se pagara por la obra de geotermia o los estudios previos excediera del que habrían tenido esos trabajos en el mercado”.

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Otro de los argumentos que los acusados, junto a Marta Renedo, reiteraron en el juicio, es que a finales de año todas las consejerías emitían facturas falsas para agotar el presupuesto de su departamento, entregando los últimos saldos a proveedores de su confianza. Es algo que la Audiencia Provincial no se cree. “No se ha practicado prueba que con un mínimo de consistencia acredite que la emisión de facturas anticipadas que luego se emplearan para cargar suministros de bienes y servicios servidos a la Administración constituía una práctica generalizada”. A la ex jefa de servicio se le afea ese intento de “involucrar a las consejeras o al director general en sus maniobras”, puesto que “no se ha visto respaldada por la prueba practicada. Desde luego, en lo que atañe a las Consejeras Sras. Migoya y Rodríguez Cañas -la primera de las cuales llegó a ser citada como investigada dictándose respecto a ella Auto de sobreseimiento- su falta de intervención en estos hechos es de una evidencia aplastante”.

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