La Audiencia Provincial mantiene en libertad provisional a los condenados del 'caso Renedo'

ÁLEX PIÑA

Solo Podemos pidió el ingreso en prisión de Riopedre, Otero, Renedo, y los dos empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín | El Principado se sumó a la petición de la Fiscalía de libertad provisional

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

Podemos se quedó solo en su petición de prisión para los condenados en el 'caso Renedo'. La Fiscalía, el Principado, las acusaciones populares emprendidas por Avall y el Partido Progresista de Belmonte de Miranda, los abogados de José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. Todos respondieron al letrado de la formación política que no existen motivos jurídicos suficientes para ingresar en la cárcel de momento a los cinco condenados. Coincidiendo con ellos, la Audiencia Provincial acordó, por unanimidad de los tres magistrados de la Sección Tercera, que ciertamente no se dan en este caso los elementos suficientes como para dictar el auto de prisión.

Los afectados llevan años con sus bienes embargados, no han querido huir, no tienen manera de reincidir al estar jubilados o con las empresas quebradas, y la sentencia que contra ellos se ha dictado este mes, tiene todavía carácter provisional. Los recursos que van a presentar los abogados obligarán al Tribunal Supremo a revisarla, lo que supone que todavía puede anularla. Eso sí, por precaución, las acusaciones solicitaron que se retire el pasaporte a los cinco señalados, se les prohíba salir del país, y tengan la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio, algo a lo que los magistrados accedieron.

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En la vista celebrada esta mañana el primer caso que fue discutido atañe a Marta Renedo. Su letrado alegó que «no tiene nada, vive de su marido y tiene todo embargado». La Fiscalía no ha pedido para ella prisión provisional, ya que «no concurren motivos para ello y no se ha fugado hasta ahora». Por ello, solicitó libertad provisional para la exjefa de servicio. El Principado había prometido secundar la postura del Ministerio Público y cumplió. El abogado de Avall, Esteban Aparicio, se sumó recordando que «la sentencia es provisional y no debe convertirse en una venganza». En la sala no estuvo presente el abogado de María Teresa Blanco, después de que Marta Renedo le pidiera perdón.

La siguiente en someterse al escrutinio fue María Jesús Otero. Para la que fuera número 2 de la Consejería de Educación, la Fiscalía también interesó la libertad provisional, al tiempo que ha recordado que tanto ella como Renedo salieron de prisión gracias a sendas fianzas de 200.000 euros, depositadas por sus familiares, que la perderían en el caso de fuga.

Respecto a José Luis Iglesias Riopedre, el letrado de Podemos apreció «riesgo de fuga por tener disponibilidad» de medios para ello. La Fiscalía también se opuso recordando que no se le había retirado el pasaporte como en los dos casos anteriores. Por eso ha pedido su retirada, la prohibición de salir al extranjero y la obligación de informar de cualquier cambio de domicilio. El abogado de Riopedre, Sergio Herrero, discutió la tesis de Podemos: «¿Alguien cree de verdad que José Luis Iglesias Riopedre tiene a dónde ir, que tiene posibilidades?». Y para ahondar en ello ha presentado los certificados de sus cuentas bancarias con cifras de 1.046 euros en la suya y de 1.200 en la de su mujer. También ha presentado dos informes médicos. También ha estimado que cuando el Supremo resuelva los recursos «tendrá más de 80 años».

Los empresarios

Los siguientes casos que se presentaron a la Audiencia Provincial han sido los de los empresarios. Se mantuvo la tónica de petición de ingreso en prisión por parte de los representantes de Podemos, mientras que la Fiscalía reiteró la prisión provisional con las mismas exigencias de prohibición de salir al extranjero y la obligación de informar de cualquier cambio de domicilio. El abogado de Victor Manuel Muñiz, Miguel Valdés-Hevia, aseguró que su defendido «sigue siendo un presunto inocente que asumirá las consecuencias cuando la sentencia sea firme».

En el caso de Alfonso Carlos Sánchez, Podemos ha recordado que ya está condenado en una causa de delito fiscal. La Fiscalía no vio en ello motivo para variar de criterio, y recordó que desde el año 2011 el empresario ha cumplido con todas las medidas, que tiene todo embargado y que aunque la otra sentencia es firme desde hace año y medio no ha intentado huir. Eso sí, pide la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de informar de cualquier cambio de domicilio. Todos se adhirieron a la petición.

Su abogado, Javier Dapena ha agradecido la posición del Principado porque «aquí lo fácil era subyugarse al chantaje político de Podemos: si ustedes piden prisión, les aprobamos la Ley de Transparencia». Y ha insistido que en el caso de su defendido «no existe alarma social ni mediática».

La condena

La Audiencia Provincial falló el pasado 1 de septiembre el 'caso Renedo', el mayor escándalo de apropiación de fondos públicos que llega a juicio en la región. Un proceso que llegó a sumar 43 imputados y se cerró en primera instancia con ocho condenados a los que se sentenció a penas que suman 40 años y tres meses de prisión y multas que pasan de los 6,7 millones de euros.

La peor parte se la llevaron los cinco grandes protagonistas de esta historia. Por firmar contratos falsos, favorecer a empresarios amigos y beneficiarse de ello, al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre le cayeron seis años de cárcel, a sus 77 de edad. Su 'número 2' María Jesús Otero se llevó la mayor pena, nueve años y medio por amañar concursos a cambio de sobornos. A la exjefa de servicio Marta Renedo se la castiga con nueve años de prisión por desviar fondos a una empresa de su propiedad y utilizar para ello las identidades de otras dos mujeres. Los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, dueños de las ya quebradas Igrafo y APSA, afrontan ahora seis años y medio de privación de libertad cada uno por la compra de favores.

Existen 35 personas que resultaron imputadas durante el proceso, sin que al final existieran indicios suficientes para el reproche penal. Los últimos en quedar absueltos fueron Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa, empleados del área de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo; el trabajador de la Universidad José Manuel Blanco; y el arquitecto del Ayuntamiento de Avilés, Braulio Iglesias.

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