El aumento de un 6% de beneficiarios en un año no evita otro suspenso en dependencia

El presidente del Observatorio, a la izquierda, en la presentación del informe. /  E. C.
El presidente del Observatorio, a la izquierda, en la presentación del informe. / E. C.

El Observatorio que evalúa el cumplimiento de la ley castiga la baja cifra de casos atendidos, el 7,2% de las solicitudes, y recuerda que el Estado debe a Asturias 71 millones

CHELO TUYA GIJÓN.

Solo el 7,2% de los asturianos potencialmente dependientes recibe asistencia. Quizá porque el 24,4% de quienes solicitan una prestación recibe un no por respuesta. Entre los beneficiarios, todavía el peso del pago al cuidador familiar, la ayuda que la Ley de la Dependencia considera 'excepcional,' es mayoritario. En el último año, la relación de beneficiarios creció un 6%, pero, eso sí, con una caída de los casos más graves: la cifra de asturianos con grado III de dependencia, el más alto que reconoce la ley, descendió casi un 1%. Una disminución que puede ir de la mano del experimentado por la inversión pública en gasto social: 474,75 euros por año.

Estos son los principales argumentos que han llevado al Observatorio de la Dependencia, el ente autónomo que, cada semestre, evalúa el cumplimiento que de la ley realiza cada comunidad, a calificar con un 3,2 sobre 10 lo realizado por el Gobierno del Principado. Un suspenso que llega en el mismo ejercicio en el que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales alcanzó «el mayor número de personas atendidas, con 21.242 beneficiarios, un 6% más que en 2016», señala asimismo el Observatorio Estatal para la Dependencia su informe, entidad que preside José Manuel Ramírez. Sin embargo, ese tirón no permite a Asturias mejorar sus calificaciones. Todo lo contrario, la otorgada en el XVIII Dictamen, presentado ayer en Madrid, es la nota más baja desde el 2,1 recibido en 2011. Solo en tres de los dieciocho exámenes a que ha sido sometido el Principado logró el aprobado. En el primero, en diciembre de 2018, recibió un 6,5, puntuación que elevó al 7 en el siguiente, el de junio de 2009. Tras cosechar suspensos en cadena, en diciembre de 2014, el Principado recibió su último aprobado. Así hasta, como refleja el informe del Observatorio, convertirse «en la sexta peor clasificada en el ranking de atención a la dependencia, con 3,2 puntos, por debajo de la media estatal que se situó en 4,6 puntos» sobre 10.

Asturias es la única comunidad del norte que no aprueba en dependencia. Galicia, País Vasco y Cantabria están dentro del grupo de ocho comunidades que sí cumplen con la ley. Un listado que encabeza, cada semestre, Castilla y León, y que completan Castilla-La Mancha, Andalucía, La Rioja y Murcia.

4.300 empleos

Pese a suspender la gestión del Principado, el observatorio reconoce que Asturias tiene una de las tasas de limbo, las personas con derecho, pero sin ayuda, «más bajas del país» , aunque lo ha llevado a cabo «con servicios de bajo coste, como los de prevención y promoción». Y, sobre todo, lo ha hecho con casos no graves, ya que el colectivo de grandes dependientes baja casi un 1% en un año. Aún así, el departamento que dirige la socialista Pilar Varela logró «un repunte en los servicios domiciliarios y residenciales», que eleva a 4.300 los puestos de empleo directos que conlleva la ley.

Y eso, pese a que el Estado adeuda a la región «71 millones en los últimos seis años» con sus recortes. Solo con lo perdido el año pasado, 12,7 millones, «se hubiera podido atender a 2.176 personas más y generar casi 400 nuevos empleos directos», señala el Observatorio.

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