Del Busto: «La Ley de Muerte Digna ofrece más seguridad jurídica a los profesionales»

Francisco del Busto, durante su comparecendia. /EFE
Francisco del Busto, durante su comparecendia. / EFE

La normativa que se debate actualmente en el Parlamento aspira a ser una guía ante conflictos legales y éticos relacionados con la autonomía del paciente deciddir sobre su enfermedad o forma de morir

EFEoviedo

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha destacado hoy que el proyecto de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, la conocida como Ley de Muerte Digna, consolida el respeto a la dignidad de las personas, con independencia de su grado de autonomía o conciencia, y ofrece seguridad jurídica a los profesionales sanitarios para que puedan cumplir plenamente los deseos del paciente dentro del marco legal.

Del Busto, que ha comparecido en la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado, ha recalcado que la norma que ahora tramita el Parlamento regional deja al margen cuestiones como la eutanasia o el suicidio asistido, cuya regulación corresponde al Gobierno central.

Ha asegurado que es una ley positiva, necesaria y útil para el sistema sanitario asturiano, que marca doce derechos de los ciudadanos que conllevan deberes que han de ser cumplidos por las instituciones y los profesionales, y que da garantías que no están aseguradas por la legislación estatal.

El consejero ha precisado que este proyecto de Ley aborda los derechos y la dignidad de los pacientes, así como los deberes de las instituciones y las garantías para asegurar la calidad asistencial y el respeto a las personas en sus últimos momentos.

El titular de Sanidad ha señalado que el proyecto de ley amplía los derechos de las personas "en momentos de máxima vulnerabilidad", al tiempo que confiere "certeza y precisión" a enfermos y profesionales.

"Parte del firme propósito de salvaguardar la voluntad de los pacientes y de ofrecerles el mayor alivio posible ante el sufrimiento físico, psíquico y moral", ha destacado.

La ley que se debate actualmente en el Parlamento aspira, entre otros objetivos, a servir de guía ante posibles conflictos legales y éticos relacionados con la autonomía del paciente para tomar decisiones sobre su enfermedad o, incluso, sobre su forma de morir.

Su contenido se aplicará, en el ámbito autonómico, a las personas que se encuentren en el final de su vida o afronten decisiones relacionadas con este proceso.

Además, regirá sobre sus familiares y representantes y también sobre el personal implicado en su atención.

Así, el texto regula los derechos y deberes de los profesionales del ámbito social y sanitario y vela por las garantías que deben proporcionar las instituciones.

Por su parte, el gerente del Sespa, José Ramón Riera, ha destacado que el Principado cuenta con doce equipos de cuidados paliativos de atención domiciliaria que dependen de atención hospitalaria, lo que supone una unidad por cada 83.000 habitantes cuando la ratio nacional está en una por cada 150.000.

La directora gerente del ERA, Graciela Blanco, ha asegurado que la nueva normativa favorecerá una mejora de la formación de los profesionales, sobre todo en el trato a las familias.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP Carlos Suárez ha señalado la necesidad de que se contemple por ley el respaldo a todos los profesionales sanitarios de tener la seguridad jurídica pertinente y ha subrayado que "no hay una buena medicina si los profesionales no tiene ese respaldo legal de las instituciones para las que trabajan".

El diputado de Podemos Andrés Fernández ha asegurado que la normativa que presenta el Gobierno regional no es el de una muerte digna, "al no basarse en una despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido", además de "no ser ambiciosa" al tratarse de un "recopilatorio" de normativas ya existentes.

Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares ha asegurado que esta ley es "perfectamente prescindible", al ser una legislación "simbólica que no cambia nada" de la normativa estatal y solo sirve para "contener la preocupación de la ciudadanía, además de tener "un enfoque defensivo con el fin de proteger a los profesionales sanitarios".

El diputado de Ciudadanos Luis Fernández Bartolomé ha afirmado que su partido va a presentar enmiendas a la Ley pero apoyándola "con espíritu constructivo", destacando los aspectos sociales. EFE

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