Casi cien mil asturianos viven con más ruido de tráfico del que establece la ley

Vecinos de Santa Marina en Mieres, con la A-66 al lado
Vecinos de Santa Marina en Mieres, con la A-66 al lado / J.C. ROMÁN

Fomento y Principado suman una década planteando soluciones. La UE obliga a aprobar los estudios, pero no a cumplirlos

RAMÓN MUÑIZGijón

Aparentemente, parece una buena noticia. El Boletín Oficial anunciaba ayer la aprobación de un nuevo plan de acción contra el ruido de las carreteras autonómicas. El trabajo se fija en las vías que registran más de tres millones de circulaciones al año. En sus proximidades hay 24.552 asturianos que, por culpa de ese tráfico, sufren en sus viviendas más bullicio del legalmente admisible. Los técnicos identifican a los 3.545 que peor lo pasan, y como remedio proponen mejoras en 35,3 kilómetros de vías a base de barreras y firmes fonoabsorventes. En total la inversión se calcula en los 9,8 millones.

La letra pequeña de este anuncio es que, una cosa es aprobar un plan y otra distinta aplicarlo. El que acaba de recibir el visto bueno de la Consejería de Infraestructuras supone el tercero desde mayo de 2010. En este tiempo también se ha dado luz verde a otros tres mapas de ruidos. En total son seis iniciativas que cartografían el problema, identifican las soluciones, y después se quedan mayoritariamente en el papel. Barrios como La Corredoria, Riaño, Sama a los que ya se reconoció su padecimiento hace siete años vuelven a aparecer en la nueva versión. Cambian las metodologías, pero se mantiene el inconveniente.

Hay dos razones para ello. De un lado, la directiva comunitaria sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, aprobada en 2002, marca un férreo calendario a todas las administraciones con competencia en transportes para que realicen sus planes contra esta molestia, los revisen, y los comuniquen en tiempo y forma. Las obligaciones, sin embargo, se quedan ahí. Se supone que los trabajos han de inspirar la actuación de las administraciones, pero no hay exigencia alguna de ejecutar las mejoras propuestas.

El nuevo plan, al echar la vista atrás, reconoce como únicas medidas tomadas por la consejería la ejecución de nuevas carreteras y su preocupación porque los proyectos cumplan ahora la normativa sobre ruidos. Es decir, no menciona la instalación de una sola de las pantalla propuestas en los dos planes anteriores.

El segundo motivo que ha mermado la eficacia de esta herramienta es que se han empezado a hacer cuando España se hundía en la crisis. Los ministros y consejeros de turno vieron cómo su presupuesto se empobrecía al punto de tener que consagrarlo, a duras penas, a tapar baches y mantener la seguridad de la red, aparcando sus propósitos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de las vías. Basta revisar los contratos de la Consejería de Infraestructuras de los últimos años para comprobar que la falta de encargos para poner barreras se suple con abundantes faenas para reparar firmes y argayos.

Lo dicho vale igual para el Ministerio de Fomento. En diciembre de 2006 elaboró sus primeros mapas. Detectó entonces que en Asturias hay 76.600 vecinos de carreteras estatales a los que les llega más de 55 decibelios en horario nocturno, el límite más bajo a considerar. Para remediarlo ideó barreras, reducciones de velocidad, mejoras de firme, y todo un abanico de mejoras cuyo coste estimó en 52,18 millones. ¿Qué ha hecho desde entonces? Estrenar nuevos tramos de autovía que ya vienen con pantallas de serie y, ahora, responder a las quejas de vecinos y senadores pidiendo que esperen la aprobación «definitiva» de un nuevo plan.

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