«El cien por cien de los pediatras hubiese enviado a la niña a su casa sin hacerle la broncoscopia»

La pediatra, a la entrada de los juzgados de Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ
La pediatra, a la entrada de los juzgados de Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ

La declaración de la exjefa de servicio de Pediatría de Cabueñes cierra el juicio por el caso de la bebé de 18 meses que murió tras atragantarse con maíz

ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO.

Fue un caso «rarísimo», «excepcional» e «imposible de diagnosticar». Así calificaron ayer lo sucedido la que entonces era jefa de servicio de Pediatría del Hospital de Cabueñes, en Gijón, y el abogado de la médico procesada por una mala praxis profesional, Estíbaliz V., en relación al fallecimiento de una niña de Ibias de 18 meses tras ingerir una palomita de maíz en 2013.

El testimonio de Adela Ana Rodríguez, que acumula 45 años de profesión, fue el último que escuchó el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo antes de que los letrados expusiesen sus conclusiones y el caso quedase listo para sentencia tras una sesión que se prolongó cinco horas. La exjefa de servicio declaró que el «100% de los pediatras hubiese enviado a casa a la niña sin realizarle la broncoscopia», la prueba que tanto para la Fiscalía como para el abogado de la acusación particular hubiese salvado la vida de la niña. Recordó, por contra, Rodríguez que este procedimiento es «lesivo». «Si los padres hubiesen visto a la niña comer un grano de maíz estaría obligada a demostrar que el objeto extraño estaba en las vías aéreas». Sin embargo, los progenitores no estaban en el salón cuando tomó el grano de maíz. Se encontraban en la habitación contigua y se percataron de lo que había ocurrido cuando la niña empezó a toser, vieron que tenía sus manos junto a la boca manchadas de aceite y junto a ella estaba un cartón de palomitas que la familia había comido el día anterior en el que quedaban aún unos granos de maíz.

Fue en este momento cuando la familia comenzó a buscar ayuda. Vivían en Tormaleo (Ibias) y el primer médico que vio a la niña fue el del centro de salud: «Él creyó que la pequeña se había atragantado y la derivó al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea», donde el segundo facultativo les dio a elegir entre dejarla en observación o llevarla al HUCA. Ellos optaron -relató la Fiscalía- por la segunda opción porque el médico les «dijo que la única solución era la broncoscopia y a los menores de tres años esta prueba solo se les hace en Oviedo».

En un principio, los pediatras del HUCA «se creen» la versión que narran los padres, pero después «cambian de opinión sin saber por qué». «Le dan el alta y a los tres días la bebé muere», añadió la fiscal. Y mientras se descartó hacerle una prueba que hubiera detectado que en sus vías aéreas había un cuerpo extraño. Una decisión, que insiste la defensa, se tomó por la elevada tasa de mortalidad: «El 2% de los pacientes a los que se les somete a una broncoscopia y son menores de 14 años fallecen», indicó el abogado Julio César Galán, que calificó de «muy atrevido» afirmar que si en 2013 se hubiese hecho la broncoscopia, «la niña estaría aquí» y destacó que durante esos días la niña tenía un proceso catarral: «No se puede decir tan alegremente que la pequeña estaría ahora viva, ya que el caso que nos atañe es excepcional y atípico», dijo.

El abogado de la acusación particular y la fiscal mantuvieron sus peticiones de penas. Entienden que Estíbaliz V. cometió un delito de «homicidio por imprudencia». El Ministerio Fiscal pide un año y medio de prisión, cuatro de inhabilitación profesional y una indemnización de 130.000 euros a los padres de la niña. La acusación particular, cuatro años de cárcel y seis sin ejercer la profesión más una compensación económica.

La defensa y los abogados del Servicio de Salud del Principado y del holding asegurador We Berkley Insurance reclaman la absolución de la médica al no apreciar como «imprudencia grave» que descartara hacer una broncoscopia.

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