«Cobramos a 1,75 euros la hora de guardia»

La fiscal María Eugenia Prendes, su colega Miguel Rodríguez Marcos, y los magistrados-juez Virginia Otero Chinnici, Marta Iglesias López y Juan Carlos García López, en la biblioteca. / PABLO LORENZANA
La fiscal María Eugenia Prendes, su colega Miguel Rodríguez Marcos, y los magistrados-juez Virginia Otero Chinnici, Marta Iglesias López y Juan Carlos García López, en la biblioteca. / PABLO LORENZANA

Jueces y fiscales irán el martes a la huelga porque «el ministerio está incumpliendo la ley» | Los profesionales asturianos ya cursan demandas individuales contra Justicia y valoran hacer más paros y denuncias colectivas

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

«El Ministerio de Justicia está incumpliendo la ley». Lo repiten jueces y fiscales, es decir, los más preparados para afirmarlo. Son gente de orden, «poco proclives a salir a la calle», «responsables», según reconocen, pero el martes secundarán una huelga nacional. Hasta ahora solo las reformas impulsadas por Alberto Ruiz Gallardón en 2013 habían propiciado un paro nacional de ambos colectivos. En un momento en el que la sentencia contra 'La Manada' ha desatado manifestaciones indignadas en todo el país y se palpa cierto divorcio entre la sociedad y sus juzgadores, ¿qué les saca a ellos a la calle?

La respuesta la dan dos fiscales y tres magistrados-juez pertenecientes a parte de las asociaciones que impulsan la protesta. Escucharles revela un hartazgo a dos niveles. El más antiguo muestra a profesionales frustrados al ver que las causas se alargan «porque no hay medios y nos regimos por una Ley de Enjuiciamiento Criminal obsoleta, del siglo XIX, donde los recursos dilatan todo y al final quien entra en la cárcel es el 'roba gallinas' y no el corrupto», lamenta María Eugenia Prendes, de la Unión de Fiscales Progresistas.

Luchar contra los retrasos en los pleitos exige el sacrificio de horas y horas de tiempo personal. «Yo en vez de dos pongo siete juicios para evitar los retrasos, pero luego hay un trabajo en el despacho de estudiar la ley, analizar las sentencias que la interpretan, ensamblarlo con el caso concreto, y redactar la decisión; son horas y horas que nadie ve y que nos lleva a trabajar tardes y fines de semana», indica Virginia Otero Chinnici, de la Asociación Francisco de Vitoria.

En vez de solventar esa avalancha, los partidos políticos «siguen eligiendo a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, algo que debe desaparecer porque al presidente del Colegio de Médicos lo escogen los médicos, no el parlamento», ejemplifica Marta Iglesias López, titular de un juzgado de instrucción y afiliada al Foro Judicial Independiente. «Esa influencia política es tremenda, porque son ellos quienes proponen a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, sin necesidad de que los candidatos tengan siquiera el aval de los compañeros», agrega.

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A esa frustración por las grietas que acumula el sistema se añade la sensación de haberse convertido en los olvidados de la función pública. «No es razonable que en mi juzgado sea el que menos vacaciones tenga, que el auxiliar último de cualquier juzgado de Asturias tenga más vacaciones que el presidente de la Audiencia», indica Juan Carlos García, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

«Ahora mismo el permiso de paternidad es de cuatro semanas, pero jueces y fiscales somos los únicos varones que lo tenemos en dos», abunda Miguel Rodríguez Marcos, representante de la Asociación de Fiscales. Con la crisis a los funcionarios se les recortó la nómina alrededor de un 5% «y a jueces y fiscales nos lo hicieron en un 9,73%; es decir, que si cobrabas 2.000 euros perdiste casi 200», calcula.

No dice las cifras a voleo. Tras superar la carrera y las oposiciones, un juez de nuevo ingreso percibe unos 2.200 euros netos, mientras un magistrado de capital puede lograr mil más, pero como siempre, el diablo está en los detalles. «Cada tres semanas me toca estar una de guardia; en esa situación me pagan a 1,75 euros la hora. ¿A qué profesional de este país se le paga eso? Con todo el respeto, ni a las 'kelys'», señala la magistrada-juez Marta Iglesias. A la cifra llega tras dividir los 295 euros brutos que recibe por la guardia por los siete días de servicio, cifra que mengua a los 140 en los juzgados unidos. En esas guardias el agente judicial cobra el mismo plus que la instructora, «pero yo voy cada día y él no», abunda.

El foro para tratar las cuestiones pecuniarias es la comisión de retribuciones, «que por ley debe reunirse una vez cada cinco años, pero lleva diez sin convocarse», afea el representante de la APM. Para salir de esta rueda iniciaron movilizaciones graduales, llamaron a la puerta del ministerio, se sentaron a negociar. «Es como hablar contra una pared; a cada reunión vamos con unas propuestas, las recogen, dicen que las valorarán, y en la siguiente cita nos piden nuevas propuestas sin responder a las anteriores», informa Rodríguez Marcos, que forma parte de la ejecutiva nacional de la Asociación de Fiscales.

El veredicto es unánime. «El ministro debería dimitir», sentencian. Reconocen no tener mucha fe en lograrlo, pero usarán sus armas. La primera es esa huelga, a la que seguirán nuevas protestas. Además, están tan convencidos de que Justicia vulnera la ley que, individualmente, algunos han empezado a contratar abogados y plantear demandas. El goteo de pleitos está ya en el Contencioso-administrativo y amenaza con seguir. Las asociaciones valoran, como medida de presión, ejercitar acciones judiciales conjuntas.

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