Cogersa planea 32 millones para una planta de selección de basura que rechazan los concejos

Vertedero central de Asturias, con la zona de ampliación en la que se apilan en altura los residuos a la derecha de la imagen. / COGRESA

En la instalación se abrirán las 'bolsas negras' y el 7% del desperdicio se salvará para el reciclado. «Es un despilfarro y dudamos de su legalidad», afirma el PP

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

El reciclaje no avanza como para cumplir los objetivos que la UE marcó para el año 2020 y por eso ayer el Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) dio un paso controvertido. Su comisión delegada aprobó un proyecto de presupuestos para 2018 con novedad. Las inversiones incluyen un millón de euros para los «trabajos preparatorios e inicio, en su caso, de una planta de tratamiento de basura bruta». La instalación tiene un precio total de 32 millones que el borrador de cuentas programa ir abonando hasta 2021.

«Es un despilfarro y dudamos de la legalidad de la medida», denunció el PP, a través de su diputado Luis Venta. «Que lo aprueben en una convocatoria extraordinaria, en agosto, ya es hilar muy fino», lamentó.

La planta proyectada funciona como una fábrica de procesamiento. De un lado entran las 'bolsas negras' que arrojan los asturianos, esto es, los residuos que se echan de forma separada. El desperdicio circula en una cinta transportadora mientras los operarios, protegidos con guantes, van abriendo las bolsas, y rescatando de todo ese desecho mezclado los envases, papeles y vidrios para su reciclaje. La instalación es intensiva en mano de obra, de alguna manera suple la falta de concienciación del ciudadano, pero lo hace con resultados discretos. No más de un 7,5% de todo lo procesado se salvará para el reciclaje. El resto continúa su ciclo, lo que en el esquema actual de Cogersa, supone morir en el vertedero.

«Cambia de consejero pero siguen los errores; se continúa apostando por grandes y costosas instalaciones finalistas, en vez de dedicar ese dinero a incentivar el reciclaje y la reducción de la basura en origen», considera Venta. Ayer Cogersa aprobó también las nuevas tarifas y el resto de inversiones. «Todo es continuismo, no hay una sola medida que premie el reciclaje y desincentive el vertido, ni siquiera se premia a los ayuntamientos que lo están haciendo bien; en medio de esa inacción, se va a pagar una barbaridad por algo que no soluciona nada», acusó el diputado del PP.

De materializarse, la planta constituiría la mayor inversión realizada por Cogersa en su historia reciente. El desembolso dobla al de su planta de biometanización y que por ahora mantiene esa marca. Precisamente el precio de la instalación provocó una revuelta entre los municipios en 2013, cuando la Consejería de Medio Ambiente trató de incluir su construcción como una de las obligaciones del Plan de Residuos 2014-2024.

La factura subía un 19,8%

El borrador entonces sometido a consulta pública dibujaba una fábrica también de 32 millones, capaz de procesar 310.145 toneladas de desperdicios al año, lo que constituiría el 80% de la bolsa negra de los asturianos. La consultora Pwc calculó cómo afectaría aquel Plan al bolsillo de los ciudadanos. Según concluyó, en el año 2020 los ayuntamientos deberían abonar a Cogersa 74,57 euros por tonelada entregada. Si no se levantaba la planta de basura bruta, el precio bajaba a los 59,79 euros. Son facturas que luego los consistorios repercuten al ciudadano.

Ese 19,8% de diferencia soliviantó a buena parte de los consistorios, entre ellos Gijón y Oviedo. A finales de 2013 la Junta General de Cogersa, en la que tienen asiento todos los ayuntamientos, aprobó una resolución instando al Principado a olvidarse del asunto.

El Plan en vigor contiene inversiones por valor de 290,7 millones, ninguna de las cuales es esta instalación. Eso sí, el texto recuerda la obligación legal de llegar al año 2020 reciclando un 50% del desperdicio doméstico, y propone que si en 2017 los datos se alejan de esa meta, se valore de nuevo la conveniencia de ejecutar la fábrica. «La decisión habrá de tomarse en el primer semestre de 2018», precisa, al tiempo que reconoce que esto solo recuperaría «entre el 5,5 y el 7%».

Para el PP, esa mención no otorga amparo jurídico suficiente al proyecto. «Ahora mismo el plan no lo recoge, por lo que tenemos un nuevo problema de legalidad», afea Venta.

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