La comisión concluye que las listas de espera sufren irregularidades y falta de transparencia

La comisión concluye que las listas de espera sufren irregularidades y falta de transparencia

La oposición recrimina al exconsejero Blanco que dejara de publicar los datos durante un año y exige a su sucesor que desvele más información

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

Después de un año y ocho meses de trabajo, de interrogar a 99 testigos y estudiar 6.174 folios, la comisión de investigación sobre las listas de espera sanitarias cerró su propuesta de dictamen. El texto repasa los principales males del sistema de salud, detecta «irregularidades e incumplimientos», falta de transparencia y errores de gestión, y ofrece una batería de soluciones. Su capítulo final recrimina el trabajo de cuatro responsables políticos: el exconsejero de Sanidad Faustino Blanco, el exgerente del Servicio Público de Salud (Sespa) Tácito Suárez, y sus actuales sucesores, Francisco del Busto y José Ramón Riera, respectivamente.

El reproche más sonoro es para los primeros. La comisión quiso aclarar por qué con ellos se dejó de publicar los datos de demoras entre junio de 2014 y septiembre de 2015. Los testigos indicaron que cada gerencia de área remite sus datos al Sespa y la consejería, siendo estos los que los comparten luego con el ministerio y vuelcan a la web.

Tácito Virgilio Suárez
Era gerente del Servicio de Salud entre febrero de 2014 y agosto de 2015 y defendió no publicar esos datos
El dictamen le hace responsable de ello.
Faustino Blanco
Al que fuera consejero de Sanidad entre mayo de 2012 y julio de 2015 se le hace responsable de dejar de publicar las listas de espera durante un año.
José Ramón Riera
Como a Del Busto, al gerente del Sespa vigente se le hace responsable «mientras no ponga solución» a los incumplimientos de la normativa.
Francisco del Busto
El actual consejero publica más datos, pero la comisión cree que todavía no todos los exigidos por la ley
Le hace responsable mientras no lo corrija.

«El punto de interrupción de la información se encuentra por tanto 'aguas arriba' de las gerencias de área», argumenta el borrador. La comisión preguntó a Blanco y Suárez por qué se produjo el 'apagón', defendiendo ellos que fue una decisión «razonable y oportuna». Los datos de que se disponía «por motivos informáticos, por efecto de la huelga y del traslado del HUCA y el Álvarez-Buylla, podían generar alarma social y por lo tanto eran inadecuados para su publicación», explicaron.

Carmen Eva Pérez Diputada del Grupo Socialista«Ningún testigo vio irregularidades así que no existiendo, no se puede encontrar responsables»Carlos Suárez Diputado del Grupo Popular«Hemos evitado el circo mediático que pretendían unos y el mínimo daño que querían los otros»Andrés Vilanova Diputado de Podemos«Se ha logrado el máximo consenso posible y este trabajo permitirá poner solución al problema»Marta Pulgar Diputada de IU«La responsabilidad al consejero actual es un emplazamiento a que rompa con la inacción»Armando Fernández Diputado de Ciudadanos«Esperar un año para una colonoscopia es una irregularidad, no necesariamente penal» Carmen Fernández Diputada de Foro«Durante un año no se publicaron las listas de espera porque alguien lo ordenó, eso es innegable»

La comisión entiende que la información existía y acusa al exconsejero y el gerente de ocultarla: «Las razones no fueron motivos técnicos como argumentaron, sino simple y llanamente la inconveniencia política de publicar unos datos que no eran favorables al Gobierno». Consultado por este periódico, Blanco declinó ayer hacer consideración al respecto.

El reproche a su sucesor tiene otro tono. Reconoce la comisión que desde que él y Riera llegaron, la web oficial mejora y ofrece nuevos datos sobre las lista de espera. Sin embargo, entiende la oposición que todavía falta por divulgar parte de la información que la administración tiene la obligación de manejar, en virtud de un Real Decreto del año 2003. «Se constata que el incumplimiento de la normativa en materia de transparencia es sostenido a lo largo del tiempo, abarcando desde la puesta en marcha del portal de transparencia de Astursalud hasta la legislatura presente», recoge la propuesta de dictamen.

La información que sigue sin ver la luz -advierte la comisión- es justo la que haría imposible «maquillar» las cifras con triquiñuelas. El borrador no lo da como un hecho cierto, pero sí lamenta que exista la posibilidad de adulterar las estadísticas. Una de las fórmulas para ello sería el ofrecimiento masivo de derivaciones. Los pacientes acostumbran a rechazarlos, lo que permite sacarles de la lista de espera estructural.

«La responsabilidad de los incumplimientos e irregularidades a este nivel se encuentra dentro del ámbito de los servicios centrales de la administración sanitaria», expone el texto. Por este motivo subraya la responsabilidad del consejero y el gerente actual «en tanto no pongan solución a lo que aquí se plantea». El que se les dedica es, por tanto, un reproche distinto, condicionado a lo que hagan a partir de ahora.

Es solo una de las innovaciones de este borrador de dictamen. Otras comisiones concluían con reprobaciones a los que consideraba culpables. Aquí se limita a nombrarlos «responsables políticos». El texto, no obstante, tiene 27 folios y es todavía provisional. Los servicios jurídicos de la Junta General han advertido de que su formato incumple el habitual en este tipo de documentos, y van a darle una vuelta, aunque los cambios serán solo formales. Está previsto que después, en septiembre, la comisión vuelva a reunirse para someter a votación la propuesta.

Todo indica que logrará una mayoría suficiente. Ayer la oposición aplaudía el resultado y destacaba el «amplio consenso» logrado, en el que han participado formaciones de izquierda y derecha. El Grupo Socialista ejerció de discrepante. «Ningún compareciente alertó de la existencia de ninguna irregularidad. Me va a resultar interesante ver cómo no existiendo ninguna irregularidad se puede encontrar algún responsable», dijo Carmen Eva Pérez.

Una nueva agenda

«Es un error del PSOE, que siempre ciñe las irregularidades al ámbito penal. Consideramos que esperar un año para una colonoscopia es una irregularidad, no necesariamente penal», aclaró Armando Fernández, de Ciudadanos. La oposición se esforzó también en diferenciar el reproche que dedican a Faustino Blanco, del de Francisco del Busto. El tirón de orejas al último lo es «en tanto no sea capaz de resolver las deficiencias analizadas», precisó Carlos Suárez, por el PP. «Es un emplazamiento a que rompan con la inacción», completó desde IU Marta Pulgar.

De lograr los votos de toda la oposición, el dictamen amenaza con marcar la agenda del Gobierno regional. El texto exige más inversión y plantilla, pero también incluye medidas de gestión. Quiere por ejemplo que el ciudadano pueda consultar en internet el puesto que ocupa en la lista de espera y cotejar los cambios, propone nuevos criterios para decidir qué pacientes son prioritarios, y reclama endurecer el régimen de incompatibilidad a los facultativos.

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