El Comité europeo de Prevención de la Tortura rechaza el «trato inhumano y degradante» en el centro de Sograndio

El Comité europeo de Prevención de la Tortura rechaza el «trato inhumano y degradante» en el centro de Sograndio

«El uso de la sujeción mecánica para los menores es un asunto que preocupa especialmente al Comité. En Sograndio, se les esposaba a objetos fijos en una sala aislada», señala el informe

EUROPA PRESSMadrid

El Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, que visitó España entre septiembre y octubre de 2016, ha girado un informe a España con sus conclusiones en el que pide al Estado que deje de utilizar la contención mecánica con sujeciones como medida disciplinaria tanto sobre reclusos como en centros de menores, tras constatar que se sigue recurriendo a esta práctica que puede suponer, a su juicio, «trato inhumano o degradante».

En concreto, el personal del CPT visitó los centros para menores infractores de Sograndio (Asturias) y Tierras de Oria (Almería), donde pese a la percepción positiva general respecto del trato recibido, recabaron «varias denuncias creíbles relacionadas con maltrato físico deliberado por parte del personal hacia los detenidos».

«El uso de la sujeción mecánica para los menores es un asunto que preocupa especialmente al Comité. En Sograndio, se les esposaba a objetos fijos en una sala aislada y en Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas. En este último centro, los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima», dice el informe.

El CPT considera que «el uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y recomienda que las autoridades», que en una respuesta con alegaciones niegan que se sigan utilizando estos mecanismos de contención, «pongan fin a esta práctica».

«Aislamiento disciplinario»

Otro asunto «preocupante» para este organismo, es el hecho de que «se imponga aislamiento disciplinario a los menores». «El tiempo máximo de aislamiento de siete días para un menor, tal como estipula la legislación española, ya es de por sí excesivo. Es más, la delegación del CPT tuvo conocimiento de casos de menores que habían sido sometidos a aislamiento como medida disciplinaria durante tres periodos consecutivos de siete días», detalla.

El Comité destaca que «existe una creciente tendencia a escala internacional para promover la supresión del régimen de aislamiento como sanción disciplinaria para menores» y recomienda que las autoridades españolas obren en consecuencia y modifiquen la legislación en este sentido.

En cuanto a las condiciones materiales de la detención, el informe dice que eran «en general, buenas en ambos centros», aunque indica que en Tierras de Oria «había varias habitaciones de 6 metros cuadrados que estaban ocupadas por dos personas, lo que supone unos escasos 3 metros cuadrados de espacio vital para cada menor» y los anexos sanitarios en estas habitaciones estaban sólo separados en parte, cuando lo estaban, del resto de la habitación, por lo que no ofrecían privacidad alguna.

«El CPT se felicita por el hecho de que las autoridades españolas reaccionaran rápidamente tras la visita para que estas habitaciones dejaran de estar ocupadas por dos personas», añade sobre este asunto.

Sobre los presos, incide en el asunto de la contención. "Una vez más, la delegación del CPT vio que se recurría a la inmovilización de los presos durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado", apunta.

«Es más -prosigue el informe-, parece ser que en algunos casos el motivo por el que se recurría a ella era claramente punitivo (por ejemplo, en caso de resistencia pasiva a una orden dada por el personal) y algunas de las formas en la que se llevaba a cabo (sin permitir a los presos hacer sus necesidades) suponían un ataque a su dignidad».

El Comité lamenta que sus recomendaciones anteriores a España «para que se regulara debidamente el recurso a la inmovilización, no se han aplicado» y considera que «los intentos por regular la fijación mecánica han fracasado». A su juicio, la medida de fijación mecánica, que «se aplicaba a menudo a detenidos con problemas mentales», podría suponer, «en muchos casos, trato inhumano o degradante».

También en las prisiones la delegación encontró denuncias de malos tratos, una «importante cantidad» y «respaldadas por documentos médicos» por parte de detenidos que se encuentran en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales.

«Se trata de bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras propinados, principalmente, a modo de castigo informal tras episodios de desobediencia, violencia entre prisioneros o casos de autolesión. También se nos dijo que algunos de estos maltratos físicos tuvieron lugar mientras el prisionero en cuestión estaba sometido a sujeción mecánica», detalla el informe.

El CPT dice que está «seriamente preocupado por la gravedad de estos hechos» y recomienda que los directores de los centros lleven a cabo una mayor supervisión del personal y se garantice que las quejas presentadas por los detenidos sean investigadas de modo eficaz. Asimismo, recuerda que el personal sanitario tiene el deber de registrar de forma precisa toda lesión que observe en los presos y que sea indicativa de maltrato físico por parte del personal, e informar de ello a las autoridades judiciales competentes.

Por último, sobre los espacios de detención en las comisarías, si bien «la gran mayoría de personas» con las que se entrevistó la delegación afirmaron haber sido tratadas correctamente» por parte de las fuerzas del orden, hubo «ciertas denuncias creíbles de uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención y de casos de personas que habían sido maltratadas físicamente por los agentes de policía en el momento de su llegada a comisaría».

«Del mismo modo, también se nos transmitieron denuncias sobre comportamiento irrespetuoso por parte de los agentes de policía hacia personas detenidas y sobre el hecho de ajustar demasiado fuerte las esposas», asunto sobre el que llama la atención a España en el informe junto a las condiciones de estos lugares, de «escasa ventilación» y poco espacio para la cantidad de personas que llegan a alojar.

El Defensor del Pueblo de España presentó el mes pasado un informe al Parlamento en el que abordaba precisamente la sujeción o contención mecánica de las personas retenidas en centros penitenciarios para pautar buenas prácticas en este sentido.

Precisamente, fue esta institución la que en 2009, tras analizar a fondo la situación en los centros de menores en España, denunció el abuso de las contenciones mecánicas instando a una reforma legislativa que se materializó en 2015 con las leyes de Protección de la Infancia, donde se regula al detalle el sistema que debe regir en estas instalaciones.

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