La Fiscalía pide libertad provisional para todos los condenados del 'caso Renedo'

La Fiscalía pide libertad provisional para todos los condenados del 'caso Renedo'
ÁLEX PIÑA

La Audiencia Provincial está analizando los casos y decidirá si ingresan o no en prisión | El Principado se suma a la petición de libertad y Podemos se queda solo en solicitar cárcel

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

Podemos se está quedando solo en su petición de prisión para los condenados en el 'caso Renedo'. El primer caso que ha pasado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha sido el de Marta Renedo que, según explicó su abogado al tribunal, «no tiene nada, vive de su marido y tiene todo embargado». La Fiscalía no ha pedido para ella prisión provisional, ya que «no concurren motivos para ello y no se ha fugado hasta ahora». Por ello, solicita libertad provisional para la exjefa de servicio, con obligación de informar al juez de cualquier cambio de domicilio y prohibición de salir del pais, así como la retirada del pasaporte. El Principado se ha adherido a esta petición. El abogado de Avall, Esetban Aparicio, se sumó recordando que «la sentencia es provisional y no debe convertirse en una venganza». En la sala no estuvo presente el abogado de María Teresa Blanco, después de que Marta Renedo le pidiera perdón.

La siguiente en someterse al escrutinio de la Audiencia ha sido María Jesús Otero. Para la que fuera número 2 de la Consejería de Educación, la Fiscalía también ha solicitado la libertad provisional, al tiempo que ha recordado que la fianza, cifrada en 200.000 euros) fue depositada por sus familiares, que la perderían en el caso de fuga. Una fianza, por cierto, que también tuvo que pagar Marta Renedo.

Respecto a José Luis Iglesias Riopedre, para quien Podemos «riesgo de fuga por tener disponibilidad», la Fiscalía también ha pedido libertad provisional aunque ha recordaro que no se le había retirado el pasaporte como en los dos casos anteriores. Por eso ha pedido su retirada, la prohibición de salir al extranjero y la obligación de informar de cualquier cambio de domicilio. El abogado de Riopedre, Sergio Herrero, ha preguntado en el tribunal «¿alguien cree de verdad que José Luis Iglesias Riopedre tiene a dónde ir, que tiene posibilidades?». Y para ahondar en ello ha presentado los certificados de sus cuentas bancarias con cifras de 1.046 euros en la suya y de 1.200 en la de su mujer. También ha presentado dos informes médicos. También ha estimado que cuando el Supremo resuelva los recursos «tendrá más de 80 años».

Los empresarios

Los siguientes casos que se han presentado a la Audiencia Provincial han sido los de los empresarios. Se mantiene la tónica de petición de ingreso en prisión por parte de los representantes de Podemos, mientras que la Fiscalía mantiene la prisión provisional con las mismas exigencias de prohibición de salir al extranjero y la obligación de informar de cualquier cambio de domicilio. El abogado de Victor Manuel Muñiz, Miguel Valdés, ha asegurado que su defendido «sigue siendo un presunto inocente que asumirá las consecuencias cuando la sentencia sea firme».

En el caso de Alfonso Carlos Sánchez, POdemos ha recordado que ya está condenado en una causa de delito fiscal. Aún así la Fiscalía también se ha opuesto a su ingreso en prisión. Ha recordado que desde el año 2011 ha cumplido con todas las medidas, que tiene todo embargado y que la otra sentencia es firme desde hace año y medio y no ha intentado huir. Eso sí, pide la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de informar de cualquier cambio de domicilio. Todos se adhieren a la petición (Principado, Avall y Partido Progresista).

Su abogado, Javier Dapena ha agradecido la posición del Principado porque «aquí lo fácil era subyugarse al chantaje político de Podemos: si ustedes piden prisión, les aprobamos la Ley de Transparencia». Y ha insistido que en el caso de su defendido «no existe alarma social ni mediática».

La condena

La Audiencia Provincial falló el pasado 1 de septiembre el 'caso Renedo', el mayor escándalo de apropiación de fondos públicos que llega a juicio en la región. Un proceso que llegó a sumar 43 imputados y se cerró en primera instancia con ocho condenados a los que se sentenció a penas que suman 40 años y tres meses de prisión y multas que pasan de los 6,7 millones de euros.

La peor parte se la llevaron los cinco grandes protagonistas de esta historia. Por firmar contratos falsos, favorecer a empresarios amigos y beneficiarse de ello, al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre le cayeron seis años de cárcel, a sus 77 de edad. Su 'número 2' María Jesús Otero se llevó la mayor pena, nueve años y medio por amañar concursos a cambio de sobornos. A la exjefa de servicio Marta Renedo se la castiga con nueve años de prisión por desviar fondos a una empresa de su propiedad y utilizar para ello las identidades de otras dos mujeres. Los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, dueños de las ya quebradas Igrafo y APSA, afrontan ahora seis años y medio de privación de libertad cada uno por la compra de favores.

La Audiencia también condenó al gerente de Asac Comunicaciones, Maximino Fernández Álvarez, a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. José Antonio Azorín Iglesias, de Nora Proyectos e Ingeniería, fue condenado a un año de prisión por un delito de falsificación en documento mercantil en concurso con un delito de fraude a la Administración. Por último, la Audiencia condenó al ex jefe de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez González, al pago de 2.250 euros de multa por un delito de cohecho.

Existen 35 personas que resultaron imputadas durante el proceso, sin que al final existieran indicios suficientes para el reproche penal. Los últimos en quedar absueltos fueron Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa, empleados del área de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo; el trabajador de la Universidad José Manuel Blanco; y el arquitecto del Ayuntamiento de Avilés, Braulio Iglesias.

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