El Constitucional avala que los colegios que segregan por sexo reciban dinero público

El Constitucional avala que los colegios que segregan por sexo reciban dinero público

La mayoría conservadora respalda los aspectos más polémicos de la 'ley Wert' y que Religión cuente para la nota

A. TORICES MADRID.

El Tribunal Constitucional, con los votos de la mayoría conservadora, dio ayer un espaldarazo a los aspectos más polémicos de la 'ley Wert', la norma educativa que el PP sacó adelante en 2013.

La mayoría del pleno rechazó, por ocho votos a cuatro, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en marzo de 2014 por más de cien diputados del PSOE, que consideraban que la LOMCE al menos vulneraba lo dispuesto en la Carta Magna en cinco aspectos. A los siete votos de los magistrados elegidos a propuesta del PP se sumó el de la vicepresidenta, Encarnación Roca. Los cuatro juristas progresistas, favorables al recurso, han anunciado votos particulares discrepantes con los argumentos de la sentencia, de la que ayer solo se conoció el fallo.

La resolución no ve tacha alguna de inconstitucionalidad o de discriminación por razones de género en el artículo de la LOMCE que garantiza a los centros educativos que segregan a los alumnos por sexo su derecho a disfrutar de subvenciones públicas para su funcionamiento en igualdad de condiciones que todo el resto de centros concertados. Los magistrados consideran que esta opción educativa se encuadra dentro del derecho a la libertad de enseñanza. Cerca de cien colegios, dos de ellos en Asturias, siguen actualmente en España el modelo de educación diferenciada o segregada por sexos.

Asignatura alternativa

El criterio mayoritario de la corte también indica que es perfectamente legal, como dispone la ley del PP, que la materia de Religión pase a tener una calificación académica de idéntico valor al de las demás asignaturas y que los alumnos estén obligados a elegir entre esta materia u otra alternativa, Valores Cívicos.

La mayoría del pleno tampoco ve tacha constitucional alguna en los otros tres motivos del recurso. La reducción de las competencias de los consejos escolares de los centros, y por lo tanto de padres, profesores y alumnos, en favor de los directores, que pasan a ser designados, en la mayoría de casos, por las administraciones públicas, la implantación en tercero de la ESO de unos itinerarios que encaminan desde ese momento a los alumnos a la FP o al Bachillerato y la posibilidad de que los centros que logren una especialización curricular puedan seleccionar a su alumnado según sus notas en los procesos de admisión.

El Constitucional aún debe pronunciarse sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados en 2014 contra la LOMCE por, entre otros, el Gobierno de Asturias.

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