La UE apercibe a España por la polución del aire asturiano, pero no la denuncia a la Justicia

La UE apercibe a España por la polución del aire asturiano, pero no la denuncia a la Justicia
Nube de contaminación en la factoría de ArcelorMittal en Veriña. / Daniel Mora

«Supervisaremos que su plan se implemente en su totalidad», previene. Bruselas sí demandará a otros seis países por su elevada contaminación

R. MUÑIZ / AGENCIAS GIJÓN / BRUSELAS.

La Comisión Europea denunciará ante el Tribunal de Justicia de la UE a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Hungría y Rumanía por sus elevada contaminación del aire. En el mismo procedimiento de infracción estaban España, Eslovaquia y República Checa, a los que da un voto de confianza y exime de las demandas. «Esto no significa que estén libres de culpa», advirtió el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

«En España creemos que se puede alcanzar el objetivo completo en 2020», pero «supervisaremos» para que el plan planteado por las administraciones del país «se implemente en su totalidad», dijo el comisario maltés. España está en el punto de mira por el dióxido de nitrógeno y las micropartículas de tipo PM10 del área metropolitana de Barcelona, Madrid, Jaén, Gijón y la antigua circunscripción 'Asturias central'.

En realidad, a estos efectos el problema en el Principado se ceñía a la base de Matadero, instalada en la ría de Avilés, junto a la estación de la ITV y una zona portuaria de descarga de graneles, en un entorno de frecuente paso de camiones y rodeado de industrias como Saint Gobain, Azsa, Chemastur y Alcoa. Los resultados del lugar incumplen sistemáticamente los límites que la legislación marca para las partículas de tipo PM10.

La posición defendida por el Principado es que el problema radica en la ubicación. Las directivas de la UE sobre calidad del aire especifican desde 2008 que a la hora de conocer la contaminación a la que está expuesta la población no se tendrán en cuenta emplazamientos dentro de las industrias. Tampoco «las ubicaciones situadas en zonas a las que el público no tenga acceso y no existan viviendas permanentes». Entendiendo que Matadero contraviene este último precepto, la Consejería de Medio Ambiente solicitó años atrás al ministerio del mismo ramo permiso para desplazar la base, lo que le fue negado.

El veto provocó una situación paradójica. A efectos de control por parte de la UE, Asturias estaba dividida en cuatro zonas: Asturias Occidental, Central, Oriental y Gijón. En todas ellas la mayoría de las estaciones vienen registrando cada año menos concentraciones de PM10, sin embargo los incumplimientos de Matadero provocaban que al final fuera todo el distrito de 'Asturias Central' el que quedara marcado en rojo en los informes elevados a Bruselas.

La política del Principado al respecto avanzó en tres líneas. Desde 2014 viene aprobando planes de calidad, con objetivos, medidas e inversiones que, en su mayor parte, deben realizar las industrias. Desde ese año no se han dado incumplimientos en Gijón. Además logró que el ministerio permitiera fragmentar la zonificación, de manera que ahora los incumplimientos de Matadero solo lastran los resultados del área de Avilés. Por otro lado, mantuvo la discusión con Madrid para persuadirle de la conveniencia de desplazar la polémica base, algo que los directivos del ministerio empiezan a ver oportuno.

«El problema de contaminación deriva de la inadecuada ubicación de una estación, de manera que en la zona de Avilés se produce una sobreestimación de la medición», asumió en enero María García, secretaria de Estado de Medio Ambiente, tras una reunión con la Comisión Europea para aclarar el tema.

De momento, Bruselas da por buenas las explicaciones pero supervisará el avance de los planes de calidad. La decisión «corrobora la eficacia» de los mismos, valoró la Consejería de Medio Ambiente. Los siguientes movimientos pasan por aprobar un nuevo protocolo para días de elevada polución y renovar las autorizaciones a la industria de manera que fuercen una reducción del 40% de las emisiones de Arcelor y un 70% las de Edp y Tudela Veguín, según los cálculos que avanzó esta semana el consejero.

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