El Principado amplía de ochenta a mil las empresas sometidas a control ambiental en Asturias

El Principado amplía de ochenta a mil las empresas sometidas a control ambiental en AsturiasGráfico

Vigilará a todas las actividades que cuenten con instalaciones potencialmente contaminantes

Marco Menéndez
MARCO MENÉNDEZGijón

El Principado está dispuesto a poner coto a las emisiones contaminantes de la industria, pero no solo de los grandes complejos, sino hasta del más pequeño taller de la región. Para ello, ha elaborado el nuevo Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, publicado ayer por el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y un decreto de Protección y Control Ambiental, que verá la luz el sábado. Si hasta ahora se obligaba a controlar las instalaciones que operan bajo una autorización ambiental integrada, unas 80 en Asturias, a partir de ahora cubrirá a todas las actividades que cuenten con instalaciones potencialmente contaminantes, calculadas en un millar. Así lo indicó ayer el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, quien explicó que la polémica por las emisiones de la industria «ha venido para quedarse en el debate público», al tiempo que apuntó que la intención del Ejecutivo es «mejorar las condiciones ambientales sin rehuir el debate sobre la calidad del aire».

Esta nueva política hará necesaria la implicación de la industria para «compatibilizar el desarrollo económico de Asturias con el rigor en los mecanismos de inspección ambiental», apuntó Lastra.

El decreto será sometido a información pública a partir del sábado y su aplicación va desde los grandes complejos industriales hasta los pequeños talleres. El documento concreta las obligaciones de las empresas con especial atención a la eficacia en la respuesta ante condiciones anómalas de funcionamiento. Además, permite a la Administración el desarrollo de instrucciones técnicas y modelos para unificar y aumentar la calidad de los informes que deben presentar las empresas. Otra novedad es que se establecerá una regulación para las entidades de inspección y laboratorios acreditados, de forma que la Administración pueda supervisar e inspeccionar la labor de estas entidades, a través de una figura de nueva creación, el Organismo de Control Ambiental.

'Auditoría ambiental'

En cuanto al Plan de Inspección Ambiental, se prevé que cada año se apruebe un programa que concretará las verificaciones y los criterios de selección de las instalaciones en las que se realizarán. Habrá inspecciones programadas, a modo de 'auditoría ambiental', y no programadas. De las primeras, este año se prevé realizar 200, frente a las 140 del año pasado (un aumento del 43%), mientras que se calcula que se realizarán 400 no programadas.

Las inspecciones programadas se realizarán en base a una evaluación de riesgos específica o en el marco de campañas con objetivos concretos. Así, las puede haber a instalaciones con autorización ambiental integrada, por actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, por producción y gestión de residuos, por traslado de residuos o por actividades con problemáticas ambientales específicas, como estaciones depuradoras de aguas residuales, puertos o polígonos industriales. Pero al tiempo se potenciará el sistema de inspección con nuevos procedimientos, mejora de la cualificación y la formación del personal inspector, y la dotación de medios personales y técnicos.

Este año está previsto inspeccionar 40 instalaciones con autorización ambiental integrada, todos los vertederos de residuos industriales de la región, respecto a las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera (APCA), se abordarán canteras, empresas del sector metal y funerarias; se realizarán 50 inspecciones a empresas de actividades productoras de residuos peligrosos, se continuará el inventariado de vertederos incontrolados, se intensificará la inspección de puntos limpios y se acometerá una inspección ambiental específica de los puertos de Gijón y Avilés, y de los de titularidad autonómica.

«Por fin se mueve algo»

Por su lado, Ovidio Zapico, diputado regional de IU, dijo ayer que «por fin se mueve algo en esta materia, porque llevamos muchísimo tiempo exigiendo que se reforzasen las inspecciones a las empresas». Zapico reclamó que, llegado el caso, «los expedientes no acaben archivados» y cree fundamental revisar las autorizaciones ambientales integradas y, en especial, las inversiones previstas en Arcelor «con una resolución que establezca la cuantía, el calendario, el objeto y el objetivo de las inversiones».

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