«La corrupción tiene castigo, hay que felicitarse», dice el Gobierno regional

Enero de 2011. Javier Fernández, durante la comparecencia en la FSA en la que anunció la expulsión de Iglesias Riopedre. / JESÚS DÍAZ
Enero de 2011. Javier Fernández, durante la comparecencia en la FSA en la que anunció la expulsión de Iglesias Riopedre. / JESÚS DÍAZ

El Ejecutivo socialista tilda el 'caso Renedo' de «inadmisibles conductas aisladas» y destaca la colaboración que ha mantenido con la justicia

ANA MORIYÓN OVIEDO.

Ajeno a las críticas que los grupos de la oposición vertían ayer contra el PSOE, al que exigen que depure responsabilidades políticas tras conocerse la sentencia condenatoria contra dos altos cargos de la etapa de Vicente Álvarez Areces, el Gobierno del Principado sacaba pecho. En primer lugar, por la que entiende ha sido una estrecha colaboración entre la Administración regional y el poder judicial para esclarecer los hechos delictivos, pero también, añade, porque la condena del 'caso Renedo' demuestra, bajo su punto de vista, que «la corrupción tiene castigo» y es algo, añade, «de lo que debe felicitarse toda la ciudadanía».

El Gobierno socialista emitió ayer un comunicado en el que no hizo referencia alguna al perfil político de algunos de los condenados -como el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero- pero sí quiso salir en defensa de los funcionarios de la administración después de confirmarse el papel destacado de Marta Renedo en la principal trama de corrupción política juzgada hasta la fecha en Asturias. El Ejecutivo aplaudió el «trabajo y dedicación» de los funcionarios y se refirió a lo sucedido como «inadmisibles conductas aisladas» que, argumenta, «en absoluto empañan su buena labor».

Cierto es que aún no se ha hecho pública la sentencia íntegra y, por lo tanto, no se dispone de la información necesaria como para valorar los hechos que ésta considera probados, pero el Gobierno también evitó realizar análisis alguno sobre el alcance de la condena -que se salda con 40 años y 3 meses de prisión a repartir entre ocho procesados- ni la implicación de varios exaltos cargos políticos del PSOE. El propio consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, calificó como «positivo» el hecho de que la sentencia se haya hecho pública ya que, destaca, el principal objetivo siempre ha sido «que la justicia delimitase con claridad y firmeza las responsabilidades de todos los implicados».

Quiso también reafirmar su compromiso con la lucha contra la corrupción y subrayar que, desde la toma de posesión de Javier Fernández, en 2012, sus diferentes gabinetes «han tomado la iniciativa para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas». En este sentido, recordó también que actualmente está en tramitación parlamentaria el proyecto de Ley de Transparencia y de Buen Gobierno que establece, precisamente, «mecanismos y controles más estrictos» para evitar que se repitan este tipo de hechos. También ayer IU hacía referencia a estas iniciativas legislativas y Ciudadanos a otras con similar objetivo, e instaban a la Cámara asturiana a desbloquearlas para que puedan entrar en vigor y ser realmente efectivas.

Colaboración

El Ejecutivo autonómico recalca la colaboración que se ha mantenido con la justicia en los últimos años para resolver este caso e, incluso, enumera una serie de cuestiones con las que se pretende acreditar tal apoyo. La primera, el hecho de que la Administración regional esté personada como acusación particular, pero también, añade, que las condenas solicitadas por el servicio jurídico -que coinciden con las planteadas por la Fiscalía- «eran incluso superiores» a las que finalmente ha fijado el fallo de la Audiencia Provincial. «De hecho, fueron rechazadas todas las ofertas de acuerdo propuestas por las defensas de los acusados», recuerda Martínez. El Gobierno, incide, también reclamó las compensaciones correspondientes para reparar los daños al erario público, algo en lo que ayer incidían algunos grupos de la oposición, mientras el gabinete socialista se comprometía a ser «firme en esta exigencia».

El Principado, añade, también colaboró con la aportación de «importante documentación», como los contratos realizados con las empresas implicadas desde 2003 y, asimismo, facilitó medios técnicos, incluidos los que fueron precisos para la celebración y cobertura informativa del juicio.

«El Ejecutivo presidido por Javier Fernández continuará colaborando con la justicia, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas y desplegando medidas e iniciativas legislativas que ayuden a combatir lo que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la democracia española», promete. A la oposición, por su parte, no le parece suficiente.

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