La corrupción por la que se condena a Iglesias Riopedre no causó «menoscabo para las arcas públicas»

Iglesias Riopedre a su llegada a la Audiencia este martes./Pablo Lorenzana
Iglesias Riopedre a su llegada a la Audiencia este martes. / Pablo Lorenzana

El exconsejero delinquió «por una finalidad muy concreta, favorecer a la empresa de su hijo»

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

La sentencia del 'caso Renedo', adelantada en primicia por ELCOMERCIO.es, ahonda en cuál es el límite de la corrupción que se le reprocha al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre. La Audiencia considera “probado que el acusado José Luis sí se concertó con la acusada Maria Jesús y con Victor Manuel para llevar a cabo los hechos relacionados con la geotermia”, entre los que se cuentan que planeó un fraccionamiento irregular de contratos, y firmó adjudicaciones de tres trabajos a sabiendas de que eran falsos. La consejería pagaba al contratista no por las labores que recogían los recibos, sino por otros trabajos en los que su hijo Ernesto estaba subcontratado.

“No obstante, ese concierto delictivo para tales conductas, sin duda merecedor de reproche penal, venía inspirado por una finalidad muy concreta, cual era favorecer a la empresa de su hijo Ernesto en la adjudicación de los estudios que requerían esas obras”, precisa la resolución. “Ha de notarse que no se ha acreditado que de tales hechos derivara un menoscabo para las arcas públicas, pues lo que suponían, en esencia, orientar la contratación a favorecer a Ernesto Iglesias, hecho sin duda grave, pero que difiere sustancialmente de lo que aquí se ventila”, distingue. De ahí que los jueces descarten que el consejero se enriqueciera con su corrupción.

Esa diferencia explica que María Jesús Otero sea condenada a nueve años y medio de prisión, mientras su jefe lo es a seis años. Se considera que ambos dieron trato de favor a Igrafo y APSA, pero existe la “duda razonable” de que Iglesias Riopedre estuviera al tanto de la magnitud de corruptelas de su subordinada, gracias a las cuales se habría embolsado 1,8 millones pagados por ambos proveedores.

La sentencia sí condena al hijo del exconsejero, Ernesto Iglesias, a pagar cerca de 90.000 euros al Principado. Es un dinero que considera recibió indebidamente de Educación, por la intermediación de Víctor Muñiz, el empresario de Igrafo. En su oficina se incautaron documentos en los que el 'pajarita' apuntaba cuánto dinero estaba facturando de más a la consejería por una serie de obras, fondos que quería apartar para dedicarlos a la reforma que Ernesto estaba haciendo de la nave de su compañía de sondeos, Geogal.

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Los jueces matizan que “no se ha probado” que el consejero supiera que Igrafo pasaba facturas por trabajos no hechos, práctica que “tampoco tendría por qué conocerla Ernesto (de hecho, si la conociera su posición podría cambiar y ya no sería solo responsable civil)”. Sin embargo la sentencia considera seguro que Víctor Muñiz, el dueño de Igrafo, “obtenía importantes beneficios con este favorecimiento generalizado que recibía de la consejería. Siendo esto así, y como quiera

que tampoco puede admitir duda que que si decide financiar la obra de Ernesto es porque es el hijo de quien le facilita tal volumen de negocio, el hecho de que Victor pague la obra y de por saldada, al menos, la parte que más arriba expusimos, determina una participación de Ernesto por ese importe en las ganacias obtenidas por Víctor con estas actividades delictiva. Por tal motivo debe quedar sujeto a indemnizar a los perjudicados solidariamente con Víctor”, impone la resolución.

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