Una de cada cuatro inspecciones ambientales del Principado concluye con sanciones

Chimeneas quemando gases en Avilés. :: MARIETA/
Chimeneas quemando gases en Avilés. :: MARIETA

Las multas por contaminar el aire se dispararon un 57% en 2016. Las infracciones aportaron 3,5 millones al erario en cuatro años

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

Los datos aseguran que el aire es más limpio que nunca. En 2016 la concentración de micropartículas PM 10 en Gijón era un 42,8% menor a la registrada por los medidores de la administración doce años antes. El descenso en Oviedo fue del 50,8%, y Avilés marca un 40,5% menos. A pesar de ello, nunca se protestó tanto. «Antes la contaminación se asumía como el precio del progreso y la salud era algo que decidía el destino», refiere el sociólogo Jacobo Blanco. Ese cambio de valores ha tenido consecuencias, según evocaba el ecologista Paco Ramos: «Llevo veinte años hablando de contaminación y el cambio ha sido brutal; antes la situación era mucho peor, ibas a denunciarlo y la gente te percibía a ti como el problema y la amenaza al empleo».

Los ciudadanos demandan una sociedad más limpia y eso se traduce en un endurecimiento de las leyes pero también los controles. Un ejemplo. El servicio de Inspección Ambiental del Principado comenzó 2016 con un plan de trabajo que incluía 150 inspecciones a empresas y polígonos. Era una programación «muy ambiciosa» pues el año anterior solo se prepararon 90, según recuerda la memoria del departamento. Esa era la tarea prevista, a la que luego se sumaron un alud de expedientes con los avisos que se fueron recibiendo. En 175 casos la denuncia fue de la Guardia Civil, 69 por quejas ciudadanas y 33 con información de por las propias empresas. Los ecologistas advirtieron de 28 casos y las asociaciones vecinales de 22 más.

¿Cuál fue el resultado? Un total de 768 expedientes abiertos, de los que terminaron con multa 202. Suponen el 26,3%. Es decir, uno de cada cuatro casos acaba en castigo. La memoria es un documento que el Principado cuelga en su web, para el conocimiento general, pero que solo aporta ese dato sobre las sanciones, y únicamente en su última edición, la de 2016. Antes la administración prefería mantener en la opacidad este ámbito de su relación con la industria.

EL COMERCIO logró la documentación que retrata esa zona de sombra. Desde 2013 y hasta noviembre de 2016 las inspecciones a empresas y particulares desencadenaron 727 expedientes sancionadores. Las alegaciones de los señalados o la tardanza de la burocracia motivaron el archivo del 16%. El resto desembocaron en 515 multas, la mayoría a empresas. Las penalidades anotaron 3,5 millones para el erario público.

La estadística respalda parte de los reproches que se le hicieron a Medio Ambiente en lo tocante a la polución del aire. «La anterior consejera se relacionó siempre de una forma laxa con la industria en ese tema, y de golpe pasó de la permisividad a los expedientes sin dialogo», relata Ovidio Zapico, diputado de IU. Ciertamente en 2013 la labor inspectora concluyó con siete sanciones por ensuciar al aire, y un año después la administración solo castigó dos episodios.

La presión vecinal y política sobre el asunto dio un giro al asunto en 2015. Ese año los inspectores iniciaron 14 expedientes sancionadores, lo que supone un 600% más que el curso anterior. En 2016 los trámites para multar se dispararon otro 57%. La legislación propicia que este tipo de infracciones sean las de mayor castigo económico. Los catorce expedientes cerrados en 2015 exigieron a la industria pagos por valor de un millón.

Con o contra la industria

«Hay que compatibilizar la calidad del aire con los puestos de trabajo», considera Zapico. Su formación lleva años pidiendo al Principado «que haga un pacto con la industria, no contra la industria; necesitamos que se comprometan, con inversiones y un calendario cierto», explica. En una reciente entrevista con este periódico, el actual titular de Medio Ambiente, Fernando Lastra, se expresaba en términos similares. «No me satisface una política de sanción permanente», indicaba. En su lugar apostaba por aprovechar los procesos de renovación de autorizaciones ambientales integrales a las industrias para que sean «cada vez más exigentes».

Al otro lado, en el mundo empresarial, el principal lamento es a los cambios bruscos que ha dado Medio Ambiente a su política de sanciones y permisos. «Necesitamos controles, claro, pero también planificación y diálogo», expresa Alberto González, director general de la patronal asturiana (Fade). «Asturias es muy complicada en materia medioambiental; es una de las regiones que tiene una mayor parte de su territorio bajo figuras de protección, pero a la vez el 20% del PIB procede de una industria localizada en los sectores de primera transformación», abunda. Operar entre ambas tensiones exige «un debate abierto, que ninguna fuerza ha planteado».

Las factorías más contaminantes, sostiene González, «están haciendo inversiones y asumen las mejoras como un coste adicional por la presión social y la convicción propia».

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