El Comercio

El Tribunal de Cuentas embarga casi 30.000 euros al alcalde de Aller

El Tribunal de Cuentas embarga casi 30.000 euros al alcalde de Aller
  • Toma esta medida cautelar para resarcir al Ayuntamiento si el regidor fuera condenado por el caso de la contratación de monitores deportivos

El Tribunal de Cuentas ha embargado al alcalde de Aller, el socialista David Moreno, la cantidad de 29.000 euros. Se trata de un proceso abierto de forma paralela al judicial por el caso de los monitores deportivos. El regidor está siendo investigado por una posible contratación irregular para la prestación del servicio de actividades deportivas. La demanda, interpuesta por el Partido Popular, se centra en que el anterior alcalde, el también socialista Gabriel Pérez Villalta, y el actual concedieron subvenciones desde 1997 a la Asociación para la Enseñanza y Promoción del Deporte en el concejo a pesar de saber -mantiene el fiscal- que no cumplía con los requisitos legales para obtener las ayudas. Se les acusa de un delito de prevaricación continuada.

La cantidad que ha tenido que depositar Moreno -de forma preventiva- serviría para resarcir al Ayuntamiento en el caso de que resultara demostrado que hubo perjuicio a las arcas municipales. La cantidad se ha calculado a partir de un estudio realizado por Intervención municipal tras analizar las liquidaciones con la citada asociación.

Pérez Villalta, no obstante, no se ha visto obligado a realizar reserva alguna de dinero ante el órgano fiscalizador porque el delito, de haberlo finalmente, habría prescrito en su caso. Este hecho se conoce cuando el nuevo titular del juzgado número 2 de Instrucción de Lena ha dado los primeros pasos para iniciar un proceso oral contra ambos responsables municipales. El actual regidor y su antecesor ya han presentado sendos escritos para recurrir esta decisión. El PP ahora también tiene que justificar jurídicamente que se prosiga con el proceso abierto.

Fue en agosto de 2014 cuando comenzó el calvario judicial del alcalde allerano. La Fiscalía del Principado se había querellado contra él y Pérez Villalta por el presunto delito continuado de prevaricación. La demanda surgió tras denunciar el Partido Popular una serie de pagos supuestamente irregulares, a modo de subvención, a la Asociación para la Enseñanza y Promoción del Deporte desde 1997 hasta 2014 para el funcionamiento del polideportivo de Sotiello.

«Persecución política»

El regidor siempre ha considerado esta demanda como un caso de «persecución política» hacia su persona. Uno de los argumentos al que siempre alude es que no se ha lucrado con dinero municipal ya que la demanda se centra en la posible irregularidad en la contratación de los servicios deportivos. La denuncia del PP se interpuso antes de la celebración de las pasadas elecciones municipales y Moreno veía en esta causa un ataque político con fines partidistas.

El regidor, de hecho, ha llegado a asegurar que está «harto» de las demandas que recibía. En una de ellas, interpuesta con el sindicato de la Policía Local Sipla y Manos Limpias, se acusaba al socialista de un delito de malversación de fondos públicos por el pago de las horas extra, productividades y gratificaciones a trabajadores municipales. El caso fue archivado.