El Comercio

Sogepsa recurre el auto de la Audiencia para que asuma la titularidad del cuartel

  • El diputado popular Rafael Alonso critica el «uso fraudulento que hace la sociedad de los tribunales para dilatar el cumplimiento del fallo»

Sogepsa ha presentado un recurso de reposición contra el auto de la Audiencia Nacional que le obliga a asumir la titularidad del viejo cuartel de Langreo. Una maniobra que, en opinión del diputado regional del PP Rafael Alonso, supone «un uso fraudulento de los tribunales para dilatar, mediante un recurso, el cumplimiento de este auto de la Audiencia y que obliga a la sociedad mixta de gestión y promoción del suelo a ejecutar provisionalmente la sentencia que la condena a asumir la titularidad del inmueble». Alonso reclamó que la sociedad pública del suelo del Principado cumpla con su obligación «para atender una reivindicación de los langreanos que se está demorando demasiado en el tiempo».

El parlamentario popular denunció, asimismo, que en el recurso contra el auto de la Audiencia Nacional, el Ejecutivo de Javier Fernández utiliza un argumento falso e inexistente, como es la situación de preconcurso de acreedores de Sogepsa, cuando la propia consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, aseguró en el Parlamento asturiano que la sociedad había superado esta situación.

El inmueble fue abandonado en marzo de 2014 después de trasladarse los agentes al nuevo equipamiento, que llevaba cuatro años acabado y sin uso. Su construcción fue fruto de un convenio entre Sogepsa y el organismo autónomo encargado de gestionar los equipamientos del Ministerio del Interior (Giese).

Ultimátum municipal

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Langreo, que dio un ultimátum tanto a Sogepsa como al Giese para dirimir sus diferencias pues, en caso contrario, lo derribará de forma subsidiaria, sigue firme en esta decisión. Porque, como afirma el edil de Infraestructuras, Jonathan López, «el gobierno local está decidido a demoler el viejo acuartelamiento por cuestiones de seguridad». El recurso no coge por sorpresa al Ayuntamiento, pues ya el alcalde, Jesús Sánchez (IU), advirtió el día que lanzó el ultimátum que esperaba «una batería de alegaciones» con el propósito de retrasar todo el proceso.