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A. F. G. / M. V.
Martes, 24 de enero 2017, 00:09
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El gobierno local del PSOE en San Martín del Rey Aurelio está negociando el presupuesto de este ejercicio con el resto de grupos de la Corporación. Los socialistas, en minoría, precisan de más apoyos para sacar adelante unas cuentas estimadas en poco más de diez millones de euros, cifra similar al año anterior.
Fuentes municipales aseguran que la prioridad del proyecto es la mantener los servicios municipales y las políticas sociales. También se apuntó que, debido a la recesión económica, apenas habrá inversión para nuevos proyectos.
En el presupuesto de 2015, el Ayuntamiento destinó poco más de cuatro millones de euros al mantenimiento de los citados servicios. El gobierno local tampoco realizará ninguna consulta ciudadana para el diseño de las cuentas del Consistorio, ya que -explican-, «éste es un concejo pequeño y los ciudadanos tienen la posibilidad de trasladar sus necesidades de forma directa al Ayuntamiento. Por su parte, Izquierda Unida sí que ha desarrollado una campaña de recogida de iniciativas vecinales para intentar, al menos, introducirlas en los presupuestos municipales, si al final se cierra un acuerdo con los socialistas.
Deuda laboral
Por otro lado, el Ayuntamiento aprobó -con el apoyo de PSOE, PP y Somos y la abstención de IU- la petición del crédito para afrontar el pago de 175.879 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. De este total, 146.566 corresponden al desfase de las cotizaciones entre funcionarios y personal laboral, y 29.313 euros, al recargo
La deuda corresponde al desfase en la cotizaciones laborales de veintiocho trabajadores municipales de personal laboral que fueron nombrados funcionarios de forma ilegal, según quedó probado en una sentencia del TSJA ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo en 2005.
Ahora, el actual equipo de gobierno deberá ejecutar ese fallo. Por tanto, el Consistorio tendrá que hacerse cargo del desajuste en las cotizaciones. La deuda afecta a las anualidades de 2012 a 2016, ya que las anteriores han prescrito, y a un total de dieciocho trabajadores, pues los otros diez ya no forman parte de la actual plantilla municipal.
El proceso se inició en 1998, cuando el Ayuntamiento de San Martín acordó en sesión plenaria convertir en funcionarios a 28 trabajadores, pese a las presiones del Ejecutivo central.
El acuerdo fue impugnado por la Delegación del Gobierno en Asturias por lo que se inició un pleito judicial. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación planteado por el Ayuntamiento samartiniego y ratificó el fallo.
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