Cueria: «Solo pagué trabajos hechos, las irregularidades comenzaron con IU»

Tomás Cueria, frente al juez, antes de comenzar la vista oral. /  JUAN CARLOS ROMÁN
Tomás Cueria, frente al juez, antes de comenzar la vista oral. / JUAN CARLOS ROMÁN

El ex alcalde de Caso declara acusado de prevaricación al haber pagado 67.000 euros por cuatro contratos, tres de ellos caducados

MARTA VARELA LANGREO.

Tomás Cueria dimitió de su cargo como alcalde de Caso el pasado verano al conocer que la denuncia por presunta prevaricación, presentada por IU, había prosperado y se abría juicio oral. Cueria acataba así el código ético de los socialistas asturianos. Ayer se celebró, en el Juzgado de lo Penal de Langreo, la sesión que clarificará si el ex regidor cometió prevaricación por gestionar de forma irregular cuatro contrataciones públicas del Ayuntamiento. La Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. La defensa, por su parte, pide la libre absolución al entender que «pudo haber irregularidades, pero se limitó a abonar unos trabajos hechos por cuatro empresas en distintas áreas municipales».

El ex regidor casín defendió en todo momento su labor municipal y recordó que «Caso es un ayuntamiento de tercera con una persona que hacía de secretaria e interventora. En materia económica, su actuación fue impecable, pero en cuanto asesoramiento jurídico estamos huérfanos, con muchas carencias».

Cueria aseguró que, al llegar al gobierno casín en 2011, «me encontré un cajón con más de mil facturas impagadas y en una situación económica muy caótica». Mientras se iban poniendo en orden las cuentas municipales, el gobierno presidido por Cueria se fue encontrando con situaciones «complicadas de gestionar». Es lo que ocurrió en 2015 con cuatro contratos -tres de ellos caducados- por los que se sentó ayer en el banquillo.

El denominador común es que el regidor dio orden de pagar a cuatro empresas diferentes por los servicios que habían realizado al ayuntamiento, a pesar de que la secretaria-interventora mostró su disconformidad con realizar dichos pagos. Esta funcionaria -la misma que en su día puso inconvenientes en el concejo de Aller por el abono de una subvención, lo que llevó a su alcalde a los tribunales (de los que salió absuelto)- tomó posesión del cargo en 2012, pero no fue hasta 2015 cuanto tomó conciencia de estas irregularidades y comenzó a advertir de que no recomendaba el pago de los trabajos realizados.

Una vez realizados esos reparos y con una nueva Corporación en marcha, el actual portavoz de IU en este municipio, Javier Alonso Lozano, se encontró, examinando expedientes municipales, con las labores de desbroce en el concejo a través de una subvención del Principado para la prevención de incendios.

Aquellos trabajos corrieron a cargo de la empresa Cofoso, cuando estaba en marcha la elaboración del procedimiento de contratación de los mismos. A este respecto, el ex primer edil aseguró ayer: «No encargamos los trabajos, pero nos comunicaron que estaban hechos. Paralizamos el proceso de contratación para no generar nuevos problemas, y los abonamos». Fueron 33.817 euros. Sin embargo, ninguno -ni Cueria ni la interventora- fueron capaces de explicar quién ordenó a esta empresa que llevase a cabo las actuaciones. Ni siquiera la edil de Ganadería, quien reconoció que avisó al alcalde de este hecho, pero que lo hizo por una publicación que vio en Facebook sobre este asunto.

«Por interés vecinal»

El resto del dinero -hasta los 67.000- se destinó a pagar los trabajos realizados por tres empresas, que, insistió, habían sido contratadas en anteriores gobiernos municipales y por la anterior Alcaldía, de IU. Gesport Nalón SL tenía un contrato desde 2008 para impartir clases de gimnasia; Vilzar SL, desde 2014, para la limpieza de las dependencias municipales) y Aqualia SA, desde 2004, por la explotación, mantenimiento y conservación de distintas depuradoras rurales. En los tres se requería una renovación anual, por lo que el ex alcalde dijo que, al tiempo que abonaban sus servicios, dio la orden de que se subsanaran las irregularidades y salieran a concurso público. Salvo en el caso de Vilzar, que no se volvió a presentar, fueron adjudicados a las mismas empresas.

En los cuatro casos, el ex alcalde socialista puntualizo que «estaba contra la pared, porque molestaba a muchos. Si no pagaba, podían acusarme de enriquecimiento ilícito, porque habían trabajado para el Ayuntamiento y no había cobrado, y después de pagar recibí una denuncia». Así lo aseguró a la salida del juicio, que ayer quedó visto para sentencia. «Nunca me llevé ni un euro para casa, tomé decisiones políticas que consideré adecuadas» aseveró el ex mandatario, porque en servicios como la limpieza o la depuración de aguas «no se podía esperar tanto tiempo» y siempre obró «pensando en el interés vecinal».

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