Las defensas de Moreno y Villalta admiten «errores» en el pago de ayudas

Villalta y Moreno, en el banquillo de los acusados./ P. LORENZANA
Villalta y Moreno, en el banquillo de los acusados. / P. LORENZANA

Luis Tuero y Ángel Luis Bernal afirman que las «irregularidades» del proceso se deberían dilucidar en un juzgado de lo Contencioso y no Penal

ALEJANDRO FUENTE OVIEDO.

Las partes expusieron ayer sus alegatos finales en la segunda sesión del juicio contra el alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta. Ambos se enfrentan a diez años de inhabilitación para ejercer cargo público. El caso, por una presunta prevaricación administrativa por dar subvenciones a una asociación deportiva, quedó visto para sentencia, que dictará la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, la juez Elena González Álvarez. Por un lado, los dos letrados de las defensas, Luis Tuero y Ángel Luis Bernal, se centraron en la base nuclear de la denuncia, interpuesta en su día por el PP. Sí, admitieron que pudo haber «posibles irregularidades» en el proceso de concesión de estas ayudas desde 1996 hasta 2014 -unos 600.000 euros-, pero reconocieron que, en todo caso, son errores administrativos que tendrían que ser dilucidados en un juzgado de lo Contencioso-administrativo.

«No se ha producido un hecho tan grave ni relevante, ni existe un 'plus' que justifique una causa penal», apuntó el letrado de Villalta, Tuero. ¿Por qué? Primero, explicó el abogado, porque no se ha podido demostrar que los dos responsables políticos actuaran «por encima de todo y de todos ni para beneficiar a alguien» en la aplicación de su criterio, y abonaron sucesivamente las subvenciones a pesar de que había reparos del interventor municipal. Que estas «discrepancias», que tienen cabida en la ley, pueden ser «erróneas» -de hecho, se vieron diferentes interpretaciones por parte de los funcionarios durante ambas sesiones del juicio- y que, tal y como declaró ayer quien fuera secretario desde 1991 a 2001 había «una obligación legal de afrontar el pago a la entidad deportiva», porque se había justificado la prestación de un servicio en el polideportivo de Sotiello, en Moreda.

Otro de los argumentos de las defensas fue, precisamente esos constantes reparos a los pagos desde 2005. «Los interventores discreparon de ellos, pero no dieron soluciones ni alternativas, y no pusieron reparos a los presupuestos que sí que contemplaban partidas para efectuar los abonos», señaló Bernal, letrado de Moreno. El motivo, acusó, era porque esos funcionarios querían cubrirse las espaldas ante posibles fiscalizaciones posteriores y evitar ser responsables por no realizar una advertencia. «Pero lo cierto, es que nunca se alertó a los regidores de estar cometiendo una prevaricación, que no es el caso». Las partes, por tanto, pidieron la libre absolución de los acusados.

La Fiscalía fue muy dura en su calificación final. Les acusó de querer beneficiar directamente a esta asociación en concreto, ya que se formó en 1995 y al poco ya recibió la primera subvención de unas 300.000 pesetas de entonces sin convenio de por medio, ya que éste se firmó posteriormente. Insistió en que no se cumplieron los preceptos para este tipo de prestaciones por parte de una administración, como es la libre concurrencia, la objetividad y la publicidad. «Había interés en que fuera esta asociación en concreto», dijo la fiscal. Mantuvo la petición de diez años de inhabilitación, a la que se sumó la acusación del PP.

Mallada no declaró

A la sesión de ayer estaban llamados para declarar varios testigos, entre ellos, quien fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento, María Teresa Mallada, actual presidenta de Hunosa. Finalmente, no fue necesario su intervención ya que las defensas renunciaron a su testifical. El acusado, David Moreno, explicó que el motivo por el que Mallada no fue llamada a declarar es que no iba a aportar más de lo que ya estaba en las actas de las sesiones plenarias. Y es que, tal y como testificó en la vista quien fuera edil de Deportes por IU, Alfredo González Arango, los populares llegaron a exigir al equipo de gobierno de Aller el pago de la subvención para que los monitores percibieran su paga y poder mantener el servicio. Eso ocurrió cuando hubo problemas de crédito en el Consistorio.

Moreno, a la salida del juzgado, se mostró satisfecho con los testimonios y afirmó que espera que «se acabe ya este proceso, que llevo sufriendo durante cuatro años».

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