Exediles de Aller denunciados defienden que «el geriátrico de Felechosa era importante»

Patricia Díaz Baizán. / PARDO

La marca local de Podemos solicita que se abran diligencias para determinar las posibles responsabilidades de la Corporación de 2007

MARTA VARELA CABAÑAQUINTA.

Uno de los proyectos estrella del municipio de Aller, llamado a ser un gran motor económico, ha entrado bajo vigilancia judicial. Nada parece estar claro en relación con el geriátrico que el Montepío de la Minería construyó en la localidad de Felechosa.

Su construcción se enmarca en las investigaciones del denominado 'caso Hulla' y está pendiente de una petición por parte de la fiscalía que imposibilitaría al Montepío a venderlo o usarlo como garantía hipotecaria. Además, desde el pasado viernes, este proyecto entra en la vida municipal allerana en forma de denuncia sobre su construcción.

La edil Patricia Díaz Baizán, de Xente por Aller, presentaba en el juzgado lenense una denuncia contra «la totalidad de los miembros que formaban parte de la Corporación allerana durante los años 2008, 2009 y 2010, por presuntos delitos de prevaricación, dejación de funciones y abuso de atribuciones». La marca local de Podemos enumera catorce puntos que pueden ser constitutivos de delito e insta a la justicia a abrir diligencias para determinar «las responsabilidades en que han incurrido el o los responsables municipales», si las hubiera.

La corporación denunciada, de la que aún continúan en la vida política allerana algunos miembros como el actual alcalde o el portavoz del PP, prefieren esperar para pronunciarse al respecto.

Respeto

Desde las distintas formaciones políticas implicadas se pide respeto a las investigaciones que se están llevando en el proceso abierto por la denominada 'Operación Hulla'. Se trata del proceso que investiga si hubo desvíos de los fondos mineros concedidos por el Instituto del Carbón a partir de 2009 para la construcción de dicho geriátrico.

Algunos de los exediles alleranos, manifestaron ayer su sorpresa ante la presentación de esta demanda. La mayoría manifestaron que las decisiones se tomaron por mayoría ya que «entendíamos que se trataba de un proyecto importante para el municipio, que iba a crear empleo estable. Era de interés pero no por ello cometimos irregularidades, todo se aprobó conforme a la ley, y por el bien del concejo». Ninguno entiende que se puedan derivar responsabilidades de sus actuaciones, puntualizando que «hay que respetar el proceso que se está llevando a acabo para conocer que ocurrió con ese proyecto, esta denuncia se hace para buscar un rédito político no para esclarecer la verdad».

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