Moreno y Villalta defienden la legalidad en el pago de subvenciones en Aller

Gabriel Pérez Villalta y David Moreno sentados en el banquillo del juzgado ovetense. /  PABLO LORENZANA
Gabriel Pérez Villalta y David Moreno sentados en el banquillo del juzgado ovetense. / PABLO LORENZANA

«Nunca llevamos dinero a casa, no falta un euro», afirman. Los técnicos declaran que el convenio no se ajustaba a la ley

MARTA VARELA OVIEDO.

Llegaron al juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo tranquilos y seguros de que los pagos que realizaron entre 1996 y 2014 «se ajustan a la legalidad». El actual alcalde de Aller, David Moreno, afirmó incluso que tiene pruebas «que lo demuestran». Junto a él, su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, quien durante 28 años estuvo al frente de la Corporación allerana. Ambos afrontaron así el primer día del juicio motivado por una denuncia del PP por la que ambos se enfrentan a un delito continuado de prevaricación. La segunda sesión se celebrará el próximo día 25.

La Fiscalía les pide una condena, a cada uno, de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y abono de las costas procesales. Tanto Villalta como Moreno se declararon inocentes y sus defensas solicitan la libre absolución. Por este motivo, mantuvieron en todo momento que «los pagos mensuales a la Asociación para la Enseñanza y Promoción del Deporte en Aller se hacían en base a un convenio en vigor por los servicios que prestaban en el polideportivo de Sotiello».

Sin embargo, los reparos iniciados desde Intervención municipal en 2005 y ratificados con informes de Secretaría han llevado a Moreno y Villalta a sentarse en el banquillo de los acusados. Son escritos negativos emitidos mensualmente que indican que el convenio «no estaba vigente y que no se ajustaba a la Ley de Subvenciones de 2003». A pesar de ellos, el regidor actual y su antecesor aseguraron que el convenio seguía vigente y que, por tanto, «los pagos eran legales».

Gabriel Pérez Villalta recordó incluso que «una vez que no se pagó a los monitores en el Pleno, la entonces concejala del PP María Teresa Mallada (hoy presidenta de Hunosa), me dijo que si se volvía a suceder me atuviese a las consecuencias. Yo pagué y ahora me llevan a los juzgados». El exalcalde aseguró que cada mes se pagaba a los monitores por el trabajo que hacían «y lo llamábamos el reparín porque no le dábamos importancia, ellos trabajaban y teníamos que pagarles».

Moreno explicó al juez que «conocíamos los reparos pero siempre creíamos que era legal el convenio de 1996, el reparo de Intervención se fundamentó siempre en la Ley de Subvenciones pero cuando se firmó el convenio no había tal ley y nosotros siempre pagamos por los servicios de monitores». El actual regidor allerano explicó que «cuando desde el PP interpusieron la querella, rompí de forma unilateral el convenio de 1996, tuvimos que cerrar el polideportivo 19 días hasta hacer un contrato acorde a la ley actual. Ahora tenemos menos actividades deportivas y pagamos más».

Tanto Villalta como Moreno insistieron en el juzgado en que «somos inocentes». «Nunca nos llevamos dinero para casa de las arcas municipales», dijo Villalta, mientras que Moreno argumentó que «no falta ni un solo euro en Aller». De ahí, que sus abogados pidan la libre absolución. En parte, según explicaron los imputados, basándose en que «la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas, conocedores de los reparos puestos por Intervención y de los informes negativos de Secretaria, nunca advirtieron de irregularidades». Incluso el Tribunal de Cuentas archivó la causa presentada por los populares alleranos a este respecto advirtiendo, en un auto previo, de que cerraba el caso al entender que «no hubo menoscabo para las arcas municipales». Moreno insistió en que «se nos juzga por un proceso administrativo, no por llevarnos dinero».

Ley General

La vigencia o no, del convenio firmado en 1996, centró los testimonios de las tres interventoras, dos secretarias y un secretario que pasaron por el Ayuntamiento de Aller en este periodo. De los mismos, se desprendió que hasta 2005 ningún técnico, ni concejal del Ayuntamiento pusieron reparos al abono de los servicios prestados, que se realizaba mensualmente y que se reflejaba en los presupuestos anuales, en el capítulo IV del apartado de subvenciones.

En las diferentes intervenciones, se clarificó que las primeras suspicacias de los técnicos respecto a que algo se podía estar haciendo de forma irregular surgieron según se iban acomodando a la Ley General de Subvenciones de 2003, que impide dar una ayuda por los servicios presentados, como se hacía en Aller en el ámbito deportivo. Pero no fue hasta 2005 cuando la entonces interventora, Montserrat Sesmero, que llevaba en el cargo desde 1992, «consciente de que había que hacerlo de otra manera», emitió los primeros informes mensuales poniendo 'reparos' al pago de dicha subvención, argumentando entonces de que «no se ajustaban a la normativa».

Sesmero, sin embargo, puntualizó que cuando se realizó el primer convenio, en 1996, se hizo una convocatoria pública y la ganó la Asociación para la Enseñanza y Promoción del Deporte en Aller. Recordó que se firmó el convenio, que al año se prorrogó, y que después se fueron realizando los pagos «mes a mes» porque siempre se entendió, por ambas partes (Asociación y Ayuntamiento), que el convenio se «iba prorrogando de tácito». Sesmero matizó que cuando a finales de 2004 «la junta de gobierno cambió una cláusula del convenio inicial, entendí que era una modificación sustancial, y que se debió hacer un nuevo convenio porque el del 1996 ya no era vigente». La interventora comenzó a emitir reparos a los pagos mensuales. Según dijo, «toda la Corporación estaba informada y el Pleno, todos eran conocedores de la situación».

Estos informes mensuales negativos fueron la base para que los siguientes interventores y secretarios, como ellos mismos declararon, pusiesen en tela de juicio la vigencia del convenio de 1996, en el que se hablaba de una subvención para abonar cada mes el trabajo de los monitores deportivos. Así lo explicó María del Carmen Bernardo, secretaria municipal de Aller de 2007 a 2016. «Emití informes desfavorables basándome en el de reparo de Intervención, porque no me constaba la existencia de convenios ni de prórrogas, según la documentación que se me facilitó». Y puntualizó que «se llamaba pago por subvenciones cuando siempre consideré que era un contrato porque se pagaba por un servicio prestado en base al informe que presentaba el coordinador de Deporte sobre las horas que impartían los monitores en Sotiello».

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