«No hemos robado nada», aseguran Moreno y Villalta

Gabriel Perez Villalta y David Moreno, en el banquillo. /Pablo Lorenzana.
Gabriel Perez Villalta y David Moreno, en el banquillo. / Pablo Lorenzana.

El actual alcalde y el exregidor de Aller se sentaban hoy en el banquillo acusados de un presunto delito continuado de prevaricación

Marta Varela
MARTA VARELAOviedo

El actual alcalde de Aller, David Moreno, y su predecesor, Gabriel Pérez Villalta, se sentaban esta mañana en el banquillo del Juzgado número 2 de Oviedo acusados de un presunto delito continuado de prevaricación en la concesión de una subvención mensual a los monitores deportivos. Durante 18 años, todos los meses se pagaba a los monitores deportivos del polideportivo de Moreda, en aras de un convenio firmado en 1996.

Tanto Moreno como Villalta fueron claros: «no hemos robado nada, nunca nos llevamos dinero para casa». Ya dentro de la sala, en esta primera sesión, los acusados defendieron su labor municipal y negaron cualquier trato de favor, porque «no les conocía, ellos ganaron un concurso público», confirmaba Villalta.

Sin embargo, desde la Fiscalía y la acusación particular del PP recordaron que los imputados firmaban cada mes el pago a los monitores y que desde intervención y secretaria se ponían reparos a ese pago. Por eso a ese pago a los monitores se conocía según Villalta como «el reparín». Reparos que se fundamentaban en la ley de Subvenciones de 2003, posterior a la firma del convenio(1996), que desde la corporación se consideraba vigente.

En su declaración, Moreno apuntó que «en su día se redactó como una subvención pero no coincide con la actual ley, en realidad se trataba de un pago por unos servicios prestados que se reflejaba en los presupuestos y que nadie denunció nunca».

Los diferentes testigos, que en diferentes periodos ejercieron como interventoras y secretarios en dicho ayuntamiento, coincidieron en señalar que los reparos a dicho convenio comenzaron 2005, tras entrar en vigor la ley de subvenciones de 2003, que recoge que hay nuevos criterios a la hora de otorgar subvenciones. Mientas, los testigos de la parte más política coincidieron con los acusados en manifestar que estaban en la creencia de que el convenio de 1996 estaba en vigor y que no se hacía nada incorrecto ya que se pagaba por unos servicios prestados.

El juicio continuará en una segunda sesión el jueves 25 de enero, a la que acudirán nuevos testigos para intentar de clarificar los hechos.

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