«¿Por qué dicen que compraron 42 sillas si no teníamos más que ocho alumnos?»

«¿Por qué dicen que compraron 42 sillas si no teníamos más que ocho alumnos?»

Ocho directores declaran en la instrucción del supuesto fraude en el suministro a colegios e institutos en la etapa de Iglesias Riopedre

R. MUÑIZ OVIEDO.

La magistrada-juez María del Carmen Blanco sigue tratando de poner luz en el supuesto fraude cometido en la Consejería de Educación durante el último año y medio en el que mandaron José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero. La instructora tomó ayer declaración a ocho directores de colegios e institutos de Tineo, Cangas del Narcea, Vegadeo y Gijón. Se les enseñó las facturas que el Principado pagó a Igrafo y APSA para amueblar sus centros y la mayoría adujo que esos enseres ni los habían encargado, ni los recibieron, ni la firma que figura a su nombre en los albaranes se corresponde con la real.

Tras revisar con detalle los documentos, los docentes advirtieron de otras contradicciones. «¿Por qué dicen que compraron 42 sillas de Infantil si no tenemos más que ocho niños?», reflexionó uno de ellos. «El sello de nuestro centro no es el que aparece en el albarán, ni esa mi firma, es que ni siquiera es mi letra», abundó otro, según fuentes judiciales. «Puede que esa sea mi letra, pero es imposible que recibiéramos mesas de lectura y de comedor porque en el centro no tenemos ni biblioteca ni comedor», añadió otro.

El descuadre entre lo abonado por Educación y los enseres que los directores de estos ocho centros no reconocen alcanza un valor de 256.000 euros. La investigación está abierta a raíz de dos informes del Principado que estiman en más de cuatro millones el supuesto fraude cometido en 87 centros.

Para elaborar esta pericial, la consejería remitió a todos sus colegios e institutos las facturas abonadas a Igrafo y APSA en 2009 y el primer semestre de 2010. El objetivo de los letrados de la administración era que este informe de daños fuera aprovechado en el juicio del 'caso Renedo', de forma que a partir de él se determinara los fondos que debían devolver el exconsejero Riopedre, la ex directora general Otero, y los dueños de las empresas. Sin embargo al Principado se le pasaron todos los plazos. La investigación del 'caso Renedo' estuvo abierta desde 2010 hasta 2014 y no fue hasta finales de 2015 cuando cerró el informe de daños. Al verlo, la Audiencia y la Fiscalía concluyeron que no podía incorporarse al sumario y tocaba iniciar una segunda causa para depurar los hechos.

La versión de las defensas no niega el descuadre de las facturas, pero sostiene que los bienes o se entregaron en otros centros o fue la manera de cobrarse obras realizadas. Por eso llevan años requiriendo al Principado que presente un inventario de sus muebles. La administración no dispone de él, aunque los directores que están compareciendo sí lo hacían para cada uno de sus centros. A preguntas de la letrada de Otero, Ana Muñiz, alguno de los testigos sí admitió que en esa misma época su centro fue objeto de reformas y trabajos que quizás fueron gestionados por Igrafo o APSA.

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