María Esther Fernández García: «Es difícil explicar que el 'caso Renedo' tarde siete años en tener sentencia; no sé qué falló»

La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, en su despacho. / PABLO LORENZANA

«¿Qué hacemos con los que quedan absueltos y ya los habíamos matado socialmente? No estamos rehabilitando a esa gente a la que se machacó»

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

Hace cuatro años que cogió las riendas de la Fiscalía Superior del Principado, un destino querido pero difícil. «Lo que funciona, es complicado mejorarlo», señala. Desde entonces Esther Fernández (Gijón, 1959) se ha manifestado siempre alto y claro sobre la corrupción en Asturias. Sigue haciéndolo, también para hablar a contracorriente. En esta entrevista manda un toque de atención sobre lo que ocurre cuando los denunciados, investigados o acusados acaban resultando inocentes.

--En 2014 dijo recibir una «avalancha» de denuncias de corrupción. ¿Ha bajado esa marea?

-De estos asuntos antes nos enterábamos por los organismos de control de la administración. Con la crisis, sí hubo un momento en el que afloraron muchas denuncias, gran parte de ellas sobre hechos ya prescritos. Ahora se archiva menos, llegan casos sobre 2013 y siguientes.

«Descaradamente nos usan con denuncias sin base; deberíamos poder inadmitirlas de inicio» «Cuando se tarda tanto tiempo la decisión no contenta a nadie; ni al ciudadano ni al acusado»

-¿De cuántas denuncias habla?

-Hubo un pico en 2012, se mantuvo con altibajos y, ahora, en 2016, hemos tenido otro. Fueron 114 asuntos incoados, un 18,75% más que el año anterior. El delito estrella es la prevaricación; pasamos de 23 asuntos en 2015, que ya era mucho, a 35, el número más alto.

-¿Qué hay detrás de esa cifra?

-En contratación, se hacen con mucha frecuencia fraccionamientos; sacar en cinco encargos menores lo que debía hacerse en uno solo que exige un trámite más transparente y te retrasa mucho. En temas de personal, se obvian total y absolutamente los concursos públicos de méritos y se va a la contratación directa. En gestión de fondos públicos, vemos que se resuelven saltándose el procedimiento administrativo de una forma descarada.

-¿Todavía?

-Pues sí. Una persona para malversar lo primero que hace es dictar una resolución injusta a sabiendas, que es lo que recoge la prevaricación. Ahora lo que estamos teniendo son prevaricaciones que no se acompañan de otro delito.

-Intuyo que con 114 asuntos tiene margen para darnos sorpresas.

-A ver... Cada año aparecen cosas que no nos esperábamos.

-Siempre se queja en esto de los «profesionales de la denuncia».

-Es una cruz. Había uno que venía siempre a denunciar que le controlaban el cerebro con el microondas. Luego tienes gente que descaradamente se aprovecha y nos utiliza con denuncias sin base.

-¿No lo pueden evitar?

-Deberíamos poder inadmitir las denuncias sin base, porque así no tendrían repercusión mediática. Muchas veces lo que pretende el denunciante es solo eso, que se incoen las diligencias de investigación, y ver esa noticia. Pero es que ahora estamos obligados a incoarlas siempre.

-¿Falta una reflexión sobre cómo rehabilitar a quien es denunciado y termina absuelto?

-Ahí está el quid. ¿Qué hacemos con aquellos a la que hemos matado, si no civil, sí socialmente?

-Es lo que le pregunto.

-Si lo supiera... Ahora estamos en un mundo de comunicaciones en el que, a los cinco minutos, una noticia aparece en todas partes, incluso si no la da un medio oficial, y es solo un comentario de alguien que ha oído que esa persona es un chorizo.

-¿No hay nada que puedan hacer?

-¡Lo hacemos y nos meten en el mismo saco! Cuando la sociedad ha condenado desde el minuto cero a una persona, y casi ejecutado, aunque luego llegue la Policía, el fiscal o el juez y digan que no hay nada, da lo mismo, se nos mete a todos en el mismo saco, somos todos corruptos y algo hemos hecho.

-Policías, fiscales, y jueces también acusan erradamente.

-Somos humanos, y todos nos equivocamos. Pero cuando al señor al que llamaban chorizo le dan la razón, la sociedad no está dando marcha atrás. No estamos rehabilitando a la persona que hemos machacado y preferimos meter en el mismo saco a los que no nos dan la razón. Al final, es elevar aquel comportamiento de que 'el profe me tiene manía', sin darse cuenta de que a todos, a cualquiera, nos puede pasar que nos denuncien.

-A usted le pasó.

-Cualquier loco puede decir lo que quiera y machacarte la vida. Y hoy no puedes hacer nada. Espero que en algún momento acabemos reaccionando y encontrando un sistema para arreglar esto.

-En unas semanas se espera conocer el fallo del 'caso Renedo'. La denuncia se puso en febrero de 2010. ¿Cómo explica que esta causa tarde siete años en tener sentencia?

-Es difícil de explicar. No sé qué falló. Yo cuando llegué aquí la instrucción se supone que estaba acabada, luego hubo recursos, cosas que pulir, pero...

-¿No corremos el riesgo de que siendo tan lentos seamos menos justos?

-No lo corremos, es un hecho que es así. Hay causas que es imposible sacar adelante en poco tiempo, pero por otro lado, cuando se tarda tanto la sentencia no contenta a nadie. Uno no puede tener el conflicto abierto tantos años, porque al final cuando lo solucionas ya no le quitas la frustración a la sociedad, porque ha visto que durante estos años no ha pasado nada. Tampoco lo arreglas con los imputados, que dicen, 'oye, yo la he hecho ahora, sancióname ahora, no dentro de diez años, cuando tengo otra vida, otro mundo, me he rehabilitado...'. Pero este es un problema no de España, es mundial.

«Mejor un mal acuerdo»

-¿Sigue pensando que en el 'caso Renedo' habría sido mejor llegar a un acuerdo que evitase el juicio?

-Vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Soy partidaria de las conformidades, porque aceleran los plazos y despejan mucho el camino de la administración de justicia, al renunciar el condenando a recurrir. Desde el punto de vista moral, tienen la ventaja de que el acusado reconoce que lo ha hecho mal y lo acepta. La rehabilitación empieza por eso. A mí me satisface más que ver al condenado recurriendo, negando los hechos y tratando de presentarse él como una víctima.

-Hubo acusaciones que se negaron a pactar al entender el juicio como una catarsis. Como si ver al acusado en el banquillo fuera su primer acto de resarcimiento.

-Sentar a alguien en el banquillo nunca es la meta, no puede serlo. El objetivo es conocer la verdad de lo que pasó y sancionar a quien corresponda. Yo cuando siento a alguien en el banquillo es porque estoy convencida al 100% de que debe ser condenado, pero luego pueden salir otras cosas y hay que asumirlo.

-Las condenas por corrupción empiezan a llegar. ¿Cuál es su criterio el día después? En el 'caso Renedo', ¿a partir de cuántos años de condena pedirán el ingreso en prisión sin esperar al recurso?

-El número de años será un criterio importante, pero también otros factores como el riesgo de fuga. Habrá que estudiarlo bien.

-¿No es una anomalía que a ese proceso le haya salido una segunda causa, en la que se investigan, ahora, facturas de 2009?

-Tiene su razón de ser. En 2012 en el proceso principal se detectó en cinco colegios que faltaba material por el cual se había pagado y se dio traslado al Principado para que remitiera un informe a ver si ellos habían detectado eso en más colegios. No contestó y se entendió que es que no se detectaron más irregularidades. Cuando presentó el informe, en 2015, ya no se podía incorporar al juicio.

-¿Por qué se tardó de 2012 a 2015?

-Habrá que preguntárselo al Principado.

-Además de ágil, para ser justa, la sentencia debe ser proporcional. En este caso se piden diez años a gente por corrupción, mientras homicidios como el de 'Tomasín' a su hermano se saldaron con cinco años. ¿No se nos está yendo la mano?

-Una de las causas que produce la inaplicación de un tipo delictivo es que las penas que lleve aparejadas sean excesivamente altas o bajas. Aquí la sociedad reclamaba más rigor para castigar este tipo de delitos y yo lo que tengo que hacer es aplicar lo que ha decidido el legislador, no cuestionarlo.

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