«Soy lego en derecho, todo lo que hice fue con el visto bueno del asesor jurídico», alega el exgerente del Gitpa

«Soy lego en derecho, todo lo que hice fue con el visto bueno del asesor jurídico», alega el exgerente del Gitpa

Juan Manuel Rodríguez rechaza haber prevaricado hace nueve años

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

Juicio al primer director gerente de la empresa pública Gitpa, sociedad creada por el Principado para extender la red de fibra óptica, banda ancha y repetidores de la TDT. El fiscal y la acusación popular que ejerce el PP sostienen que Juan Manuel Rodríguez prevaricó al fraccionar una serie de contratos menores que permitieron otorgar de manera directa unas asesorías jurídicas a Garrigues. El procesado se ha declarado inocente. “Soy lego en derecho, todo lo que hice fue con el visto bueno del asesor jurídico”, adujo. El asesor jurídico de la compañía era, también, Garrigues, pero el exgerente recordó que el consejo de administración los seleccionó antes de su llegada a la empresa.

“Siempre se planteó Gitpa como una empresa de responsables, como la llamo yo, un núcleo de gente capaz, con conocimientos técnicos en redes y que todo lo subcontrataba, que era la práctica de todas las empresas de telecomunicaciones”, recordó el procesado. Él fue fichado en agosto de 2006 “y durante casi un año fui el único empleado”, puntualizó. Al llegar, reiteró, se encontró con que el consejo de administración había reclutado a Garrigues como secretario del mismo y asesor jurídico “el mismo día 6 que me contrataron a mí”. La fiscal especialista en delitos contra la administración pública, Esperanza González Avella, dijo haber estado estudiando el asunto y “no hay contratos escritos, solo en 2011, ¿qué eran? ¿acuerdos verbales?”. El exgerente defendió que al bufete se le hacía encargos “con contratos menores, con la legislación que había en ese momento no hacía falta documentarlos de otra forma”.

“De repente, sorprensivamente, en octubre de 2008 mi comunican que nos vamos a hacer cargo del despliegue de la TDT”, relató el procesado. Fue “un encargo puntual, para el que no teníamos medios, pero al que no podíamos negarnos porque somos una empresa del Principado”. Quedaban por delante quince meses para el apagón analógico así que la Administración regional descargó el asunto en el Gitpa “creo que porque sabían que éramos rápidos y eficaces”, defendió. En diciembre ya estaban listos dos pliegos, pero en las conversaciones con Garrigues, el despacho advierte de que su trabajo corriente con le sociedad no cubría la revisión de los mismos. “El acuerdo era de unos ocho o nueve contratitos al año, y aquello lo sobrepasaba, también por la cuantía; veníamos licitando tres o cuatro millones al año y esto pasaba a 25”, precisó el exdirectivo. “Es entonces cuando nos hacen una oferta para hacernos cada una de las encomiendas, que eran distintas, con objetos distintos, plazos de ejecución distintos y trabajo material distinto”, defendió.

La fiscal opuso que las facturas repetían el mismo concepto: “Asesoramiento legal para la extensión de la TDT”. Dada la simetría, mantiene que lo que se hizo fue fraccionar un encargo de mayor cuantía en varios pequeños, para así poder adjudicarlos directamente al mismo bufete, sin tener que mediar concurso. “¿Por qué Garrigues? Ustedes tenían unas normas de contratación por las cuales se sujetan a la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué Garrigues presta siempre el mismo servicio en lugar de convocar a un concurso para que puedan acudir diferentes bufetes?”, inquirió. El acusado reiteró que cada contrato hecho con el despacho “era distinto” y que, en todo caso, “hice lo que me dijo la asesoría jurídica, en la que confiaba”. “Entiendo que es un bufete de primer orden, en el que tengo plena confianza no solo yo, sino el consejo de administración, no me va a hacer cometer una ilegalidad”, argumentó.

En la misma línea, quien entonces era el representante de Garrigues en Gitpa defendió que cada encargo que supervisó su bufete era “absolutamente distinto” en plazos, pliegos y actuaciones, motivo que justificaba segregarlos en contratos distintos, de forma que si uno fallase, el otro pudiera culminarse.

Luis Venta Cueli

A pesar de las explicaciones la fiscal mantuvo su petición de condena a ocho años de inhabilitación para el cargo público, la misma que planteó el letrado Luis Tuero, en representación de una acusación popular detrás de la cual está el PP. La formación fue la que activó la vía judicial, al llevar a la Fiscalía de Asturias un informe de la Sindicatura de Cuentas que apreciaba indicios de fraccionamiento en los citados contratos. Cabe señalar que el organismo fiscalizador del sector público tiene por principio elevar sus dictámenes a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, para que los supervise e inicie acciones penales o contables si lo estima conveniente.

En este caso, fue el diputado popular Luis Venta Cueli quien dio el paso entregando el citado informe. Tras estudiar la causa, la fiscalía presentó una denuncia contra el exgerente y ofreció a los populares la posibilidad de personarse como acusación. La formación no lo tramitó entonces, con lo que la fase de instrucción fue avanzando, desde 2006, sin otra acusación que la del Ministerio Público. Fue con las calificaciones ya presentadas y a pocas semanas de celebrarse cuando el partido reacciona y solicita personarse como acusación, en nombre del Grupo Parlamentario o el diputado.

La magistrada-juez María Elena González, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, desestimó la personación del Grupo Parlamentario, "por cuanto se trata de un ente sin personalidad jurídica y por tanto sin capacidad de ser parte procesal". Aplicando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, recordó que la legitimación de los grupos parlamentarios se ciñe a la "protección de los derechos fundamentales insitos en la función de parlamentarios". Sí admitió en cambio la personación como acusación popular de Venta Cueli "como persona física, mediante la aportación de un poder y la prestación de la fianza". La magistrada-juez impuso al diputado una caución de 3.000 euros y le recordó que, según la doctrina del Tribunal Supremo, al incorporarse con la acusación del fiscal ya formalizada, podía adherirse a su escrito, participar en el juicio pero "sin perjudicar el derecho de defensa con actuaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso"

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