Expertos jurídicos y colectivos de atención a las víctimas urgen penas más duras y completas

Expertos jurídicos y colectivos de atención a las víctimas urgen penas más duras y completas

La nueva agresión del 'violador del estilete' reabre el debate sobre la necesidad de mantener o derogar la prisión permanente revisable

CHELO TUYA GIJÓN.

«Son depredadores. Pueden atacarte a ti, a mí o a cualquiera. Son unos delincuentes, además, que no tienen solución. Aunque estén veinte años en la cárcel, van a volver a agredir. Yo no les dejaría salir nunca». Es la más contundente. La única de todos los consultados que aboga, sin tapujos, por «la prisión permanente revisable» como la única solución. Dirige ella el único centro de Asturias de atención a las víctimas de violación. El que Cavasym tiene abierto en Gijón desde hace 32 años. Mariti Pereira lamenta que «se hable mucho de violencia de género, pero no de violencia sexual. Sigue siendo la hermana pobre de todas las políticas y es necesario un cambio radical».

Un cambio que exigen todas las entidades feministas y de protección a las víctimas. Sin embargo, en cuál debe ser no hay acuerdo. La nueva agresión del considerado 'violador del estilete', que le ha llevado de nuevo a la cárcel, ha reabierto el debate sobre la derogación o mantenimiento de la prisión permanente revisable. El padre de Diana Quer, la joven asesinada en Galicia por otro depredador sexual, apodado 'El Chicle', ha puesto en marcha una campaña en las redes sociales para mantener ese tipo de condena.

«Ciertamente, estamos ante el perfil de delincuente en el que existe mayor tasa de reincidencia, aún así, no supera el 15% del total. ¿Adoptamos medidas extraordinarias después de haber cumplido la pena para todos, incluido el 85% que no va a delinquir».

La pregunta la hace un experto en la materia. El catedrático Javier Fernández Teruelo, autor del mayor análisis sobre los feminicidios en España y los resultados del sistema de protección, cree que las penas previstas ahora por un delito de violación «son más duras, puede llegar hasta los 15 años de prisión» en un código penal que tiene previstas, explica, «según los casos, penas máximas de 20, 25, 30 y 40 años».

Como ocurre con ese 15% de maltratadores que llegan al feminicidio y se entregan o suicidan, con los depredadores sexuales la dureza o no de la pena puede no ser la salida. «Una vez cumplida la pena de prisión se puede activar una segunda media, la libertad vigilada, que permite establecer ciertos controles al sujeto, como estar localizable durante diez años más».

Un control posterior que, para Dulce Gallego, resulta clave. «Con 54 violaciones y un intento en Lugo, más la agresión cometida en Oviedo, está claro que este tipo de individuos son un peligro potencial y los 32 años de cárcel no sirvieron para hacerle cambiar. Se hace preciso mecanismos de control sobre ellos», explica la portavoz de Forum Feminista y vicesecretaria del PSOE gijonés.

Sin recortes

La unanimidad es total al considerar que estas personas son «depredadores sexuales. Nunca se reinsertan», apunta desde la Federación de Mujeres Progresistas Blanca Aranda. Ella también cree que «no se puede legislar sobre casos concretos» porque, como apunta desde la Tertulia Feminista Les Comadres su presidenta, Begoña Piñero, «está demostrado que donde hay cadena perpetua no hay menos violencia contra la mujer».

Defiende ella «justicia en lugar de venganza», pero deja claro «es necesario que se cumplan las condenas completas». Una idea que refuerza Jessica Castaño. La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias explica que «se está cometiendo un error al excarcelar sin control a este tipo de delincuentes».

En su opinión, en el caso del lucense «lo que tenía que haber cumplido eran los 73 años que tenía de condena. Las penas deben ser duras y que se cumplan íntegras». Y no aceptar «recortes. Antes se les hacía una rebaja en la pena si aceptaban hacer terapia. Era una tomadura de pelo, no servía para nada, salvo para que salieran antes», recuerda Mariti Pereira. «Eso no puede ser. El cumplimiento debe ser íntegro. Ojo, sin reducciones ni permisos».

Y, paralelamente al endurecimiento judicial, también el social. «La sociedad no debe ampararlos. No debe ser cómplice de ningún tipo de violencia contra las mujeres», reclama Begoña Piñero. Una complicidad que, lamenta Pereira, «todavía existe. A la mujer, sistemáticamente, no se la cree. Tiene que ir, casi, con la cabeza debajo del brazo para que crean que ha sido agredida. Todavía no tenemos credibilidad y eso no puede ser».

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