Treinta asturianos fallecen cada mes a la espera de ayuda a su dependencia

Treinta asturianos fallecen cada mes a la espera de ayuda a su dependencia
Tres mayores, dando un paseo por las calles de Oviedo. / MARIO ROJAS

El Observatorio que evalúa el cumplimiento de la ley calcula que el 1% de las personas que están en lista de espera mueren sin prestación

Chelo Tuya
CHELO TUYAGijón

«Más de cien personas dependientes fallecen cada día en España sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios a las que tienen derecho». El Observatorio de la Dependencia, el ente que evalúa semestralmente el cumplimiento de la Ley de la Dependencia, cifra en «38.000» las personas que el año pasado «murieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia». De ellos, 357 eran asturianos. «Se calcula que el 1% del limbo mensual fallece sin haber recibido ayuda», asegura el organismo, creado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Presidido por José Manuel Ramírez, aclara que «no fallecieron por no tener ayuda a la que tenían derecho, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones».

Una cifra que no disminuirá en breve plazo, ya que Asturias sigue acumulando personas sin atender. La propia consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, reconocía que el recorte de fondos desde la Administración central, «hace que no lleguemos a todos». Ahora mismo, según los últimos datos del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia, el que gestiona el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Asturias hay 3.490 personas que saben que tienen derecho a una ayuda con cargo a la Ley de la Dependencia, pero no pueden contar con ella.

«Y eso que Asturias destaca positivamente por tener una tasa de desatención muy por debajo de la media nacional, con un 13,9% frente al 24,5%», resalta el Observatorio de la Dependencia. Una mejora sobre la media que, no obstante, no significa que el Principado esté haciendo las cosas bien, «es la sexta comunidad peor clasificada en el ranking de atención a la dependencia», recuerda Ramírez.

Porque en la última evaluación que realizó el ente, el XVIII Dictamen presentado el mes pasado, la gestión que el departamento de Pilar Varela hace de la ley recibió solo 3,2 puntos sobre diez posibles. Y eso pese al aumento de un 6% de los beneficiarios, que hizo que «en 2017 Asturias registrara el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantanción de la ley, con 21.242 beneficiarios». El 6% de tasa supone 1.208 beneficiarios más.

Sin embargo, Asturias apuesta «por ayudas 'low-cost'» con 8.597 beneficiarios que cuentan con un cuidador familiar, frente a solo un caso de asistente profesional.

Malos presupuestos

Una situación que no mejorará este año, ya que los Presupuestos Generales del Estado «abandonan a 300.000 personas en lista de espera para la Ley de la Dependencia». Pese a que en su presentación, el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, aseguraba que las cuentas del Ejecutivo de Mariano Rajoy «son las más sociales de la historia», la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales los calificó como «papel mojado»

La entidad que creó el Observatorio de la Dependencia recuerda que de los cien millones anunciados para el año pasado, «se dejaron sin gastar 44». Además, considera escaso el anunciado incremento de 46 millones «teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.665 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 6.900 de la lista de espera, lo que condena al 98 % restante de la lista a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año».

Sin olvidar, apuntan los expertos, que «no está asegurado que estos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las comunidades deben acreditar cuatro de gasto en personas atendidas, lo que no pueden cumplir debido al actual modelo de financiación». Según sus cálculos, para gastar los 46 millones, las comunidades deberían aportar otros 184 millones.

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