El fiscal pide cuatro años y medio de prisión para el exgerente del Serida

También solicita la devolución de 178.916 euros, así como penas de cárcel para otros tres acusados de malversación

R. M. / M. M. C. GIJÓN.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión, la inhabilitación absoluta durante quince años y el pago de 178.916,72 euros para el exdirector gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), Koldo Osoro, por el procedimiento que desde enero de 2014 instruye contra él el Juzgado de Luarca, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Además, hay otros tres acusados. Para uno de ellos el fiscal pide cuatro años de prisión e inhabilitación durante quince años, y para los otros dos, tres años y medio de prisión y nueve años y medio de inhabilitación. Además, la Fiscalía también solicita que todos los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la consejería por un total de 49.275,71 euros.

El Ministerio Fiscal considera que Osoro y los otros tres acusados habrían realizado «la venta de la extensa ganadería de diversas especies», una parte oficialmente a nombre del Serida, y otra parte, «mucho mayor, realizada a título particular por el acusado» en beneficio propio y de terceros a través de una cooperativa privada. La calificación del fiscal apunta que «los animales de la cooperativa se habrían estabulado, alimentado y criado en las instalaciones del Serida y a costa de dinero público».

La acusación apunta que dicha cooperativa no tenía terreno físico donde estabular y criar el ganado, pero que se apoyó en una finca del Serida «para el cobro de ayudas, al declarar como pasto permanente la finca del Principado del Banco de Tierras en las solicitudes de ayudas comunitarias».

La Fiscalía contabiliza, incluso, el número de cabezas de ganado que habrían vendido los acusados, entre los que se encuentran cerdos, animales de los que, según parece, no consta ninguna enajenación de esta especie en el Serida desde 2010, pero la Fiscalía calcula en 50 los ejemplares que habrían sido vendidos por los acusados.

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