La fiscalía acusa al primer gerente de Gitpa de prevaricar

Cree que fraccionó encargos para dárselos a un bufete. Él opone que los propios abogados aconsejaron una fórmula que le dijeron era legal

R. MUÑIZ OVIEDO.

Juan R. B., el que entre 2006 y 2012 fue primer director general de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicación (Gitpa), se sentará en el banquillo de los acusados el 26 de febrero. La fiscalía solicita su inhabilitación para cargos o empleo público durante ocho años. Cree que fraccionó en cuatro contratos menores una asesoría jurídica valorada en 41.000 euros (IVA excluido). La fórmula dio el trabajo al mismo bufete, J&A Garrigues, quien ya venía actuando como asesor jurídico del consejo de administración de la sociedad. El acusado se mantiene inocente.

El procesado era un especialista en el sector de las telecomunicaciones, fichado para el cargo sin mediar concurso. La etapa en la que gestionó Gitpa coincide con la de mayor inversión, al extender la red de fibra óptica y la de repetidores de la TDT. Las sospechas que en dos empleados públicos despertaron las obras de fibra son investigadas en otro juzgado.

Aquí los contratos de la polémica permitieron ampliar las funciones de Garrigues, para que representara a la empresa en dos pleitos, y diera apoyo jurídico en el despliegue de la TDT. Son cuatro adjudicaciones y la fiscalía entiende que «existe identidad de objeto en los diversos contratos, todos ellos de asesoramiento jurídico, aunque sea distinto el objeto de las encomiendas que precisan de asesoramiento», lo que entraría dentro de la prevaricación. Según el Ministerio Público, Gitpa debía haber sacado a concurso público aquel trabajo, dando así oportunidad a otros a postularse a mejores precios. La fiscalía llega a la conclusión después de que el PP le remitiera un informe de la Sindicatura de Asturias. Los auditores chequearon los contratos del Gitpa entre 2006 y 2013 y también observaron «indicios de un fraccionamiento indebido».

La defensa reclama la libre absolución. Apela a una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 según la cual aunque estas empresas deben someter sus encargos a los principios de publicidad y concurrencia, obviarlos no supone directamente entrar en el delito. «No puede existir prevaricación al faltar el elemento esencial consistente en una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo», reivindica. El letrado entiende que hay resoluciones de las Juntas Consultivas según las cuales los cuatro encargos diferían lo suficiente como para sacarlos en distintos contratos.

La defensa recuerda que el consejo de administración contrató a Garrigues como asesor a la vez que al propio Juan R. B., por lo que no fue él quien los seleccionó. En última instancia, el acusado «es lego en materia jurídica y actuó de acuerdo con el criterio de su asesoría jurídica». Es decir, que según su versión, fue el propio bufete quien señaló que los contratos menores eran la vía legal para resolver el encargo.

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