Asturias sufre un «tremendo» aumento del maltrato de menores a padres

Menores de edad en un taller en el centro de Sograndio. / MARIO ROJAS
Menores de edad en un taller en el centro de Sograndio. / MARIO ROJAS

En lo que va de año son ya 35 casos. Esther Fernández estima «muy grave» la situación de la prostitución forzosa, que ahora se oculta en pisos

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

«Siempre habíamos pensado que en el ámbito familiar la violencia sería del padre a los hijos o su mujer, y nos hemos llevado una sorpresa». La reflexión la hace la fiscal superior del Principado de Asturias, Esther Fernández, con una estadística en la mano que le inquieta. «En 2015 tuvimos 57 casos de hijos menores de edad que maltrataban a sus padres o abuelos. El año pasado bajó un poco; hubo 47, pero es que solo en este primer semestre llevamos ya 35 casos, lo que es tremendo».

La representante del Ministerio Público advierte de que estos números solo retratan una parte del problema, la que tiene como culpables a menores de dieciocho años. «Cuando el hijo es mayor de edad se tramita como delincuencia de mayores, como violencia doméstica, y si es responsable del delito, puede ir a prisión», indica. Con los menores, en cambio, «el objetivo es la reeducación. Se hacen estudios psicosociales, tareas educativas, libertad vigilada, pero el internamiento en un centro es solo la última opción», indica.

En total, entre las agresiones cometidas por menores y mayores de edad, el pasado año la fiscalía investigó a 103 familias; de ellas, 65 lo fueron por maltrato a los padres, y el resto tenían a los abuelos por víctimas.

Los guarismos son peores en lo tocante a la violencia machista. En una entrevista con este periódico para repasar la actividad de la fiscalía, Fernández indicó que en 2016 se formularon acusaciones contra un millar de individuos. «Si las víctimas presentan denuncia y la mantienen, no tienen dificultad para obtener sentencia condenatoria», anima Fernández. La fiscal llama la atención a que tan asumida tienen los acusados su condena, que «la mayoría aceptan la sentencia por conformidad, para rebajar en un tercio la pena».

Para apoyar a las víctimas, prestarles respaldo psicológico y orientarles hacia las ayudas a las que tienen derecho, en los juzgados de Oviedo y Gijón existen oficinas de atención «que funcionan bien». La de la capital atendió en 2016 a unas 492 afectadas, por las 563 de Gijón.

Un retrato de la violencia que se produce a puerta cerrada, en los pisos de los asturianos, quedaría incompleto sin abordar la prostitución forzada. «Es un tema sangrante; el tráfico de seres humanos mueve casi tanto dinero como las drogas o las armas, es terrible. Puede que no lo veamos y ni conozcamos, pero es un tema grave», subraya Esther Fernández.

Los proxenetas cambian

En las últimas semanas se han ido sucediendo varios juicios contra prostíbulos de la región, la mayoría situados en la zona central. La fiscal superior reconoce que el abanico de delitos posibles que se pueden detectar en un club es amplio y excede la venta forzada de servicios sexuales: «Si están obligadas, es prostitución activa, pero si no, normalmente se les niega derechos laborales porque se incumplen horarios y medidas sanitarias». Cuando hay inmigrantes sin permiso de residencia «hablamos de un delito contra los ciudadanos extranjeros». Si nada de ello se prueba, «hay siempre un último recurso por el que siempre se les pilla, y es que si tienen a un número determinado de trabajadoras sin estar de alta en la Seguridad Social, eso también es un delito, que se puede demostrar documentalmente».

El trabajo de los agentes, fiscales y jueces está obligando a los proxenetas a modificar sus hábitos. «Ahora están empezando a darles de alta en la Seguridad Social, con contratos por unas pocas horas», indica Fernández. Eso, en lo tocante a la prostitución más consentida. En la otra «detectamos que ahora salen de los clubes y se recluyen en los pisos, donde tenemos más dificultad para entrar, necesitamos autorización judicial y para eso primero hay que acreditar la posibilidad del delito». Una serie de garantías más complicadas de recabar que la simple vigilancia al club de turno.

Las drogas blandas

Los estupefacientes son otro de esos tres grandes tráficos ilegales, y en la lucha contra ellas, la fiscal superior tiene un reproche a quienes, como Podemos, distinguen entre drogas duras y blandas, y promueven la legalización de las últimas. «No me gusta el nombre de blandas, porque parece que no hacen nada, y son muy dañinas. El consumo de hachís y marihuana está produciendo muchos casos de locuras y esquizofrenias». Sostiene que en la región no se ha detectado la entrada de nuevas sustancias, pero sí cambios en sus usos. «Hay un repunte de la marihuana y de la heroína, pero si antes esta se pinchaba, ahora se fuma».

Al volante resulta tan delictiva la conducción bajo los efectos de las drogas como la de fármacos psicotrópicos. El problema es que ahí los agentes carecen de un artilugio capaz de calibrar la presencia de la medicina. «Al principio solo podíamos detectar las alcoholemias, con el soplo; luego la presencia de drogas gracias al análisis de un cabello y ahora la ciencia tendrá que encontrar la forma de calibrar si esa persona tiene una sustancia que le afecta para la conducción». Fernández anota que ahora «cuando pillan a muchos conductores que parecen bebidos, lo niegan alegando que es que están medicados, y eso, que lo reconozcan, es la única forma que tenemos de probarlo».

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