La fiscalía fuerza a los magistrados a «completar» la sentencia del 'caso Renedo'

José Luis Iglesias Riopedre, entrando a los juzgados. / PABLO LORENZANA

Entre las cuestiones a aclarar está si hay delito en las obras del MUJA, si Renedo malversó al pedir anuncios y si el impago de las multas alarga la prisión

RAMÓN MUÑIZ OVIEDO.

La sentencia del 'caso Renedo', sobre una presunta trama de corrupción en el Principado, tendrá nuevos capítulos. La Audiencia Provincial dio a conocer el pasado día 1 el fallo que concretaba quiénes eran los condenados y cuáles sus penas. Después modificó parte de ese veredicto. Más tarde convocó una sesión para leer parte de los hechos probados y, un día después, entregó por fin los más de mil folios de una sentencia que, pese a todo, aún no ha dicho su última palabra.

Tras hacer algunas aclaraciones de carácter técnico, la Sección Tercera se topó con una primera reclamación de la acusación popular ejercida por la Asociación de vecinos y amigos de Llanes (Avall) solicitando que se ampliaran algunos puntos. Entre ellos está descubrir si los magistrados consideran irregulares 34 expedientes de 3,3 millones, parte de ellos vinculados a las obras del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), según apuntó su letrado, Esteban Aparicio.

Los magistrados replicaron que la aclaración de sentencia, la modalidad seguida por el abogado, no era el cauce apropiado. Siguiendo la sugerencia de la Audiencia, la fiscal adscrita al caso, Carmen Rodríguez, acaba de activar el trámite para «completar» la sentencia inicial.

Avall ya reclamó que se comprobara la legalidad de 34 expedientes que costaron 3,3 millones

El Ministerio Público reconoce que las dudas sobre el MUJA no formaban parte de su escrito de acusación, pero solicita que los magistrados se mojen al respecto «ya que de lo contrario la sentencia podría incurrir en incongruencia omisiva». Sí formaba parte de la versión de la fiscal el reproche a Marta Renedo por persuadir a una serie de empresarios para que metieran dinero en una cuenta bajo su control. Para ello la funcionaria les decía que sus jefes estaban interesados en que esas empresas asturianas se anunciaran en la web de Arco, una feria internacional de arte contemporáneo que se celebra en Madrid. La empresa que gestionaba esas publicidades en realidad no existía y el dinero habría terminado en su propio bolsillo.

La fiscalía cree que estos hechos se han declarados probados, pero luego no se los ha calificado de malversación, como era su propuesta. Por último la acusación cree que los jueces deben especificar el riesgo al que se exponen el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, su exnúmero dos María Jesús Otero, Renedo, y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez. A todos se les han impuesto multas millonarias. Rodríguez cree conveniente que el nuevo auto recuerde que, de no pagarlas, verían ampliada su pena de prisión en un máximo de un año más.

Campaña

Cabe recordar que el fallo actual impone a Riopedre seis años de cárcel, nueve y medio a su colaboradora, nueve a la funcionaria, y seis años y medio a los empresarios. Todos se sentarán este viernes en el banquillo, en una vista en la que al menos una acusación pedirá su ingreso inmediato en la penitenciaría.

Al calor de esa decisión, el observatorio anticorrupción Ocan inició una campaña de recogida de firmas por internet, que anoche había alcanzando el millar. Entre ellas figuran las de los diputados y cargos de Podemos, si bien el sistema informático no verifica la identidad aportada por los internautas ni evita la repetición de los nombres.

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