La Fiscalía pide que el 'alcolock' venga de serie y sea obligatorio para camioneros

La fiscal Adoración Peñín. /  J. D.
La fiscal Adoración Peñín. / J. D.

Adoración Peñín, la especialista de Seguridad Vial, cree que los conductores reincidentes en alcohol deberían llevar el etilómetro antiarranque

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

La tecnología permite desde hace más de una década que los vehículos lleven incorporado un etilómetro antiarranque. El dispositivo, denominado 'alcolock', obliga al conductor a soplar y solo permite trabajar al motor si no hay rastro de alcohol en el aire espirado o éste queda por debajo de lo permitido. Se trata de un utensilio generalizado en el transporte público de los países del norte y centro de Europa, pero que en España apenas tiene incidencia. ALSA acaba de llegar a un acuerdo con CC OO y UGT para incorporarlo y Autocares Cabranes lo viene instalando en su flota desde agosto. En el año 2008 el Congreso de los Diputados instó al Gobierno central a estudiar su regulación, pero la idea quedó en el papel. Aquel mismo ejercicio el fiscal especialista de Seguridad Vial para todo el país llegó a proponer que el 'autolock' fuera obligatorio para los conductores que habían dado positivo tres o más veces.

«La propuesta quedó en eso, en una propuesta; no tuvo ningún recorrido porque nadie con competencia para ello aceptó estudiar la posibilidad que ofrecía para el control de situaciones no esporádicas sino reiteradas», recuerda ahora Adoración Peñín, la fiscal especialista de ese área en Asturias. «En mi opinión, el sistema debería venir de serie en todos los vehículos, puesto que es un elemento más de seguridad, tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía publica», valora. «Es posible que en un periodo no demasiado largo lo hagan, sobre todo si en la UE se propusiera estudiarlo en serio», sugiere.

Al margen del papel que juegue Bruselas, Peñín considera que «debiera plantearse el debate sobre la necesidad de que fuera obligatorio para todos los profesionales que prestan servicio de transportes tanto de personas como de mercancías». La misma imposición la propone para «los particulares reincidentes» que hayan sido sancionados por alcoholemias «no solo judicialmente, sino también administrativamente».

La adquisición o arrendamiento el 'alcolock' sería «una parte más de la sanción», indica. Es una fórmula ya empleada en otros países europeos. «Esta obligación debiera ser extensiva a todos los profesionales del transporte que circulan por las carreteras, aunque sean extranjeros», matiza. Una regulación de este tipo, observa, «carecería de eficacia» si la hace una sola autonomía.

Peñín observa que Asturias «no tiene problemas diferentes al del resto de España» en la materia. «No somos ni más ni menos infractores que los demás», subraya. «En general los asturianos somos buenos conductores, respetuosos y solidarios, y tenemos, como el resto del país, algunos insensatos irresponsables que se juegan la vida y ponen en peligro a los demás», lamenta.

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