«Se activó el plan de incendios cuando la situación era ya casi irreversible»

Montes arrasados en Viavélez en diciembre de 2015, en plena oleada de incendios forestales en el Principado.
Montes arrasados en Viavélez en diciembre de 2015, en plena oleada de incendios forestales en el Principado. / Pablo Lorenzana

El presidente de la comisión investigadora ve responsables a Javier Fernández y dos de sus consejeros. «No existió coordinación», sostiene Pedro Leal

Laura Mayordomo
LAURA MAYORDOMOOviedo

Entre el 14 de diciembre y el 3 de enero de 2015, casi 13.000 hectáreas de monte, pastos y arboledas fueron pasto de las llamas en 58 de los 78 municipios asturianos, causando unas pérdidas que el Gobierno regional llegó a cifrar en doce millones de euros. Durante aquel aciago fin de año, en el que en una sola jornada se llegaron a registrar 158 incendios simultáneos, la actuación del Principado fue «tardía» -reaccionó «cuando la dimensión de los fuegos era imparable»- y «deficiente» en lo que a coordinación de personal se refiere. Además, «no se aprovecharon todos los medios y efectivos disponibles». Todo ello contribuyó a incrementar «las devastadoras consecuencias» de los incendios, que arrasaron 4.284 hectáreas de arbolado (el 34% del total de la superficie quemada) y 8.371 de superficie no arbolada (el 66%). Es lo que concluye el dictamen provisional de la comisión de investigación parlamentaria que inició las comparecencias a principios de este año.

El diputado de Foro Pedro Leal, el encargo de redactar dicho informe, lo trasladó el pasado jueves a los grupos con representación parlamentaria -que tendrán ocasión de valorarlo en la comisión del próximo martes- y ayer lo hizo público ante los medios de comunicación.

En él se agradece la labor de todos los profesionales del Servicio de Extinción del Principado de Asturias (SEPA) que aquellos días trabajaron a destajo para sofocar las llamas. También se dedica «un recuerdo especial» a José Antonio Rodríguez, el piloto de helicóptero de Bomberos de Asturias que falleció mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en La Roza, en Parres. Pero además se mencionan otros nombres propios. Los de los políticos y cargos públicos que, a juicio del presidente de la comisión de investigación, son los responsables últimos de lo ocurrido. Empezando por el presidente regional, Javier Fernández, por su «deficiente coordinación» de, al menos, las áreas de Presidencia y Desarrollo Rural, y siguiendo por los titulares de estas dos consejerías, Guillermo Martínez y María Jesús Álvarez, respectivamente.

«Se activó el plan de incendios cuando la situación era ya casi irreversible»«No se aprovecharon todos los medios y efectivos disponibles»

«Pasividad»

Al primero le reprocha Leal la «pasividad» ante la información de que se disponía desde el 14 de diciembre -advertencias de la Aemet por ascenso de temperaturas y vientos del sur en los prolegómenos de la considerada 'época de peligro alto' en el propio Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa)- y no haber movilizado todos los efectivos y recursos a su alcance. A la consejera de Desarrollo Rural, y a su director general de Montes, José Antonio Ferrera, les recrimina el «incumplimiento e inobservancia» del protocolo de prevención y lucha contra los incendios forestales. Pasividad, falta de coordinación e información incompleta son aspectos que también señala en el proceder del por entonces gerente del SEPA, Manuel Antonio del Corro.

El dictamen provisional se someterá ahora a valoración de los grupos, que podrán enmendarlo, incorporar adendas o suprimir algunos aspectos antes de su aprobación definitiva, que se prevé pueda producirse a principios del próximo periodo de sesiones. «Espero un consenso mayoritario aunque habrá grupos que se opondrán a él», manifestó Pedro Leal en referencia al PSOE, que ya en su día se opuso a la creación de la propia comisión de investigadora que plantearon Foro y PP. Pedir la dimisión de las personas que se apuntan como responsables políticos de lo sucedido «no es el objetivo principal de la comisión». Si el dictamen final se traslada a la Fiscalía o no, «deberá decidirlo la comisión», apuntó Leal.

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