El PP quiere reprobar a Areces y tres exconsejeros por su gestión del Gitpa

El PP de Asturias quiere reprobar a Areces y tres exconsejeros por su gestión del Gitpa
Vicente Álvarez Areces. / M. ROJAS

«Fue un descontrol y no sabemos si lo que se pagó se hizo», dice. El PSOE cree que el fracaso «ha sido de la comisión de investigación»

R. MUÑIZ OVIEDO.

En la empresa autonómica Gitpa se cometieron irregularidades y cuando dos funcionarios las detectaron, lejos de indagar, «se estableció un sistema consciente y deliberado para impedir que todas estas irregularidades salieran a la luz pública y fueran conocidas por la oposición en el parlamento y por la opinión pública». Ésta es la conclusión que el PP quiere reflejar en el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria abierta sobre el asunto. La formación presentó ayer un borrador que responsabiliza al expresidente Vicente Álvarez Areces, y a los exconsejeros Ana Rosa Migoya (Administraciones Públicas), Graciano Torre (Economía y Empleo) y Francisco Blanco (Empleo, Industria y Turismo). Igualmente reprueba la labor de ocho funcionarios, altos cargos o exdirectivos.

La propuesta llega dos años después de que se creara una comisión que no se había vuelto a reunirse desde la primavera pasada. «Podemos y el PP pensaban que esta iba a ser una comisión que diera muchos titulares, pero se ha diluido», opuso el socialista Jesús Gutiérrez. «Ha sido un fracaso», sentenció. A su juicio el dictamen llega cuando «no solo los ciudadanos ya no se acuerdan del tema, sino que hay aquí diputados que no sabían si habíamos finiquitado el órgano». A su modo de ver, las conclusiones se presentan ahora para dar poder dar paso a otras comisiones que se quieren crear, como la de que analizará la gestión de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA).

Borrador tardío

«Al nuevo-viejo PSOE no le gustan estas comisiones», afeó en Podemos la diputada Lorena Gil, quien sí reconoció que el borrador «ha tardado un poco más de lo deseado porque se había quedado en entregar en octubre». La semana que viene los grupos se reunirán para acordar cómo presentan y debaten sus alegaciones al texto inicial, con la idea de cerrar el asunto antes de Semana Santa.

El borrador incide en una idea. «A día de hoy en el Principado nadie puede saber si se hizo lo proyectado, si lo hecho y lo pagado por Gitpa coincide; es muy difícil y otra de las observaciones que hacemos es que esto es un absoluto desorden», explicó el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons. El parlamentario señaló que «no puede ser que la documentación esté sin foliar, que haya proyectos que no se firmen, eso no puede pasar en una empresa pública».

El caso se remonta a los años 2009 y 2010, momento en el que Gitpa estaba expandiendo la red de fibra óptica por toda la región, una infraestructura que los operadores de telefonía arriendan para llegar a los hogares. Una de las operaciones de mayor envergadura consistió en extender la red por el litoral occidental, en lo que se denominó troncal occidental. Gitpa licitó el encargo, sin aparentemente decantarse por ninguna solución. Una serie de correos revelados por este periódico acreditaron que en realidad tanto la dirección de la empresa como la propia consejería había estado discutiendo previamente con Feve cuál sería la tarifa que pondría para permitir echar el cable canalizado al lado de sus vías.

Esas conversaciones no quedaron fijadas en documento alguno. Formalmente fue el contratista quien, por su cuenta, había acordado con Feve pagarle un canon de uso por los primeros quince años, siendo el Principado quien debía abonar ese alquiler pasado ese tiempo. Años después la Junta General acordó la disolución de Gitpa. Tras revisar los expedientes, una jefa de servicio y un técnico de la consejería firmaron informes poniendo en duda que el Principado fuera titular de la obra que había pagado y apreciando que los proyectos encargados y las certificaciones abonadas ponían no coincidir.

Esos informes, y otro de la Sindicatura de Cuentas motivaron dos procesos judiciales abiertos. El dictamen da por buenos una serie de correos electrónicos internos de la empresa que llegaron en un sobre anónimo y pide ejercer acciones legales contra quienes aparecen en esos mensajes aparentemente amañando los contratos. También solicita una investigación empresarial y patrimonial contra Juan Rodríguez Bañuelos, primer director general de la sociedad.

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