Jueces y fiscales de Asturias irán a la huelga si no se mejoran sus condiciones y se moderniza el sistema judicial

Esther Fernández y Pilar Martínez Ceyanes leyeron el comunicado arropadas por numerosos compañeros, en la biblioteca de la Audiencia Provincial, en Oviedo. / ÁLEX PIÑA

El paro se prevé para el 22 de mayo. Denuncian una merma retributiva del 4,7% y piden «el pago digno de las guardias»

Marco Menéndez
MARCO MENÉNDEZGijón

El de ayer fue «un día histórico, la primera ocasión en que todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales planteamos las mismas reivindicaciones», dijo Juan Carlos García López, de la Asociación Profesional de la Magistratura, una de las siete entidades que convocaron una concentración en la Audiencia Provincial, en Oviedo. El colectivo prevé iniciar paros y una jornada de huelga si el Ministerio de Justicia no atiende a una lista de 25 reivindicaciones que tienen como objetivo reforzar su independencia, modernizar la Administración de Justicia y mejorar las condiciones de los profesionales.

Su lucha abarca muchos aspectos. Miguel Rodríguez Marcos, de la Asociación de Fiscales, hizo referencia a las retributivas, que calculan en una merma del 4,73% con respecto al resto de los funcionarios, así como un pago digno por las guardias que, en el peor de los casos, en un juzgado de pueblo se pueden pagar solo ocho euros. Pero también «recuperar los días de asuntos propios o los que se conceden a los hombres en los permisos de paternidad, que son solo quince, cuando el resto de los funcionarios tienen un mes».

Juan Carlos García también destacó la importancia de «un bloque de peticiones para reforzar la independencia del poder judicial, para que el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté al margen de los vaivenes políticos y dependa directamente de los jueces. Pretendemos una organización más eficiente para dar a los ciudadanos una respuesta más eficaz y útil».

En Asturias hay 160 jueces y 51 fiscales. Eugenia Prendes representa a la Unión Progresista de Fiscales y apunta que «todas las reformas que hubo estos años repercutieron en la manera en cómo desempeñamos nuestro trabajo. Los jueces también tienen la intención de recuperar esta dignidad. Pero es un problema que no está llegando a la sociedad en general». Denuncian problemas tan básicos como que las regiones que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia «van a distinta velocidad» que las que sí las tienen. Miguel Rodríguez añade que «nosotros estamos peor, pues en materia de nuevas tecnologías están más avanzadas las regiones que dependen del Ministerio de Justicia, porque tiene más medios».

Juan Carlos García, Miguel Rodríguez y Eugenia Prendes fueron los portavoces, junto a Virginia Otero (Asociación Judicial Francisco de Vitoria), Julio Martínez Zahonero (Juezas y Jueces para la Democracia) y Marta Iglesias López (Foro Judicial Independiente), de un numeroso colectivo que ayer se concentró a modo de protesta en la biblioteca de la Audiencia Provincial, en Oviedo. Incluso, varios jueces interrumpieron las vistas que tenían en ese momento para sumarse a la movilización.

Pero no será la única. También ayer presentaron una lista de movilizaciones que derivará en una huelga en el caso de que el Ministerio de Justicia no acepte esa lista de 25 reivindicaciones que dieron a conocer. El 19 ó 21 de abril -aún no se ha cerrado la fecha- habrá una concentración en Madrid, frente al ministerio. A partir del 19 de abril, todos los jueves durante un mes se realizarán paros parciales de una hora (de 12 a 13 horas). Si no hay una respuesta a las reivindicaciones, se convocará una huelga de jueces, magistrados y fiscales para el próximo 22 de mayo.

La lista de peticiones es muy concreta y común para todo el país. En Asturias, las encargadas de leerlas fueron Pilar Martínez Ceyanes, jueza decana de Oviedo, y Esther Fernández, fiscal superior del Principado de Asturias.

Para reforzar la independencia judicial, las peticiones pasan por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación, y garantice la elección de los vocales por los jueces y magistrados; que ampare a los miembros de la carrera judicial de ataques que afecten a su independencia; la retirada de las enmiendas presentadas a la reforma de la ley que coartan la función judicial y vacían competencias del CGPJ; la objetivación del sistema de nombramientos de altos cargos judiciales, y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.

300 plazas al año en el país

Para modernizar la Administración de Justicia: un plan de inversión para incrementar las plantas judicial y fiscal con 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años, modernizar los edificios, mejora del proceso de digitalización, procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes, implantación de los tribunales de instancia, creación de los órganos judiciales suficientes, evitar la precarización judicial y fiscal -eliminando las adscripciones forzosas y las figuras de sustitución y refuerzo-, la revisión del modelo de oficina judicial, compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal y dotar de medios personales y materiales a los funcionarios competentes en lucha contra la corrupción.

Para adecuar las condiciones profesionales exigen recuperar el nivel salarial perdido en 2010, el impulso de los permisos y las medidas de conciliación, la recuperación del régimen de vacaciones y permisos recortados en 2012, implantar unas cargas máximas de trabajo y garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial, así como la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.

En cuanto al Ministerio Fiscal, las reclamaciones pasan por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción hasta que haya medios suficientes, la paralización de la implantación de la justicia digital, que la Fiscalía General del Estado asuma la formación de los fiscales y el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal, así como su autonomía presupuestaria.

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