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RAMÓN MUÑÍZ
OVIEDO.
Domingo, 10 de septiembre 2017, 02:24
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Se personó por encargo del Bloque por Asturies, formación entonces en el Parlamento. Su caída en votos no menguó la dedicación de Alberto Suárez (Laviana, 1974). Siguió asistiendo a los interrogatorios y vistas hasta que, antes del juicio, un acuerdo político convirtió a Podemos en su nuevo cliente. Ahora es el primero en reclamar que los condenados vayan a prisión.
-El fallo condena a ocho implicados. ¿Están todos los que son?
-Creo que no. El Principado reduce esto a unas cuantas ovejas negras, pero ha quedado probado que había un sistema estructural que afectaba a Educación, pero también a más consejerías, altos cargos, ayuntamientos y otras instituciones.
-¿A qué se refiere?
-Todos funcionan con controles de papel, más formales que reales. Eso crea un caldo de cultivo para estas cosas. El sistema es sencillo. Para conseguir contratos los empresarios tenían que pagar mordidas a funcionarios y altos cargos. Al final, los empresarios no digo que fueran víctimas pero, si querían trabajar en este sistema, tenían que pasar por el aro.
-Si es así, ¿por qué no se llegó a más implicados?
-Por la falta de medios con la que trabaja la Justicia. En casos de corrupción lo que encuentras es que le acaba cayendo a un juez de instrucción, que a la vez debe gestionar otros delitos leves, con muy pocos funcionarios. Al final solo llegamos a la punta del iceberg. Es paradójico que para ayudar nos hayamos personado un partido pequeño y una asociación de vecinos, Avall. Los grandes partidos con todos sus asesores prefirieron quedar fuera.
-El rol de las acusaciones populares empieza a ser discutido...
-Y es un error, como demuestra este caso. Nosotros estuvimos ahí, pendientes en las declaraciones, impidiendo que se cerrara en falso, con un trabajo muy importante que hizo el abogado de Avall. Las acusaciones populares son útiles y además acercan la Justicia a la gente, les dan un cauce para participar en causas como éstas, de corrupción, donde a todos nos afecta el dinero sustraído.
-Aprecia riesgo inminente de fuga en Riopedre. ¿En qué se basa?
-En lo elevado de las condenas. Hablamos de seis a nueve años para los cinco protagonistas. Conocer esa pena provoca que ahora exista la posibilidad de que se fuguen.
-Riopedre tiene 77 años y menos de 3.000 euros cuando lo detuvieron.
-Ese fue el dinero que se averiguó, pero una persona con sus contactos puede disponer de medios que desconozcamos. En esto hay que pensar también en los escolares que no tuvieron mejores colegios y materiales por la falta de honradez con que se gestionó el dinero público.
-Mantuvo en solitario la acusación contra seis personas, y solo una ha sido condenada, a pagar 1.800 euros. ¿Por qué lo ve un éxito?
-Porque impedimos que un culpable quedara impune. Sobre los demás, creemos que había pruebas y queremos leer bien la sentencia.
-¿Puede ser justa una sentencia que tarda siete años?
-Es curioso; quien más se queja de eso son los condenados, que son los que hicieron que tardara y alargaron el proceso a base de recursos. Al final el sistema es garantista y no tiene medios para ir más rápido.
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