Inhabilitada durante siete años una funcionaria del Principado por prevaricar

La exjefa de servicio del Principado durante el juicio. /Mario Rojas
La exjefa de servicio del Principado durante el juicio. / Mario Rojas

La magistrada entiende que pagó dos contratos pese a que el trabajo no estaba hecho

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo acaba de condenar a una exjefa de servicio del Principado por un delito de prevaricación. La sentencia considera que la mujer, docente de profesión, fraccionó en dos un mismo encargo informático pese a ser «perfectamente conocedora de que ambas aplicaciones informáticas eran interdependientes y que su contratación debía tramitarse conjuntamente». La empleada pública, recoge la sentencia, «tenía especial interés en concluir la tramitación antes de fin de año para abonar los gastos a la empresa adjudicataria con cargo al presupuesto de ese ejercicio». Ese afán de aprovechar el dinero reservado en aquel curso la llevó a dividir el encargo «y otorgarles la naturaleza de contratos menores con un inviable -por brevísimo- plazo de ejecución». El contratista, una multinacional puntera en el sector de la informática, asumió el encargo con el compromiso de resolverlo en un mes, algo «imposible», según declaró en el juicio la que fue designada por la sociedad como jefa de proyecto. La consecuencia de todo ello es que cuando expiró el plazo de entrega, la compañía remitió a la funcionaria un email con un documento explicando las funcionalidades de las aplicaciones y parte del código de programación desarrollado. Con esos elementos, la entonces jefa de servicio de la Consejería de Educación autorizó que se pagara a la empresa a pesar de que «ninguna de las aplicaciones estaba operativa en el momento de prestar su conformidad a las facturas», según recoge el fallo.

Por estos hechos Raquel Mónica G. B. resulta condenada a una inhabilitación de siete años para «empleo o cargo público, con privación de cualquier empleo o cargo de jefatura de servicios o análogos, en todo el territorio nacional». Cabe matizar que la sentencia no reprocha a la funcionaria que hiciera las cosas de ese modo para sacar provecho económico propio, ni que dispensara un trato privilegiado al contratista, hechos que habrían derivado en otro tipo de delitos. La prevaricación castiga a quien fuerza el procedimiento administrativo a sabiendas de que está traspasando la legalidad. En su declaración en el juicio, la procesada alegó que nadie la había avisado de que la tramitación fuera ilegal, que los expedientes pasaron todos los controles, que entendió que era la forma más ágil de sacar adelante el trabajo, y que era docente de formación.

Funcionaria de carrera perteneciente al cuerpo de maestros (folio 903), era perfectamente conocedora de que ambas aplicaciones eran interdependientes y de que su contratación debía tramitarse conjuntamente; que tenía especial interés en concluir la tramitación antes de fin de año para abonar los gastos a la empresa adjudicataria con cargo al presupues

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