Inhabilitada durante siete años una funcionaria del Principado por prevaricar

La exjefa de servicio del Principado durante el juicio. /Mario Rojas
La exjefa de servicio del Principado durante el juicio. / Mario Rojas

R. M. OVIEDO.

No hace falta llevarse dinero a casa para caer en uno de los delitos relacionados con la corrupción. Lo demuestra la sentencia dictada ayer por el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, que condena a siete años de inhabilitación para el empleo público a Raquel Mónica G. B., exjefa de servicio en la Consejería de Educación. El fallo considera que fraccionó un encargo informático siendo «perfectamente conocedora de que ambas aplicaciones informáticas eran interdependientes y que su contratación debía tramitarse conjuntamente». La empleada «tenía especial interés en concluir la tramitación antes de fin de año para abonar los gastos a la empresa adjudicataria con cargo al presupuesto de ese ejercicio». Ese afán la llevó a dividir el encargo «y otorgarles la naturaleza de contratos menores con un inviable -por brevísimo- plazo de ejecución». El margen de entrega era de un mes. Vencido ese tiempo, tramitó el pago a la empresa a pesar de que «ninguna de las aplicaciones estaba operativa», según recoge el fallo. La sentencia no aprecia en la historia provecho económico alguno o trato de favor al contratista.

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